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La delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho

Daniel Mesa

28.03.2020

UNA INEDITA REBAJA DE SALARIOS

Ayer el Presidente de la República comunicó en conferencia de prensa la determinación de instaurar la solidaridad obligatoria mediante un descuento de sueldos públicos y jubilaciones por los menos por dos meses, con el detalle que hoy explicará la Sra Ministro de Economía y Finanzas.

En esa oportunidad comparó la situación de los trabajadores del sector privado enviados a seguro de paro o despedidos con la de los funcionarios públicos como justificación de la medida de rebaja temporal de salarios y jubilaciones.

Previamente había convocado a su despacho a los dirigentes de COFE para ponerlos en conocimiento de la resolución ya tomada por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado el PIT CNT estaba estudiando alternativas para materializar la solidaridad de los trabajadores con los compatriotas más perjudicados por la situación de cuarentena, tanto los despedidos y enviados a seguro de paro como los que no cuentan con ese beneficio, ya sea por ser cuentapropistas o trabajar en negro.

LA FORMA

El Uruguay, antes del coronavirus, estaba en una situación crítica, con los precios de sus productos de exportación en baja, con un importante déficit fiscal, con resultados pocos satisfactorios en la educación, en la seguridad pública, en la salud y en la eficiencia del Estado.

La situación ya requería recurrir a los mejores recursos humanos disponibles, trabajar todos juntos, todos los partidos, empresarios y trabajadores, los uruguayos todos para superarla.

Ahora la situación es peor aún y todos debemos ayudar a superarla, por eso el gobierno debe extremar las posibilidades de diálogo urgente, escuchar todas las opiniones y propuestas que existan, plantear las suyas, atender a las críticas y negociar las acciones de solución de los problemas, procurando que el costo de las mismas no supere sus beneficios, y sobre todo que no afecte la vigencia de la Democracia, basada en un estado de derecho.

No corresponde en ese marco tomar decisiones que afectan a cientos de miles de trabajadores sin pasarlas, en forma urgente, por la negociación colectiva.

En la conferencia de prensa se dijo que la resolución de rebaja temporal de los salarios y las jubilaciones públicas se establecería en una ley.

No puede hacerse en una ley común, los salarios públicos de acuerdo a la constitución de la república se establecen en leyes presupuestales, ya sea la ley de presupuesto o las modificaciones presupuestales en ocasión de las rendiciones de cuentas anuales.

La Constitución también establece que todo lo referente a pasividades no puede tratarse en leyes presupuestales, por lo tanto la resolución que ya tomó el Poder Ejecutivo debe pasar por el Parlamento a través de dos proyecto de ley diferentes, la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 y una ley específica para las jubilaciones.

EL FONDO

De las explicaciones del Presidente de la República se infiere que los funcionarios públicos deben sufrir la situación como los privados por una razón presumiblemente de equidad, para contribuir a cubrir los 400 millones de dólares de gasto adicional de los programas de ayuda a la población más vulnerable que ya están en marcha.

También se infiere que dada la emergencia el Poder Ejecutivo no negocia, y así todo se justifica, acordar una ley de aplazamiento de las elecciones departamentales, que viola la constitución o resolver unilateralmente una rebaja de salarios y jubilaciones.

Desde el punto de vista de la economía se ha producido una importante disminución del nivel de actividad, incide a la baja del PIB y de la recaudación fiscal, aumenta las urgencias presupuestales y deja atrás toda política de rebaja del déficit fiscal. No parece sensato profundizar con una rebaja general de salarios y jubilaciones la caída de la demanda interna, uno de los  motores hábiles para mantener el mayor nivel de actividad económica posible. Se debería recurrir a fuentes de financiamiento que no comprometan aún más el funcionamiento de la economía.

QUE HACER

El Uruguay no dispone de 2 billones de dólares como Estados Unidos, ni siquiera de 600 millones de euros como Francia, pero puede recurrir, como aparentemente ya lo está haciendo, a créditos blandos de los organismos internacionales, tanto para este apoyo a la población más vulnerable como  para las inversiones que se requerirán para poner en marcha nuevamente la economía cuando la pandemia termine.

Por otra parte el inefable ajuste fiscal, tantas veces negado, cuando se produzca debería recaer en los sectores de mayores ingresos y patrimonios del país.

Es así que hoy, por ejemplo un gerente de un banco privado, con retribuciones de cientos de miles de pesos, muy superiores a los mayores sueldos de jerarcas del gobierno y legisladores no contribuirá con nada al fondo coronavirus, ni con sus ingresos ni con su patrimonio.

El gobierno debe negociar con los trabajadores, respetar la ley de negociación colectiva de los trabajadores públicos, buscar las mejores soluciones para que todos practiquemos la solidaridad voluntaria que los tiempos requieren y que el pueblo uruguayo nunca ha negado, y dejar de lado esta propuesta inconveniente desde todo punto de vista.



Daniel Mesa
Contador Público
Ex subdirector de OPP
Ex director de la unidad de presupuesto nacional del MEF

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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