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28.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio del Interior entregó este jueves a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente un conjunto de archivos originales vinculados al período de la dictadura y los años previos al terrorismo de Estado en Uruguay.

La documentación, que pertenecía al Archivo Histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, comprende 23 cajas con más de 100 encuadernaciones y más de 73.000 páginas microfilmadas. Se trata de materiales correspondientes al período 1968-1985, años comprendidos dentro del universo de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Además de la entrega física a la Secretaría, se distribuyeron copias digitalizadas a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en una decisión que busca ampliar el acceso institucional a documentación clave para investigaciones judiciales, reconstrucción histórica y búsqueda de verdad.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, sostuvo que los documentos “no contienen información meramente burocrática”, sino “información sensible”. La jerarca afirmó que la entrega concreta una línea de trabajo iniciada al comienzo de la actual administración, orientada a retomar la búsqueda en archivos estatales y ordenar materiales que durante años permanecieron dispersos, incompletos o sin el procesamiento adecuado.

Valverde señaló que el objetivo es poner esa información “donde debe estar”: bajo custodia civil y al servicio de los organismos encargados de investigar el pasado reciente. También destacó el trabajo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en la identificación y organización de los materiales.

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, valoró la coordinación con Interior y subrayó que el acceso a estos archivos puede aportar nuevas herramientas a las investigaciones. Para la jerarca, el cruce de documentación resulta fundamental porque muchas de las personas que podrían aportar información directa no lo han hecho hasta ahora.

Casablanca también realizó un llamado público a quienes tengan datos vinculados a detenidos desaparecidos, centros de reclusión, traslados, enterramientos clandestinos o responsabilidades estatales. Pidió que acerquen esa información a la Secretaría, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a Familiares o al espacio que les genere mayor confianza.

La entrega tiene una dimensión institucional relevante. Durante años, los archivos de inteligencia vinculados a la dictadura fueron objeto de reclamos por parte de organizaciones de derechos humanos, investigadores, familiares y operadores judiciales. El acceso fragmentado, la falta de digitalización completa y las demoras en la sistematización de documentación fueron señalados reiteradamente como obstáculos para avanzar en causas pendientes.

El archivo de la antigua Dirección Nacional de Información e Inteligencia tiene especial importancia porque ese organismo cumplió un papel central en la vigilancia, infiltración y persecución política, social y sindical antes y durante la dictadura. Sus documentos pueden contener datos sobre seguimientos, detenciones, coordinación represiva, fichas personales, comunicaciones internas y redes de inteligencia.

El convenio entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Universidad de la República había permitido avanzar desde 2013 en el traslado de documentación de la órbita policial a la civil. Sin embargo, ese proceso se interrumpió en 2020 y fue retomado por la actual administración como parte de una política de reapertura y centralización de archivos.

La medida se inscribe en una etapa en la que el Estado uruguayo vuelve a poner el foco en la documentación como herramienta de verdad y justicia. La búsqueda de detenidos desaparecidos, el avance de causas penales y la identificación de responsabilidades requieren no solo testimonios, sino también archivos, papeles, registros, microfilms y documentos producidos por los propios organismos represivos.

El gesto de Interior no resuelve por sí solo las deudas del Estado con las víctimas y sus familias. Pero abre una nueva posibilidad de trabajo: cruzar información, revisar datos conocidos, detectar omisiones, reconstruir circuitos represivos y eventualmente aportar elementos a causas judiciales todavía abiertas.

En Uruguay, la verdad sobre el terrorismo de Estado sigue siendo una construcción incompleta. Cada archivo recuperado, cada caja ordenada y cada documento puesto a disposición de la justicia y de los familiares puede ayudar a responder preguntas que llevan décadas pendientes.

La entrega de estos materiales confirma que los archivos no son depósitos muertos del pasado. Son piezas vivas de una memoria todavía en disputa y, sobre todo, herramientas concretas para acercarse a una verdad que el Estado sigue obligado a buscar.