UY Press - Agencia uruguaya de noticias

18.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, se refirió –entre otros temas- a los pagos de jubilaciones constatados a militares prófugos de la Justicia.

En declaraciones a La mañana de la diaria realizadas la semana pasada, Percibillae dio cuenta que desde que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se creó hubo un aumento en las causas sobre crímenes de la dictadura que tuvieron resolución judicial. Actualmente, según informó, manejan "101 causas con procesamientos y con condena", de las cuales "15 fueron anteriores a la creación de la fiscalía y las otras restantes, que son 86, fueron todas a partir de su creación". Por otro lado, indicó que hay "diez pedidos de procesamientos que están pendientes y 15 causas por prófugos" que se están monitoreando.

En lo que refiere al cobro de jubilaciones por parte de militares prófugos, la Fiscalía denunció penalmente que el exintegrante de la Fuerza Aérea Roberto Freddy Amorín Maciel, así como otros dos exmilitares prófugos en el exterior, Tabaré Camacho y Jorge Grau, continuó cobrando su pasividad luego de que el consulado uruguayo en Miami le entregase una fe de vida, documento que precisaba para acceder a dicho cobro.

Como consecuencia de esto, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió una reunión al presidente de la República, Yamandú Orsi.

"Aquí lo que vimos es que no solo no hay cooperación, como corresponde, sino que hay omisiones, y omisiones muy graves", dijo Perciballe a la diaria.

El fiscal consideró que "no puede ser" que, aunque exista una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores advirtiendo que están prófugos, "una cónsul entregue un certificado de vida y acá no ha pasado nada". Dijo que la fiscalía especializada y el Ministerio de Defensa Nacional manejan "lógicas distintas", en el sentido de que una es política y la otra jurídica, pero recalcó que como funcionario tiene la "obligación de poner en conocimiento estas irregularidades groseras".

Para Perciballe tampoco "es lógico" que se continúen pagando las pensiones cuando hubo oficios del Poder Judicial "en los que se le comunicaba, en forma expresa, que estaban prófugos". En función de que "el principio general para pagar un beneficio es que la persona viva en Uruguay", el representante del organismo previsional debe corroborarlo y, si no está, "está incumpliendo con su obligación de vivir en Uruguay y se puede perfectamente suspender".

"No se hizo eso. Se hizo caso omiso con el oficio del Poder Judicial y se fue negligente en no constatar, y se pagó. ¿Eso es una medida proactiva para la persecución, o es una medida obstructiva u omisiva claramente? ¿No estamos frente a un delito, no hay un eventual desacato, no hay un encubrimiento de la situación de estas personas, no hay un fraude?", se preguntó.

Imagen: adhocFOTOS/Santiago Mazzarovich