CULTURA / PATRIMONIO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Uruguay fortalece la protección de bienes culturales frente al tráfico ilícito
30.05.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay avanzó en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, un delito que afecta el patrimonio, la memoria y la identidad de los países.
Entre el 11 y el 15 de mayo se desarrolló en Montevideo una instancia de capacitación e intercambio técnico orientada a mejorar la respuesta nacional frente a la circulación ilegal de objetos patrimoniales, obras de arte, piezas arqueológicas, documentos históricos y otros bienes de valor cultural.
La actividad fue organizada por la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el programa europeo EL PACCTO 2.0.
El encuentro reunió a representantes de distintos organismos vinculados a la protección, preservación, control e investigación del patrimonio cultural. Participaron delegados del Ministerio del Interior, a través de Interpol Uruguay; del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Dirección Nacional de Aduanas; de la Fiscalía General de la Nación; del Ministerio de Relaciones Exteriores; de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación; de la Dirección Nacional de Cultura; así como autoridades y técnicos del MEC y de AUCI.
La iniciativa se desarrolló en el marco del trabajo impulsado por el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, presidido por el Ministerio de Educación y Cultura. Ese ámbito busca coordinar acciones interinstitucionales para proteger los bienes culturales del país, promover su circulación lícita y fortalecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Durante las jornadas participaron especialistas internacionales de EL PACCTO 2.0, quienes brindaron asistencia técnica y compartieron experiencias, herramientas y buenas prácticas en investigación, prevención y actuación ante casos de tráfico ilícito de bienes culturales.
El trabajo incluyó mesas de intercambio técnico, espacios de diálogo y análisis de procedimientos. El objetivo fue identificar desafíos comunes y construir líneas de acción coordinadas entre las instituciones competentes.
Como resultado, se avanzó en la elaboración de un documento de recomendaciones sobre incautaciones de bienes culturales vinculados al tráfico ilícito. El texto busca consolidar procedimientos más eficientes para optimizar la identificación, protección, recuperación y eventual restitución de bienes culturales.
El tráfico ilícito de bienes culturales es una problemática global. Incluye robos, apropiación indebida, excavaciones clandestinas, exportaciones irregulares, falsificación documental, ventas ilegales y circulación internacional de piezas patrimoniales sin autorización de los Estados de origen.
En América Latina, el fenómeno afecta especialmente a bienes arqueológicos, piezas coloniales, objetos religiosos, arte, archivos históricos y elementos vinculados a comunidades originarias. Muchas veces esos bienes terminan en mercados internacionales, colecciones privadas, remates o circuitos comerciales de difícil rastreo.
La Convención de UNESCO de 1970 estableció un marco internacional para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales. Ese instrumento reconoce que el tráfico ilegal empobrece el patrimonio de los países de origen y que la cooperación internacional es uno de los medios más eficaces para combatirlo.
Uruguay cuenta desde 2017 con un Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Entre sus cometidos figuran promover la identificación de bienes culturales, sensibilizar a actores vinculados a su circulación, colaborar en la elaboración de listas de bienes en riesgo, proponer capacitaciones, sugerir mejoras normativas y actuar como nexo ante casos de tráfico ilícito.
La integración del comité refleja la naturaleza compleja del problema. No alcanza con una mirada cultural: también intervienen aduanas, policía, fiscalía, cancillería, museos, patrimonio, cooperación internacional y gobiernos departamentales. La protección efectiva requiere coordinación entre quienes conservan, investigan, controlan fronteras, persiguen delitos y tramitan pedidos de restitución.
La capacitación realizada en Montevideo apunta precisamente a cerrar esas brechas. Cuando un bien cultural aparece en una frontera, una subasta, un depósito o una investigación judicial, las instituciones deben saber cómo identificarlo, preservar la evidencia, evitar daños, coordinar peritajes, comunicar alertas y activar mecanismos de restitución.
El desafío no es menor. Muchos bienes culturales pueden parecer objetos decorativos o comerciales, pero su valor histórico, arqueológico, documental o simbólico los convierte en piezas irreemplazables. Una vez que salen del país o ingresan a circuitos clandestinos, recuperarlos puede llevar años y depender de cooperación internacional compleja.
La iniciativa también muestra un cambio de enfoque: el patrimonio no se protege únicamente declarando monumentos o conservando edificios. También se defiende en puertos, aeropuertos, aduanas, fiscalías, juzgados, museos, archivos y espacios de intercambio internacional.
Para Uruguay, fortalecer esta política implica cuidar su propio patrimonio y también actuar responsablemente frente a bienes procedentes de otros países. En un mundo donde las redes ilícitas aprovechan vacíos normativos, falta de información y debilidad institucional, la cooperación resulta indispensable.
La instancia organizada por el MEC, AUCI y EL PACCTO 2.0 no cierra el proceso, pero deja una base de trabajo concreta: instituciones sentadas en la misma mesa, procedimientos en revisión y un documento de recomendaciones para mejorar la actuación ante incautaciones.
La protección de bienes culturales no es un asunto menor ni reservado a especialistas. Cada pieza robada, vendida ilegalmente o sacada de su contexto representa una pérdida de memoria colectiva. Por eso, combatir el tráfico ilícito es también defender el derecho de los pueblos a conservar, conocer y transmitir su historia.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
