Justicia multa a Defensa con 5 UR diarias por ocultar información de vuelos de la dictadura
14.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress) - El ministerio deberá pagar unos 9.700 pesos diarios mientras incumpla la orden de entregar documentos sobre vuelos militares vinculados al terrorismo de Estado.
La Justicia dispuso una sanción económica diaria contra el Ministerio de Defensa Nacional por incumplir una sentencia que lo obligaba a entregar información sobre vuelos militares realizados durante la última dictadura, documentación reclamada por el periodista e investigador Roger Rodríguez.
La resolución fue adoptada por el juez Alejandro Martínez de las Heras, del Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2.º Turno, quien estableció una multa de cinco unidades reajustables por cada día de incumplimiento, equivalentes aproximadamente a 9.700 pesos.
La medida constituye un nuevo capítulo de una controversia judicial vinculada con la búsqueda de información sobre los traslados clandestinos de detenidos entre Argentina y Uruguay durante el terrorismo de Estado.
Una sentencia que continúa incumplida
En octubre, el magistrado había condenado al Ministerio de Defensa a proporcionar documentación solicitada por Rodríguez, integrante del colectivo de investigación Artículo 12. El pedido, presentado en mayo de 2026 al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, comprendía los historiales de vuelo de siete aeronaves militares uruguayas durante la dictadura, especialmente sus operaciones entre Argentina y Uruguay entre 1974 y 1978.
La información requerida incluye fechas de salida, escalas, destinos, identificación de pilotos, tripulaciones y responsables de las misiones. El ministerio argumentó entonces que no disponía de los registros solicitados y que había entregado toda la documentación encontrada.
Sin embargo, el juez consideró que la cartera no había acreditado una búsqueda suficientemente exhaustiva y razonable para sostener que esos documentos no existían. También estableció que se había configurado el denominado silencio positivo, debido a que el organismo no respondió formalmente dentro de los plazos previstos por la legislación.
La sentencia fijó un plazo de diez días corridos para proporcionar la información.
La ministra había ordenado buscar los archivos
Tras conocerse el fallo, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció que no apelaría la resolución judicial. Por el contrario, dispuso que la Fuerza Aérea y otras dependencias estatales intensificaran las gestiones para localizar los registros reclamados.
Rodríguez sostuvo que la documentación podría encontrarse no solamente en archivos militares, sino también en organismos que participaron en la tramitación de permisos de vuelo, controles aduaneros y comunicaciones diplomáticas.
Según el investigador, existen antecedentes de comunicaciones realizadas mediante télex y registros conservados en dependencias vinculadas con la representación uruguaya en Buenos Aires. La nueva sanción económica evidencia que las gestiones realizadas hasta ahora no permitieron cumplir la sentencia en los términos exigidos por la Justicia.
Los vuelos y el Plan Cóndor
La documentación reclamada puede resultar relevante para reconstruir operaciones de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Durante aquellos años, ciudadanos uruguayos fueron secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay, en el marco de las acciones represivas asociadas al Plan Cóndor.
Los registros aeronáuticos podrían contribuir a establecer fechas, itinerarios, identidades de tripulantes y eventuales responsabilidades en operaciones que todavía presentan importantes interrogantes. La investigación no supone que todos los vuelos examinados hayan transportado detenidos, sino que procura acceder a documentación oficial que permita determinar sus características y posibles vínculos con los crímenes investigados.
El Estado, obligado a responder
La decisión judicial vuelve a colocar en primer plano la responsabilidad del Estado de conservar y facilitar documentación relacionada con violaciones de los derechos humanos. A más de cuatro décadas del retorno de la democracia, la búsqueda de información sobre los desaparecidos continúa enfrentando dificultades dentro de las propias instituciones públicas.
La multa diaria introduce ahora una consecuencia económica concreta para el incumplimiento de una obligación judicial. Pero el problema de fondo trasciende la sanción: se trata del derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad uruguaya a conocer la verdad sobre las operaciones del terrorismo de Estado.
La Justicia ha establecido que Defensa debe proporcionar la información requerida. La nueva resolución busca que esa obligación deje de ser una declaración y se transforme en una respuesta efectiva.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
