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05.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress / Daniel Feldman) – Autodefinido como cristiano de izquierda, exseminarista, licenciado en Filosofía y candidato a magister en Ciencia Política, es desde setiembre de 2016 el director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. El pasado reciente, la agenda de derechos, la inmigración, los derechos humanos y la gestión por resultados, fueron algunos de los temas que tratamos con Nelson Villarreal.

Hijo de un católico comunista, exseminarista y "estudiante tardío" de la Licenciatura en Filosofía, de la cual se graduó, Nelson Villarreal Durán fue designado por el presidente Vázquez para ocupar la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, a partir del alejamiento del Dr. Javier Miranda para ocupar la presidencia del Frente Amplio.

Militante de la Izquierda Democrática Independiente (IDI) en sus épocas de estudiante, tuvo su pasaje por la Vertiente Artiguista, y hoy se define como frenteamplista independiente, que mantiene muy buenos vínculos con los diferentes sectores del partido de gobierno.

Se reconoce parte de la Generación '83 -a la que llegó desde su posición en la Parroquia y no como estudiante universitario-, e integra diversas redes sociales y políticas, que considera tienen que ver con el compromiso de luchar por una sociedad diferente.

Docente en la Universidad de la República (Facultad de Derecho) y en la Universidad Católica del Uruguay, tiene 54 años, está casado en segundas nupcias y con su esposa "tienen una familia ensamblada", con cinco hijos en total, tres de él, de su matrimonio anterior, y dos de ella, también de su matrimonio anterior.

Conversamos largo y tendido sobre su concepción de los derechos humanos y la impronta que pretende dejar en la Secretaría a su cargo. A continuación la charla.

¿Cómo se produjo tu nombramiento para la Secretaría de Derechos Humanos?

Fui convocado por el Presidente de la República luego que Javier Miranda -que ocupaba el cargo- fuera electo para la presidencia del Frente Amplio. Pero a quien debo que se indicara mi nombre es a Mario Cayota, que se lo sugirió a Vázquez.

Cayota, que ahora volvió al Vaticano como embajador.

Exactamente.

¿Cuál es tu origen político?

Originalmente provengo de la Vertiente Artiguista. Me reconozco como una persona de la izquierda cristiana, en forma transversal, por lo que tengo muy buen diálogo con las diferentes corrientes de la izquierda. No estoy sectorizado, pero tengo esa impronta que me identifica, que es el resultado, no solamente de lo que viene como tradición de la teología de la liberación, sino también de las distintas alianzas del cristianismo con el marxismo, el anarquismo, etc. Soy hijo de un católico comunista, y eso también me marcó.

¿Cómo es eso del católico comunista?

Jaja, una amiga siempre se refiere a las dos iglesias. Mi padre fue el segundo de Luis Iguini en el ámbito sindical público. En la década de 1960 había estado vinculado al Partido Socialista y luego al Partido Comunista; era evangélico y luego se hizo católico. ¿Qué implicaba eso? De alguna manera una visión de la sociedad que debería trastocar la calidad de palabra última del capitalismo. No por el desarrollo en sí del capitalismo, sino por sus consecuencias de acumulación desigual. En mi casa, cuando éramos pequeños, era común ver los materiales de la Unión Soviética y los de la Iglesia Católica. Nosotros vivíamos en el Cerrito de la Victoria. Cuando el golpe de Estado mi padre estuvo preso unos meses, en el Cuartel Blandengues y luego en el Cilindro. Cuando salió, tanto la militancia clandestina como la parroquia eran caminos habituales. Había una visión común. Mi padre me decía que la visión de una sociedad mejor trascendía a un momento histórico de la sociedad. Juan Flo, docente de Humanidades, cuando cayó el socialismo real, me decía que yo tenía en mi bagaje no solo los 70 años [del comunismo] sino también los 2.000 años [del cristianismo]. Como visión genérica me influyó lo que se dio en llamar -en la década de 1970 en Italia- cattocomunismo. Pero, como dice Leonardo Boff, la estructura de la Iglesia Católica y la estructura del Partido Comunista tenían en común lo mejor y lo peor. Rescato la utopía, pero soy un crítico de la institucionalidad, de la forma en que se desarrollaron la Iglesia Católica y el Partido Comunista. Por eso nunca pertenecí... al Partido.

Sin embargo, fuiste aspirante a cura.

No solo aspirante... casi, casi. Estuve cinco años en el seminario. En dictadura, y reivindico ese espacio de libertad que generaba la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Juventud Comunista se reunía en la Parroquia Tierra Santa. Partelli, como arzobispo, tenía una actitud muy firme. A mí, siendo seminarista, me decían "el capellán del Partido Comunista".

¿Por?

Yo estaba de seminarista en la parroquia San Cayetano, en la calle Comercio. Apareció una mujer llorando - Mary Maggi- diciendo que había desaparecido su esposo, Gustavo Balestra, que era del Partido Comunista. Junto con su primo, el exdiputado Daniel Lamas, que era abogado, había sido comunista y después se pasó a la CBI, nos movimos. Me puse en contacto con el jesuita Pérez Aguirre, con el cura Osorio -eran los orígenes del SERPAJ- y lo encontramos en Boiso Lanza. En ese barrio donde estaba la parroquia encontrabas un montón de familias que tenían presos políticos, y Partelli nos decía que había que apoyar y acompañar porque se estaba violando la dignidad de las personas. Eso me marcó de manera importante. Recordemos también que en Conventuales fue que surgió ASCEEP. Y el papel de la Pastoral Juvenil, volcada fuertemente a lo que llamaba práctica social. El MCU de Parroquia Universitaria. En el seminario tuve de docentes a Walter Cancela, Danilo Astori, Martín Ponce de León. Estuvo también la gran movilización estudiantil de 1983, que a mí me vinculó como generación desde la parroquia y no desde la Facultad. Recién voy a entrar a Facultad en 1987.

Estudiaste Filosofía.

Sí, ingresé en 1987 a Humanidades. Soy un licenciado tardío. Y ahí me vinculé con la IDI [Izquierda Democrática Independiente], porque tuve una discrepancia con la Democracia Cristiana. Me propusieron ser candidato a consejero, y terminé 1988 como uno de los consejeros de la FEUU, junto con dos compañeros de la Juventud Comunista.

Tú te referías a discrepancias que en su momento tuviste con la Democracia Cristiana. Sin embargo hay quienes te ubican en ese sector, e incluso afirman que tu nombramiento se debe a indicación de Álvaro Vázquez, hijo del Presidente y dirigente del PDC.

Sin duda que Álvaro -con quien tengo amistad- tuvo que ver, pero fue Mario Cayota quien propuso mi nombre, en la medida que soy reconocido como un cristiano de izquierda. Y tengo muy buen vínculo con la Democracia Cristiana, no cabe la menor duda. Así como tengo muy buen vínculo con los demás sectores, porque creo además que la izquierda cristiana está presente en todos ellos.

¿Te sentiste respaldado -por los sectores políticos- en esta responsabilidad que asumiste?

Al comienzo era una incógnita para todos. Hoy me siento legitimado por los sectores porque me lo han hecho saber. Me han dicho que les parece muy pertinente lo que estoy haciendo; para ejemplificar, lo han expresado Marcos Carámbula, Mónica Xavier, "Pacha" Sánchez, Mariano Arana, obviamente la Democracia Cristiana y la Vertiente. Ehrlich, que está coordinando el programa del FA me ha planteado lo importante de la visión integral de derechos que estamos llevando adelante, como algo que debería impactar en el programa.

Tomando esa visión integral a la que hacés referencia, ¿de qué tiene que ocuparse la Secretaría de Derechos Humanos? A veces, cuando se habla del tema, se piensa solo en el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos en dictadura, las cuentas pendientes que tiene el Estado, pero el tema va más allá, ¿no?

Uno de los mandatos que me dio el Presidente cuando asumí fue darle identidad y posicionamiento a la Secretaría. Cerrando el 2017 y haciendo la Memoria, tengo la devolución que logré ese objetivo, que debo profundizar en 2018 y 2019.

¿Qué era lo primero?

No quedar reducida, como Secretaría de Derechos Humanos, a esta indiferenciación que hay de los derechos humanos vinculados solo al pasado reciente. Por ello, lo primero que hice fue establecer que el concepto de derechos humanos supone no solo la violación de ellos en el pasado reciente, en la dictadura -para lo cual hay una Secretaría específica- sino también visualizar el pasado lejano. Hoy tenemos violaciones a los derechos humanos que existen como resultado de una desigualdad histórica. Las personas afrodescendientes, la desigualdad territorial, de género, etc. Entonces, se trata de ver cómo enfocar lo que entendemos como violaciones a los derechos humanos del presente vinculadas al pasado reciente, respecto a que la impunidad puede existir en el no reconocimiento de la necesidad de verdad y justicia y de las institucionalidades que tienen que ver con el poder del Estado y su impacto en la vulnerabilidad de esa institucionalidad, en sus roles de ejercicio del poder y la autoridad. Pero, a la vez, las desigualdades sociales que hoy tenemos -y que en gran medida hemos ido superando en esta última década- todavía hacen persistir inequidades estructurales que deben ser asumidas.

¿Por ejemplo?

Cómo hoy reconocemos la inclusión de aquellos que están siendo discriminados, y acá vienen todas las nuevas agendas, con las desigualdades que se han producido históricamente fruto de procesos que están atados a dos siglos de historia.

¿Se ha avanzado en eso?

En esa perspectiva hemos ido logrando situar el rol de Secretaría sobre lo que el Plan Estratégico que Javier Miranda [anterior director] había planteado, respecto a la transversalización de los derechos humanos en la política pública, poniendo énfasis en cinco ejes que creo permiten crear esta visión de integralidad.

¿Cuáles son esos ejes?

En primer lugar, visualizar los derechos humanos en torno a la democracia, y a partir de ello,  vincularlos al desarrollo, la cultura, la educación y el involucramiento. Por lo tanto, ¿qué es lo propio de la Secretaría de Derechos Humanos? Cómo se acrecientan los derechos humanos en la política pública en relación a la sociedad. El rol propio de la Secretaría es lograr impulsar y monitorear las distintas políticas para que sea vea cómo se acrecientan.

Es un rol diferente al de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que también forma parte de la institucionalidad.

Sí. El rol de la INDDHH es denunciar cuando se violan los derechos humanos. Nosotros no tenemos una función de denuncia sino de acrecentamiento. Por otro lado, en esta visión de integralidad, no debemos quedar atrapados en el tema de violación de los derechos humanos solo en lo que refiere al pasado reciente, sino también hay que ver el pasado lejano.

El Grupo de Trabajo sobre el pasado reciente es independiente de la Secretaría de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, que creó el Presidente de la República, es el que tiene la autoridad política sobre la Secretaría del Pasado Reciente. La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia está bajo la autoridad de lo que se denomina un Consejo Ejecutivo de Derechos Humanos integrado por cuatro ministerios: Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Interior y Educación y Cultura.

¿Se articula entre esos cuatro ministerios, o cada uno está en su chacra?

Se puede decir que parte de la "dificultad" que enfrento es esta adjudicación del tema derechos humanos en distintos lugares del Estado. Lo que estoy tratando de ordenar son los roles de cada uno. Hay un rol de rectoría integral de derechos humanos que nos corresponde a nosotros; hay un rol de especificidad de violaciones en el pasado reciente que tiene una Secretaría; existe también en Relaciones Exteriores una Dirección de derechos humanos y derecho humanitario, que tiene que ver con cómo se informa al exterior lo que sucede en el país. Por otro lado, el Ministerio de Educación y Cultura mantiene una Dirección de Educación y Derechos Humanos que es específica y va a tener que ver con el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos junto a todo el sistema de educación pública. El MIDES tiene la diversidad de agendas. En ese árbol del Estado -que abarca más cosas de las nombradas precedentemente- lo que busqué fue darle identidad a la Secretaría sobre la visión integral de los derechos humanos basada en el concepto de la dignidad de la persona, procurando que las estrategias públicas se concentren en esta visión. Estamos dando un curso con la Oficina de Servicio Civil, destinado a los funcionarios públicos, con la idea que esta visión sea incorporada a la gestión. La idea es que los organismos públicos y sus funcionarios incluyan en la planificación, gestión y ejecución la visión de derechos humanos. Por ejemplo, que se entienda que cuando un funcionario público está atendiendo a una persona, está ejerciendo derechos humanos. No solo está garantizado el derecho de acceso a la educación, la salud, etc., sino también la forma en que estos se ejercen.

Es un programa muy ambicioso. ¿No se corre el riesgo de, por intentar abarcar mucho, apretar poco? ¿Cuánta gente trabaja en la Secretaría?

Diez personas. Muchos me preguntan cómo podemos hacer tanta cosa con tan poca gente. Estoy pidiendo algunos pases en comisión. Tenemos dos abogadas, una licenciada en relaciones internacionales, un sociólogo, un experto en educación popular y derechos humanos, una veterinaria especialista en ambiente y derechos humanos, dos licenciados en comunicación y una en trabajo social. La idea es que este año entre una licenciada en desarrollo y otro sociólogo.

¿Cómo bajás a tierra esas intenciones?

Formando funcionarios públicos en esta visión integral, que se ate no solo a lo conceptual sino también a la gestión por resultados. Que quien genera el Presupuesto pueda analizar cómo se transversaliza con la gestión de derechos humanos. El que lleva adelante innovación, cómo eso se da la mano con los derechos humanos, y así con las diversas áreas. Que los funcionarios se formen en esa concepción y la cosa no quede solo en el discurso. Por otro lado, el hilo conductor del año apunta a generar espacios de diálogo que enfoquen temáticamente algunos de estos aspectos y desemboquen en lo que hicimos en 2017, que tomando en cuenta el Día de la Democracia (15 de setiembre) vincule los derechos humanos con la democracia y el desarrollo.

Ahí, ¿cuál es el rol de la Secretaría?

Proveer de insumos de visión que ayuden a darle coherencia a la gestión de las políticas públicas con el enfoque de derechos humanos.

¿Qué problemas o dificultades visualizan?

Hoy, por ejemplo, es qué continuidad tienen las nuevas agendas que se han instalado; qué continuidad tiene un programa de gobierno que busca incorporar a los servicios públicos a toda la población; el desafío de la incorporación de los inmigrantes; alternativas que fortalezcan la sustentabilidad de esas políticas. Haber instalado la idea de que los derechos humanos son condición necesaria pero no suficiente si no hay democracia, y que la democracia es condición necesaria pero no suficiente si no hay desarrollo, nos parece fundamental para darle coherencia a la gestión de las políticas públicas. Esta, a veces puede ser muy concreta en sus resultados específicos, pero cuando pierde visión integral y general, se dispersa y fragmenta.

El Frente Amplio va a cumplir quince años en el gobierno al final del segundo mandato de Vázquez.¿Se ha avanzado en esa integralidad a la que hacés referencia? ¿Hubo un cambio respecto a la situación anterior a 2005?

Creo que si miramos, como tú pedís, integralmente, podemos ver déficits y logros y avances. Estuvimos en Ginebra dando cuenta de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Para el mundo, Uruguay ha logrado en la última década recuperar capacidad, no solamente de incluir en un sistema de salud; en dar garantías de acceso laboral; dar condiciones institucionales de fortalecimiento de la relación derechos humanos, democracia y desarrollo. Si miramos este período se ha logrado una consolidación de los DESC...

Pero...

Pero, dentro de ese espectro podemos decir que hay sectores que aún son vulnerables y no acceden a ser parte de ese logro al que mayoritariamente se ha accedido. Tenemos todavía un 10% de la población con problemas de acceso a vivienda digna; una desigualdad salarial importante en sectores populares; problemas de resolución ante cómo se acompaña la salud mental; los privados de libertad; los adolescentes en conflicto con la ley; etc. Esos son déficits que deben ser atendidos desde una perspectiva -retomando a Kenneth Galbraith y su planteo de "Cultura de la satisfacción"- de que los logros que genere una clase media mayoritaria debe atender también a sectores que aún no logran satisfacer esas necesidades, y no porque las políticas no busquen ser inclusivas, sino porque -es mi opinión- el mercado ha logrado generar riqueza pero no la distribución necesaria.

¿Y en relación a la violación de los derechos humanos en el pasado reciente?

Podemos entender que todavía hay déficit de verdad y justicia. Y si lo miro en referencia al pasado lejano, no cabe duda de que el 8% de discriminación afirmativa para que los afrodescendientes ingresen a los ámbitos públicos no supone necesariamente que este colectivo esté en mejores condiciones que lo que podría estar históricamente. Por otro lado, seguimos teniendo pobreza en la infancia. Esto nos habla de los objetivos que debemos privilegiar hacia adelante.

Retomemos el tema de la violación de derechos humanos en la dictadura. Muchas veces se cuestiona desde sectores de la sociedad no solamente el papel de la Justicia, que va por su carril, sino también que el Ejecutivo en algunos casos ha actuado como un obstáculo para la solución.

Yo quiero ser muy prudente, porque en la medida que reivindico que tengo un determinado rol, acepto y respeto el rol que tienen otros. Creo que son el Grupo de Trabajo y Justicia y la Secretaría del Pasado Reciente los que deben responder a esa pregunta. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en un sentido integral, creo que se están haciendo muchas cosas, pero hay carencias en la comunicación. Las dificultades de comunicación que se han producido generan ambivalencias. Las insatisfacciones que legítimamente tienen respecto a esto familiares, deben ser respetadas y respondidas con la mejor comunicación posible. Por otro lado, lo hablábamos, está la impunidad que implica que las instituciones del Estado que debería develar información logren darla como se pretende por parte del Estado y del Gobierno. Eso a veces se transforma en círculos viciosos, porque ¿cómo se ejerce la autoridad para que se brinde la información, cuando en realidad  parece haber ciertos pactos de silencio? Sin embargo, a pesar de esto, se ha ido avanzando. Más lentamente de lo que se espera, sí, pero esto debería ser comunicado. Cuáles son los avances, las acumulaciones de información. Uno podría decir que muchas de las reacciones que se producen son porque se están tocando puntos neurálgicos. Pero insisto, quienes deben expedirse sobre esto son la Secretaría de Pasado Reciente y el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, que tienen una globalidad de información que no pasa por mi Secretaría. Sí tenemos en común el tema de educación en derechos humanos y memoria. Debemos implementar rápidamente esto, para que las nuevas generaciones puedan comprender el impacto negativo que tiene la no resolución del pasado reciente y el compromiso con la garantía de lo republicano y democrático.

Te referiste previamente al fenómeno de la inmigración. Estamos recibiendo alrededor de 15.000 inmigrantes por año, un fenómeno al que el país estaba desacostumbrado.  No se da en las magnitudes de la primera mitad del siglo XX, pero se percibe, especialmente en el Área Metropolitana. Desde la perspectiva del uruguayo y su disponibilidad a recibir a esos extranjeros, ¿estamos preparados? ¿Hay discriminación? ¿Se los mira raro? ¿Nos olvidamos que si rascamos solo un poquito, casi todos somos hijos de inmigrantes?

Me parece que hay factores contradictorios que debemos abordar. Lo primero es que en el imaginario de integración de la uruguayez se ha perdido la perspectiva que mayoritariamente somos descendientes de inmigrantes. Sin perder de vista que algunos han sido traídos como esclavos, tal el caso de los afrodescendientes. O los descendientes de indígenas; hoy no tenemos comunidades indígenas, pero sí personas de ascendencia indígena. Esto es importante reivindicarlo, porque esta mirada de recrear el imaginario de integración étnica y sociocultural del país, supone la apertura al diferente como una oportunidad y no como un problema. Como fue la primera mitad del siglo XX. Es decir, ver que ese otro inmigrante que llegaba, que también sufrió rechazos - el gallego, armenio, judío, ruso- se incorporó y generó colectividades que supusieron riquezas en muchos planos para la sociedad uruguaya y esa uruguayez. La uruguayez hay que mirarla más allá de su homogeneidad. Los inmigrantes que ahora llegan, en su mayoría latinoamericanos -venezolanos, cubanos, dominicanos, salvadoreños, peruanos- producen esa contradicción que estamos viendo en casi todas partes del mundo, y acá también remito al concepto de los "satisfechos" de Galbraith a que hacía referencia. En el sentido de que tenemos una sociedad que está establecida y encuentra satisfacciones, y ve con miedo el ingreso de diferentes. No solo por lo étnico - cultural o lo religioso, sino por ejemplo, si le va a traer problemas en el tema laboral. Creo que acá hay un rol fundamental de los medios de comunicación y de la política pública, en cómo se muestra esto. Cómo recreamos el imaginario de integración social desde la perspectiva de que nuestra homogeneidad -de la uruguayez- es el resultado de la diversidad étnico - cultural de los inmigrantes y hoy tiene que abrirse. No solo a los que vienen, sino también a aquellos que adentro quedaron subsumidos en ese concepto de integración social, como es el caso de los afrodescendientes o las poblaciones de origen indígena. Acá hay un debate de subjetividades. Cómo las subjetividades pueden abrirse a recibir al otro. Los datos muestran que en lo laboral no constituyen un problema sino una riqueza. También lo son en lo cultural y en la convivencia. Además, debemos tener en claro una cosa: la Constitución de nuestro país basa la idea de los derechos en sus habitantes, no en sus ciudadanos. Todo habitante -a partir del momento que tiene su cédula de identidad- tiene derecho de acceso a la salud, la educación, etc. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso a los derechos básicos. Después tendrán que buscar trabajo, conseguir garantía para alquilar, etc., como todos. Nuestra preocupación como Secretaría de los Derechos Humanos es cómo trabajamos ese imaginario de inclusión, abierto, solidario y tolerante respecto a los inmigrantes.

¿Se acercan las organizaciones de la sociedad civil a la Secretaría?

Desde que asumí he tratado que diversos colectivos se acercaran, con agenda abierta. Han pasado por acá diversos grupos: de la diversidad, feministas, No a la baja, iglesias, generación 83, Facultades, grupos que trabajan con los DESC. La idea es construir instancias que no sean paralelas a las que ya existen de diálogo entre el Estado y la sociedad civil. No es necesario generar lo que ya existe, pero sí fortalecerlas -a eso apuntamos- incorporando algo que parece muy genérico pero que es fundamental: salirse de la 'sectorialidad 'y la particularidad.

El año pasado cerró con diciembre como Mes de los Derechos Humanos

Fue lanzado el Día de la Democracia, 15 de setiembre, sobre la base de instalar la idea de no restringirlo solo al 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Pretendíamos instalar un mes de reflexión, que se transformó en preparar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los días 10 de diciembre se venía realizando una "Mesa para la Paz", recordando lo de Nuremberg [se trata de una mesa sin cabeceras, una instancia de encuentros, diálogos, intercambios, espectáculos comunitarios, y una gran mesa de alimentos compartidos, inspirada en una celebración similar que se realiza en la ciudad alemana de Nuremberg. N.de la R.]. A lo plural, la convivencia, quisimos poder agregarle ir al territorio. Realizamos cinco mesas para la paz, en Minas, Durazno, Paysandú, La Paz y Tres Ombúes en Montevideo. Comenzamos con un taller sobre derechos humanos en el territorio, para poner en diálogo a los actores de la política pública, la sociedad civil y las organizaciones sociales y vieran en qué medida, por ejemplo con un semáforo, se cumplen o no los derechos. A eso se agregó una feria de derechos humanos, para que diversas organizaciones pudieran exponer lo que hacían, y el encuentro específico de mesa para la paz. Eso permitió relacionar a diversas organizaciones. El mismo 10 de diciembre, en el Solís, con la obra Otelo, se logró que participaran 800 personas de diferentes orígenes y extracciones. Se realizó la mesa Democracia y Desarrollo con la participación de Enrique Iglesias, dos ministros y el director de la OPP y concluimos el año, el 27 de diciembre, con un conversatorio sobre Religiones, derechos humanos, democracia y política pública. Todas estas cosas, de alguna manera, están señalando la agenda de trabajo de 2018.