Justicia obliga a Defensa a buscar los vuelos de la dictadura y Lazo ordena abrir los archivos
22.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Tras un fallo judicial, la ministra exigió a la Fuerza Aérea buscar los registros de vuelos que pudieron trasladar detenidos desde Argentina durante la dictadura.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, ordenó a la Fuerza Aérea y a otras dependencias del Estado que agoten todos los esfuerzos para localizar y entregar información sobre los vuelos militares que trasladaron prisioneros desde Argentina hacia Uruguay durante la dictadura. La decisión se produjo después de que la Justicia condenara al Ministerio de Defensa a proporcionar documentación reclamada por el periodista Roger Rodríguez.
Lazo confirmó a diario El Observador que no apelará la sentencia y que, en cambio, dispuso intensificar la búsqueda de los registros. La resolución judicial establece un plazo de diez días corridos para entregar la información solicitada.
El caso vuelve a colocar en discusión uno de los asuntos más sensibles de la investigación sobre el terrorismo de Estado: la existencia de documentación militar que permitiría reconstruir los traslados clandestinos de detenidos entre Argentina y Uruguay, particularmente durante los años de funcionamiento del Plan Cóndor.
Un fallo que cuestiona la respuesta del Estado
La sentencia fue dictada por el juez Alejandro Martínez de las Heras, del Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, después de una demanda presentada por el periodista Roger Rodríguez, integrante del colectivo de investigación Artículo 12.
En mayo de este año, Rodríguez solicitó, amparado en la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, los registros de vuelos de siete aeronaves militares uruguayas, incluyendo información sobre fechas, rutas, escalas, pilotos, tripulaciones y pasajeros.
El pedido comprendía particularmente los vuelos realizados entre Uruguay y Argentina por el Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) entre 1974 y 1978. El Ministerio de Defensa respondió que la documentación disponible ya había sido entregada al periodista en una solicitud anterior y que no había encontrado nuevos antecedentes.
Sin embargo, el magistrado entendió que la cartera no había demostrado haber realizado una búsqueda seria, exhaustiva y razonable de sus archivos. La sentencia establece que el Estado no puede justificar la falta de información alegando la inexistencia de registros que tenía la obligación de producir y conservar.
El juez también consideró que se había configurado el denominado silencio positivo, porque el ministerio no respondió mediante una resolución fundada dentro de los plazos establecidos por la legislación.
Lazo decidió no apelar
Frente al pronunciamiento judicial, la ministra Sandra Lazo resolvió no recurrir la sentencia y trasladar instrucciones a las dependencias que pudieran disponer de la documentación. La jerarca pidió que se agoten los esfuerzos para que quienes poseen información la entreguen.
La decisión alcanza a la Fuerza Aérea, pero también a otras oficinas estatales que podrían conservar registros relacionados con las operaciones aéreas de aquellos años. El pronunciamiento judicial representa un cuestionamiento a la respuesta administrativa del Ministerio de Defensa, al establecer que no alcanza con declarar que los documentos no fueron encontrados sin acreditar una investigación exhaustiva.
Los registros podrían estar en distintas dependencias
Roger Rodríguez sostiene que la búsqueda no debe limitarse a los archivos de la Fuerza Aérea. Según explicó, los vuelos del TAMU y de Pluna hacia Argentina requerían permisos de sobrevuelo, comunicaciones oficiales y registros aduaneros.
Parte de esos trámites se realizaba mediante télex y a través de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. El periodista señaló que en archivos de la representación diplomática se encontraron copias de solicitudes realizadas por la Fuerza Aérea Uruguaya, con identificación de fechas, aeronaves y pilotos responsables.
Esos antecedentes permitirían reconstruir movimientos aéreos que no aparecen en la documentación entregada hasta ahora por el Ministerio de Defensa. La eventual recuperación de estos registros podría aportar elementos para identificar vuelos utilizados en traslados clandestinos de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina.
Los vuelos del Plan Cóndor
Durante las dictaduras del Cono Sur, los organismos represivos de Uruguay y Argentina coordinaron operaciones de inteligencia, secuestro y traslado ilegal de opositores políticos. En ese contexto se produjeron vuelos clandestinos que trasladaron detenidos desde territorio argentino hacia Uruguay, donde algunos fueron sometidos a nuevas detenciones, torturas y procedimientos represivos.
La investigación judicial y periodística sobre esos traslados continúa siendo fundamental para establecer responsabilidades y reconstruir el destino de personas desaparecidas. Los registros de las aeronaves, sus tripulaciones y pasajeros pueden constituir pruebas relevantes para esclarecer operaciones que permanecieron ocultas durante décadas.
El deber de conservar la memoria documental
El colectivo Artículo 12, integrado por Roger Rodríguez, Macarena Gelman, Marcelo Falca y Gabriel Mazzarovich, desarrolla investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura mediante solicitudes de acceso a la información pública.
La sentencia obtenida por Rodríguez introduce un elemento significativo: la obligación del Estado de responder por la documentación que debió producir y preservar, incluso cuando actualmente sostiene que no logra localizarla.
La decisión de Sandra Lazo de no apelar y ordenar una búsqueda más profunda constituye una respuesta política al fallo. Sin embargo, el resultado dependerá de la colaboración efectiva de las dependencias militares y civiles que puedan conservar los antecedentes.
Después de más de cuatro décadas de democracia, la pregunta continúa siendo la misma: ¿dónde están los documentos que permitirían reconstruir los vuelos clandestinos y quiénes pueden contribuir a encontrarlos?
La resolución judicial vuelve a recordar que el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura no depende únicamente de la memoria de sus víctimas, sino también de la responsabilidad del Estado de conservar, buscar y entregar sus propios archivos.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
