ECOLOGISTAS EN CRISPACIÓN PORQUE FLEXIBILIZA LAS LICENCIAS PARA EXPLOTACIONES PRODUCTIVAS
Se aprueba en Brasil una polémica ley ambiental
17.07.2025
SAN PABLO (ANSA) – La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto que crea la Ley General de Licencias Ambientales, conocida por los ambientalistas como "Ley de Devastación", un paquete de medidas que flexibiliza las licencias para explotaciones productivas.
El texto -que está en trámite hace dos décadas en el Congreso- fue aprobado por 267 votos a favor, 116 en contra y ahora solo necesita la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que puede vetarla o bloquear partes de la propuesta.
La nueva ley cambia por completo el proceso de obtención de licencias ambientales en Brasil.
Según sus defensores, como el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el objetivo es desburocratizar y acelerar obras consideradas estratégicas, señaló el portal G1.
Otras entidades, como el Observatorio del Clima y el propio ministerio de Medio Ambiente, alertan sobre los riesgos para la seguridad ambiental, el aumento de la impunidad y la desprotección de las comunidades tradicionales.
El texto fue aprobado con amplio apoyo de la bancada ruralista y de partidos como el Partido Liberal (PL), el Partido Progresista (PP), Republicanos, Unión Brasil y el PSD (Social Democrático).
Representantes del Partido de los Trabajadores (PT, de Lula), el PSOL (Socialismo), el PCdoB (Comunistas), el PV y Red (Verdes) votaron en contra. El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimarães (PT), instruyó a la bancada a votar en contra. Aun así, algunos miembros dieron su aprobación o discreparon.
Los partidos progresistas intentaron detener la votación, calificando la propuesta como el "mayor retroceso de la historia del licenciamiento ambiental" y advirtiendo sobre su inconstitucionalidad. "¿Vamos a votar esto en el último suspiro, con votación virtual y el pleno vacío? ¡Qué vergüenza!", declaró Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Laborista (PDL).
La nueva legislación introduce cambios profundos en siete ejes principales: Creación de una Licencia Ambiental Especial (LAE): autoriza proyectos clasificados como "estratégicos" por el gobierno, incluso si presentan un alto potencial de degradación. La aprobación se acelerará: el plazo máximo de emisión es de 12 meses, con una validez de cinco a diez años.
Además, el texto elimina la necesidad de licencias para la ampliación de carreteras, actividades agrícolas, tratamiento de agua y aguas residuales, y pequeñas represas de riego. Solo los vertederos sanitarios siguen requiriendo permisos ambientales.
Y, por otra parte, permite renovar automáticamente las licencias ambientales mediante autodeclaración, siempre que no haya cambio de actividad o normas. Asimismo, plantea la llamada "autodeclaración nacionalizada", por la que el emprendedor puede declarar en Internet que cumple con los requisitos, sin necesidad de análisis previo por parte de las agencias ambientales.
El modelo, ya utilizado en algunos estados, se aplicará ahora a nivel nacional, incluso para las medianas empresas con potencial contaminante.
El proyecto despoja a ciertas agencias federales de sus facultades, transfiriendo la responsabilidad de otorgar licencias a los estados y municipios. También deroga partes de la Ley de la Mata Atlántica, lo que facilita la deforestación de bosques primarios y secundarios.
Se la critica porque adolece de protección para las comunidades tradicionales. Las tierras indígenas que no fueron reconocidos oficialmente ya no se consideran áreas protegidas a efectos de licencias. De acuerdo con el Instituto Socioambiental (ISA), este cambio afecta aproximadamente a 18 millones de hectáreas.
También genera riesgo para los sitios arqueológicos, advierte G1. La Sociedad Brasileña de Arqueología advierte que esto podría causar pérdidas irreversibles.
Las expectativas ahora giran en torno a la decisión del Palacio de Planalto: si veta o aprueba la propuesta.
Imagen: ANSA/EPA
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