UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - El Comisionado Parlamentario Penitenciario cuestionó las inercias burocráticas y la falta de articulación institucional, señalando que la verdadera reforma en la materia exige aceptar los límites públicos y tercerizar o integrar una red de contención social y comunitaria.

La profunda crisis del sistema de salud mental en Uruguay y, de manera muy crítica, las graves carencias estructurales de atención psiquiátrica en el ámbito de la privación de libertad volvieron a quedar bajo la lupa. En una entrevista de amplio alcance, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, reflexionó sobre los obstáculos políticos y conceptuales que frenan una transformación real y largamente demorada en el país.
Para Petit, el principal cuello de botella no radica únicamente en la escasez de recursos presupuestales, sino en una rigidez cultural y administrativa enquistada en el aparato estatal. El jerarca sostuvo que asumir una reforma eficaz en salud mental exige un ejercicio de profunda autocrítica institucional donde el Estado debe aprender a "negarse a sí mismo" y admitir de manera honesta sus limitaciones operativas bajo la premisa de que "no puede hacer todo por sí solo".

Descentralización, comunidad y la deuda carcelaria

Durante su análisis, el Comisionado advirtió que la centralización de los servicios y la persistencia de enfoques manicomiales o meramente asistencialistas impiden dar una respuesta adecuada a la epidemia silenciosa de patologías psiquiátricas y consumos problemáticos que atraviesan los sectores más vulnerables de la sociedad, con un impacto devastador dentro de las cárceles uruguayas.
En esa línea, Petit abogó por articular un modelo descentralizado que integre activamente a las organizaciones sociales, los gobiernos locales y redes comunitarias de salud, permitiendo superar la inercia burocrática y garantizar una verdadera inserción y seguimiento de los pacientes. Las declaraciones reabren el debate sobre la urgencia de redefinir las prioridades de la política pública en salud mental, un flanco histórico donde el Estado uruguayo continúa acumulando deudas humanitarias imperdonables. 

Imagen: AdHoc Fotos