UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.01.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El próximo 1 de marzo, cuando Tabaré Vázquez le coloque la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, centenares de funcionarios de confianza abandonarán sus cargos, pero Miguel Ángel Toma, retornará al puesto que mantiene en reserva dentro del organigrama estatal: Fiscal de Gobierno.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

El actual secretario de la Presidencia volverá a ejercer como fiscal de Gobierno de segundo turno, según confirmó él mismo a El Observador: retornará al cargo una vez que finalice esta administración y permanecerá en el mismo hasta el 6 de agosto de 2022, día en que cumplirá 70 años y deberá jubilarse.

El otro fiscal de Gobierno es Daniel Borrelli, que también tiene su cargo en reserva porque se desempeña como vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Borrelli dijo al medio citado que seguirá en la Jutep hasta jubilarse por lo que la Fiscalía de primer turno continuará teniendo a Miriam Areosa al frente.

¿Qué papel cumplen estas fiscalías de Gobierno?

Su función suele pasar desapercibido para la mayoría de la población, aunque sus intervenciones (que no son vinculantes) terminan siendo claves a la hora de zanjar asuntos en los que existe controversia. Los jerarcas suelen utilizar sus dictámenes para defender los actos administrativos que son cuestionados.

El caso paradigmático: Condonar la deuda de "Paco" Casal con la DGI 

Ocurrió en 2013, cuando Toma y Borrelli eran fiscales y José Mujica era el presidente, fecha en la que el Poder Ejecutivo condonó la deuda que mantenía el contratista Francisco "Paco" Casal con la Dirección General Impositiva, pese a la negativa del vicepresidente Danilo Astori, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el titular de la DGI, Pablo Ferreri.

Basándose en un informe de la Fiscalía de Gobierno de segundo turno que iba en dirección contraria a la opinión del MEF y dos fallos de la Justicia Civil, Mujica absolvió a Casal de pagar US$ 10 millones.

Otro caso: Compra del avión presidencial "multipropósito"

Las fiscalías también tuvieron un rol clave en este gobierno a la hora de determinar la compra del avión presidencial, señalado como multipropósito por el Ejecutivo de Vázquez.

El Tribunal de Cuentas observó en reiteradas ocasiones el procedimiento, pero el Ejecutivo pidió la opinión de la fiscalía, que entendió que no había reparos en la compra. El organismo terminó dando el visto bueno y utilizó el dictamen de la fiscalía como uno de los fundamentos, luego de un cambio en su integración que resultó decisivo.

¿Desde cuando y cómo están reguladas?

El decreto que regula el trabajo de las fiscalías de Gobierno fue sancionado en 1979, durante la última dictadura militar. Allí se las define como "un cuerpo técnico-administrativo jerarquizado" dentro del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica. Su tarea es asesorar a la administración central y a las oficinas con rango ministerial en materia jurídica, y actúan de oficio en temas de marcas y patentes y en asuntos de personería jurídica de oficinas estatales. Según Borrelli, este trabajo permite a los organismos actuar de manera segura. Sus jerarcas cobran un sueldo líquido que es algo superior a los $100 mil. 

Actualmente dependen jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura, aunque funcionan en la órbita de Presidencia. Los fiscales son designados directamente por el presidente de la República, no requieren venia y su cargo es presupuestado.

Miguel Ángel Toma: Verdadero jefe de Gabinete de Vázquez

El secretario de la Presidencia es el responsable de todos los asuntos jurídicos del gobierno, redacta las resoluciones y decretos presidenciales y muchas veces resuelve asuntos con los ministros, lo que en los hechos lo ha transformado en un jefe de gabinete. Ha sido el encargado de la estrategia en los juicios internacionales y se jacta de haber salido ganancioso en todos.

Elige la reserva y busca pasar desapercibido, aunque en el final del período ha aumentado su visibilidad, principalmente tras el caso Gavazzo. Toma fue quien se reunió con el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y acordaron pasar las actas en las que el represor admitía que había arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro a la Justicia. Pero mientras preparaban la información, la noticia fue dada a conocer por El Observador, lo que provocó que Vázquez descabezara las cúpulas de Defensa y el Ejército. El secretario de la Presidencia fue el único que fue mantenido en su cargo y resultó sobreseído tras declarar ante el fiscal Rodrigo Morosoli, quien consideró que no había estado omiso en denunciar las revelaciones de Gavazzo.  

La fiscalía de Gobierno tiene mayor protagonismo desde mayo de 2019

El cargo al que vuelve Miguel Ángel Toma ha aumentado sus capacidades de control, en este último gobierno, a través de una serie de decisiones administrativas.

El 6 de mayo de 2019, actuando en Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez emitió un decreto que le otorga mayor protagonismo a las fiscalías de Gobierno ya que dispone que se deberá recabar "preceptivamente" su opinión en todo "recurso jerárquico interpuesto contra resoluciones dictadas por órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo". Esto supuso un cambio ya que antes solo actuaban si el Ejecutivo consideraba "indispensable" su "asesoramiento técnico".

Los fiscales de Gobierno disponen de un plazo de 20 días, prorrogable a diez más, para expedirse.

Tres años antes, en 2016, también actuando en Consejo de Ministros, Vázquez emitió otro decreto que estableció que los fiscales de Gobierno debían "ser oídos" preceptivamente en todos los recursos de "anulación" que fueran dictados contra los servicios descentralizados.