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Manini, los allanamientos ¿y después qué?

Fernando Gil Dìaz

03.08.2020

Se juntaron con un propósito y lo consiguieron, en esa tarea no escatimaron recursos y los socios de semejante emprendimiento fueron aceptados con la única condición de sumar votos para sacar al Frente Amplio del gobierno.

No digo del poder porque ese lo siguieron ostentando desde siempre, ahí contaban con otros aliados que hoy hacen parte de la claque que los aplaude y hace ruido cuando les conviene así como silencio cuando ídem. Pero en esa sumatoria de voluntades hicieron peligrosas alianzas que hoy son una piedra en el zapato de una coalición que estrena calzado y empieza a sentir la incomodidad del mismo. Y no parece haber horma que lo arregle a estar por la insistencia del protagonista de turno que una semana sí y otra también se las ingenia para estar en los titulares presionando al gobierno con sus consignas.

En medio de tanto ruido se las ingenió Larrañaga para meter la cuña de los allanamientos nocturnos y así comer algún segundo de prensa en una medida que está llamada a morir en el intento una vez más. Lo peligroso son los Manini boy's, un partido militar que presiona al Presidente y su corte a sabiendas que tienen la llave de una coalición que hace agua antes de llegar a cumplir sus primeros seis meses, por más que se esfuercen en decir lo contrario.

La pregunta surge sola, ¿y después qué?


Disparen contra el Fiscal
La intempestiva renuncia de Talvi a toda actividad política los dejó en posición incómoda, aunque rápidamente hayan movido como para sepultar al prematuro outsider de la política uruguaya que no sobrevivió a la incubadora. Su salida dejó sin ala centro moderada a una coalición que se muestra más volcada a la derecha y que ha perdido a su referente mejor valorado por la ciudadanía. 


En medio de ese temporal generado con la partida del principal socio de la coalición -al menos de quien se había adueñado del Partido Colorado en buena ley- todo indica que el lugar cedido con anterioridad por el ahora renunciante fue tomado sin prejuicios por el estratega máximo de la coalición multicolor, el verdadero artífice de esta arquitectura electoral que llevó a otro Lacalle al sillón presidencial. El mismo que ahora invita al regreso de otro renunciante como Bordaberry, como si al grupo le faltaran contrapesos para hacerlo más de derecha todavía.


El escenario no podía ser menos alentador para los progresistas uruguayos -la otra mitad, nada menos- pero tampoco es cuestión de dejar de reconocer que cuanto más se incline el gobierno hacia la derecha, más cohesión dará a una oposición que -sin esfuerzos propios- empieza a capitalizar lentamente la inclinación ideológica de quienes nos gobiernan.


Porque no es otra cosa que ideológica la brecha que nos separa y así lo reconoce el primer mandatario, a veces de forma explícita y otras de forma velada en sus decisiones. Todas en el sentido de negar el valor del salario como elemento dinamizador del mercado interno y dejando a este liberado a su antojo como si por sí mismo fuera capaz de hacer lo que nunca hizo antes en beneficio de los que mueven verdaderamente la economía interna del país: los trabajadores. 


En esa disyuntiva estamos inmersos con el agravante de una pandemia que deja aún más en evidencia que las autoridades no imprimen todo el esfuerzo que podrían para minimizar sus efectos, esperando -quizás- que el mercado mueva sus fichas en su lugar. Algo que no hace o por lo menos no en el sentido que más beneficie a la porción mayoritaria de la sociedad. Negarse a aplicar recetas que el país ya probó parece de una necedad suprema si no fuera por esa porción que le cabe al poder de turno y que hace que sus decisiones estén influenciadas indefectiblemente por esa forma de pensar que lo encasilla y condiciona.
Pero a la ideología se le suman también otras cuestiones, que no están lejos de una forma de pensamiento sino todo lo contrario, y que llevan a condicionar su participación en procura de intereses políticos de dudosa constitucionalidad. Porque cuestionar a la Justicia como lo hace Cabildo Abierto es una peligrosa forma de poner en riesgo la institucionalidad. La misma institucionalidad que los colocó en el Parlamento para un ejercicio legítimo y democrático que se contradice con el fin de sus permanentes reclamos.


Cuestionar los fallos judiciales es desconocer el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes. Cuestionar la actuación de la justicia uruguaya y la figura del Fiscal de Corte, no hace otra cosa que menoscabar la calidad de nuestra democracia e insinúa un peligroso camino que no queremos ni podemos permitir volver a transitar.


La reinstauración de la Ley de Caducidad es otro intento que los pone en aprietos aunque ya han salido voces discordantes exponiendo que no forma parte del acuerdo político fundacional. Pero, a pesar de ello, Manini sabe que tiene la llave de una coalición que se muestra endeble y que no resistirá muchos tironeos. 
¿Qué vendrá después? ¿Instalaremos la judicialización de la política? La región nos ha dado ejemplos de lo que ocurre cuando se transitan esos recorridos y nada bueno sale luego. Si algo tenemos y con gran fortaleza es la institucionalidad y no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de cuestionarla y mucho menos destruirla. Ya vivimos esas épocas.


De noche, todos los gatos son pardos 
Entre tanto cuestionamiento se instaló también el tema de los allanamientos nocturnos, en otra de las insólitas argumentaciones del locuaz Ministro del Interior. Un paisano que hace del "jarabe de pico" -frase instalada por él mismo- un instrumento al que recurrentemente apela para distraer en medio de una gestión que todavía no mostró mucho.


Mientras en la región la pandemia incide a la baja de todos los delitos, y principalmente de los homicidios, en nuestro país los mismos se mantienen a la par del año anterior, sin que la baja movilidad haya incidido al respecto. Un hecho que llamó la atención de expertos internacionales que se interrogan por el caso uruguayo.
A pesar de ello, el Ministro salió rápido -al otro día mismo de vencer el semestre- a dar datos de su incipiente gestión aplaudiendo una baja de las rapiñas y los hurtos. No reparó ni un instante en el dato de la baja movilidad que incide en un delito callejero como la rapiña, que se da mayormente contra transeúntes. Menos aún en los hurtos, cuya mayor incidencia es contra fincas en las que sus dueños están ausentes por razones laborales por ejemplo, y que por la pandemia los tenía en sus hogares. Nada de eso importó al Ministro y la noticia -muy difundida por cierto- fue que los delitos bajaron. Me hizo acordar cuando era Bonomi el que hacía esos anuncios de baja de las rapiñas -porque hubo años en que bajaron hasta un 13%- pero siempre fueron cuestionados y allí era que la gente no denunciaba. Hoy, en plena pandemia, los delitos bajaron por obra y gracia de haber asumido el nuevo gestor de la seguridad pública, sí pero no... Jarabe de pico, en estado puro.


Y si algo faltaba, la frutilla de la torta es reflotar nuevamente la idea de los allanamientos nocturnos, la misma iniciativa que la ciudadanía rechazó en octubre de 2019 y que ahora se presenta como indispensable para combatir el microtráfico. 


Sin dejar de reconocer que una boca no es un hogar y mucho menos sagrado e inviolable, en el contexto actual -LUC mediante- las garantías no están dadas para habilitar esa medida. Y no lo están por varias razones entre ellas la misma LUC que hoy nos rige.


Precisamente, la LUC estableció hoy la presunción de legítima defensa no solo para policías y miembros de las FFA en zonas de frontera, también lo extendió al jefe del hogar en su propiedad (extendiendo incluso a barbacoas y predios anexos). Hoy tenemos la certeza que de noche no puede la Policía intentar ingresar a nuestro hogar porque la Constitución lo prohíbe expresamente. Sin embargo, de aprobarse esa iniciativa, ¿quién me asegura que es la Policía y no delincuentes que me intentan copar en la noche?; la misma LUC me habilita a defenderme enfrentando a quien intenta ingresar a mi hogar ejerciendo una legítima defensa presunta. Entonces, ocurrirá que habrá un enfrentamiento que lejos de proteger mi hogar lo pondrá aún más en peligro; y todo con el aval consagrado por la LUC hoy vigente.


Para combatir el microtráfico es mucho más eficiente aplicar inteligencia policial, sumar conocimiento y aplicarlo al patrullaje cortando los circuitos en la noche y dejando sin clientes a ese mercado ilegal. Ese sería un golpe estratégico, mucho más efectivo y que no afectaría garantías individuales que merecen un tratamiento mucho más profundo que esta iniciativa reflotada cual manotón de ahogado.


Al principio se decía que para mejorar la seguridad era imprescindible el cambio de autoridades, luego, las normas contenidas en la LUC; ahora los allanamientos nocturnos. Mejor sería que dispusieran de patrullajes, esos que tan mediáticos fueron al principio pero que ahora brillan por su ausencia antes que pujar por medidas que restringen y quitan derechos a los ciudadanos.


Primero es cuestionar a la Justicia, luego, limitar derechos y perder garantías, ¿después qué? 

 

el hombre cuidaba su casa,

el perro protegía su casilla...


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Fernando Gil Díaz



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