Marindia se moviliza contra un proyecto inmobiliario que amenaza uno de sus últimos pulmones verdes
01.11.2026
CANELONES (Uypress)- Una empresa pretende construir 101 viviendas en un predio de 24 hectáreas. Los vecinos denuncian riesgos ambientales y reclaman convertir el terreno en un parque costero.
Un proyecto inmobiliario que prevé la construcción de un complejo residencial de 101 lotes en Marindia, departamento de Canelones, provocó una creciente movilización vecinal ante el riesgo de perder uno de los últimos grandes espacios naturales de la zona.
La iniciativa, promovida por Malayka Resort S.A., comprende el fraccionamiento del padrón 3.286, un terreno de aproximadamente 24,2 hectáreas ubicado entre la Ruta Interbalnearia y la costa del Río de la Plata.
El emprendimiento se encuentra actualmente en proceso de evaluación ambiental. El Ministerio de Ambiente abrió una instancia de participación pública que permanecerá vigente hasta el 13 de noviembre, durante la cual los interesados pueden presentar observaciones antes de que las autoridades adopten una resolución.
Un ecosistema que los vecinos quieren preservar
El Grupo de Vecinxs en Protección del Parque de los Pájaros, Barrancos y Dunas de Marindia sostiene que el predio constituye uno de los últimos grandes pulmones verdes del balneario. Según la organización, el terreno alberga más de cien especies de aves y contiene ecosistemas de especial importancia, entre ellos matorral psamófilo, dunas, barrancos y áreas de monte.
Los vecinos advierten que el fraccionamiento podría alterar el funcionamiento natural de esos ambientes, afectar la biodiversidad y acelerar procesos de erosión costera. También cuestionan la impermeabilización del suelo, la apertura de calles y la expansión de la urbanización hacia sectores ambientalmente sensibles.
La empresa propone ceder parte del terreno
El proyecto contempla la creación de 11 manzanas con 101 lotes residenciales, además de calles, servicios de agua potable, energía eléctrica, drenajes y accesos públicos a la costa. Como contrapartida, la empresa propone transferir al dominio público el 52,7% de la superficie total.
Esa cesión comprendería una franja costera de 150 metros, un sector de barrancos y un área destinada a recuperar y conservar vegetación nativa. Los promotores sostienen que el predio presenta una importante presencia de especies vegetales exóticas invasoras y que el proyecto permitiría desarrollar acciones de recuperación ambiental.
También afirman haber realizado consultas locales en las que, según su documentación, no surgieron objeciones significativas.
Los vecinos cuestionan las consultas y la legalidad
La organización vecinal rechaza esa interpretación y asegura que el proyecto nunca fue presentado adecuadamente a la comunidad. Además, denuncia posibles incumplimientos de la normativa de ordenamiento territorial y de protección costera, particularmente respecto al tamaño mínimo de algunos lotes.
El colectivo sostiene que tampoco se habrían considerado suficientemente las advertencias de especialistas de la Universidad de la República sobre los riesgos de intervenir en la zona de barrancos y dunas. Estas objeciones forman parte de los planteamientos ciudadanos y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
La propuesta: crear un parque costero público
La movilización no se limita a solicitar modificaciones al emprendimiento. Los vecinos reclaman que el Estado expropie el terreno y lo incorpore al sistema de espacios verdes previsto para la Costa de Oro.
Su propuesta consiste en crear el Parque de los Barrancos, articulado con el Parque de los Pájaros y otros espacios comunitarios, mediante un modelo de gestión que combine conservación ambiental, educación y participación vecinal.
La iniciativa también busca preservar el acceso público a la costa y evitar que la expansión inmobiliaria termine fragmentando ecosistemas de difícil recuperación.
El conflicto vuelve a plantear una discusión cada vez más frecuente en la costa uruguaya: hasta dónde puede avanzar la urbanización sobre espacios naturales y qué responsabilidad tienen las autoridades en la protección del patrimonio ambiental colectivo.
La decisión del Ministerio de Ambiente será determinante para el futuro del predio y para una comunidad que reclama participar en las decisiones sobre su territorio.
Foto: Facebook del balneario
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
