UY Press - Agencia uruguaya de noticias

08.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La creación de la Universidad Nacional de Educación volvió a instalarse como uno de los debates centrales de la agenda educativa uruguaya, con un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y una discusión que involucra al gobierno, la oposición, los sindicatos docentes, la academia y las actuales estructuras de formación docente.

La iniciativa propone transformar la actual formación en educación en una universidad pública, autónoma y cogobernada, especializada en la formación de maestros, profesores, educadores sociales, maestros técnicos y otros profesionales de la educación.

El proyecto ingresó al Parlamento el 5 de enero y se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Por tratarse de la creación de un nuevo ente autónomo, requiere mayorías especiales: dos tercios del total de componentes de cada cámara. Ese dato político es decisivo. El Frente Amplio, aun con mayoría parlamentaria, necesita acuerdos con sectores de la oposición para que la ley sea aprobada.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, ha ubicado la Universidad de la Educación como una de las prioridades de su gestión. Para el gobierno, el país tiene una deuda histórica con la formación docente: otorgarle rango universitario pleno, autonomía institucional, posibilidad de desarrollar investigación y extensión, y títulos de grado y posgrado reconocidos dentro del sistema universitario.

Mahía sostiene que la iniciativa debe leerse como un “proyecto país” y no como una reforma sectorial. Su argumento central es que la calidad de los aprendizajes depende, en buena medida, de la calidad de la formación de quienes enseñan. En esa línea, el Ministerio plantea que no alcanza con mantener una estructura terciaria no universitaria, sino que es necesario dar un salto institucional.

El proyecto prevé que la nueva universidad integre el Sistema Nacional de Educación Pública y el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Tendría un Consejo Directivo Central, un rectorado y una Asamblea Nacional integrada por docentes, estudiantes y egresados electos por sus pares. La propuesta retoma así una tradición universitaria uruguaya basada en autonomía y cogobierno.

Uno de los puntos más fuertes del planteo oficial es la descentralización. La futura Universidad Nacional de Educación no partiría de cero, sino de la actual red del Consejo de Formación en Educación, que cuenta con institutos y centros en todos los departamentos del país. Para el gobierno, esa infraestructura permitiría ofrecer formación universitaria docente sin concentrarla en Montevideo y sin obligar al desarraigo de estudiantes del interior.

Desde la ANEP y el CFE, las autoridades han defendido la idea de que la nueva institución permitiría jerarquizar la profesión docente, fortalecer la investigación educativa y desarrollar posgrados propios. También se plantea que el país ya cuenta con una base territorial, académica y profesional que puede convertirse en universidad si recibe el marco legal adecuado.

El argumento territorial es especialmente sensible. Los Institutos de Formación Docente y los Centros Regionales de Profesores ya cumplen una función educativa clave fuera de Montevideo. Convertir esa red en universidad permitiría que estudiantes de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Paysandú, Salto, Rocha, Maldonado, Colonia o San José puedan obtener títulos universitarios vinculados a la docencia en sus propios territorios.

Los colectivos docentes, en términos generales, han reclamado durante años la creación de una universidad de educación. La Asamblea Técnico Docente del CFE, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación y otros movimientos vinculados a la formación pública universitaria defienden la necesidad de autonomía y cogobierno reales, y han solicitado ser recibidos por la comisión parlamentaria para presentar sus posiciones.

El apoyo docente, sin embargo, no es un cheque en blanco. Para esos colectivos, la universidad debe tener conducción académica fuerte, participación efectiva de los órdenes, carrera docente universitaria, presupuesto suficiente y garantías para que la investigación y la extensión no queden solo en el texto legal. La preocupación es que se cree una universidad nominal, pero sin condiciones materiales ni institucionales para funcionar como tal.

La academia también ha mostrado posiciones diversas. Una parte sostiene que la formación docente necesita un espacio universitario propio, porque la pedagogía, la didáctica y las prácticas de enseñanza constituyen un campo específico de conocimiento. Desde esa mirada, Uruguay no puede seguir formando docentes en un sistema que no tenga estatus universitario pleno.

Otra parte de la academia advierte sobre el riesgo de separar la formación docente del conjunto de las disciplinas académicas que se desarrollan en la Universidad de la República. Investigadoras como Adriana Marrero han planteado en debates anteriores que el problema no se resuelve simplemente transformando al CFE en universidad, si esa nueva institución no logra articular formación pedagógica con producción sólida de conocimiento disciplinar.

Esa es una de las tensiones de fondo: si Uruguay necesita una universidad específica de educación o si debería integrar de otra forma la formación docente al sistema universitario ya existente, particularmente a la Udelar. El gobierno responde que la UNED no debería competir con Udelar ni con UTEC, sino completar el sistema público universitario con una función especializada.

El proyecto también llega en un momento de discusión sobre la situación concreta de la formación docente. El CFE inició 2026 con más de 27.000 estudiantes, según datos difundidos en medios especializados, y la ANEP lanzó un programa de apoyo al egreso para docentes que ya trabajan en educación media pero aún no terminaron su carrera. Esa realidad muestra la magnitud del sistema, pero también sus problemas: rezago, necesidad de titulación, falta de docentes en algunas áreas y tensiones entre estudio y trabajo.

La oposición no rechaza necesariamente la idea de una universidad de la educación, pero sí ha planteado reparos sobre el diseño institucional, la gobernanza, el financiamiento y la continuidad de políticas educativas anteriores. El senador colorado Robert Silva ha cuestionado al gobierno por lo que considera retrocesos y falta de un proyecto integral claro, aunque el propio Mahía ha señalado que existen antecedentes de propuestas coloradas con puntos en común.

En el Partido Nacional, algunas voces han expresado preocupación por la influencia de determinados modelos universitarios y por la forma de gobierno de las instituciones autónomas. El debate no se agota en la formación docente: también toca una discusión más amplia sobre autonomía, cogobierno, control democrático, eficiencia institucional y relación entre política pública y comunidades académicas.

El antecedente histórico pesa. En 2013, Diputados aprobó un proyecto de Universidad de la Educación, pero en 2014 la iniciativa fracasó en el Senado por no alcanzar las mayorías especiales necesarias. Desde entonces, la creación de una universidad para la formación docente quedó como una promesa recurrente y una deuda del sistema educativo.

El nuevo intento parte con una diferencia: el gobierno busca instalar desde el inicio la necesidad de acuerdo político. Mahía ha insistido en que la discusión puede ser extensa y que el texto debe trabajarse con amplitud. En los hechos, no hay camino puramente oficialista para aprobar la ley. La UNED solo puede nacer si logra un pacto parlamentario.

El debate público también deberá resolver una pregunta presupuestal. Crear una universidad no es solo cambiar el nombre de una institución. Implica definir estructura académica, estatuto docente, investigación, extensión, posgrados, carrera funcional, sistemas de evaluación, gestión administrativa, infraestructura, becas y articulación con otras universidades públicas.

La discusión, entonces, tiene dos niveles. El primero es conceptual: si Uruguay debe reconocer la formación docente como formación universitaria plena. Allí parece existir un consenso amplio. El segundo es institucional: qué tipo de universidad se crea, con qué gobierno, qué presupuesto, qué vínculo con ANEP, Udelar y UTEC, y qué garantías de calidad académica se establecen. Allí están las diferencias.

Para sus defensores, la Universidad Nacional de Educación puede ser una herramienta histórica para jerarquizar la docencia, descentralizar oportunidades y producir conocimiento propio sobre enseñanza. Para sus críticos o cautelosos, el riesgo es crear una estructura nueva sin resolver los problemas de fondo: titulación, investigación, carrera docente, calidad de la formación y articulación con las disciplinas.

El Parlamento tiene ahora la responsabilidad de ordenar esas visiones. La discusión no será breve ni meramente técnica. Involucra el futuro de la profesión docente, la arquitectura de la educación superior pública y la posibilidad de construir una política educativa con respaldo más allá de un período de gobierno.

La Universidad de la Educación vuelve así a una instancia decisiva. Después de dos décadas de reclamos, proyectos y frustraciones, el país enfrenta nuevamente la misma pregunta: si la formación de quienes educan debe tener una universidad propia y, sobre todo, si el sistema político está dispuesto a acordar las condiciones para hacerla viable.