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La Justicia tarda pero llega

Juan Santini

07.08.2020

La Justicia tarda pero llega

 

En los últimos meses, se han precipitado una serie de procesamientos de personajes que habían sido denunciados como participantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la represión fascista de la dictadura, que habían cometido asesinatos, después de torturar hasta la muerte a sus víctimas. Estos hechos ocurrieron en el transcurso de la Dictadura Cívico Militar que se instauró en el país en 1973 y gobernó hasta 1985.

1-  Los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay fueron procesados con prisión por el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López en 1976, tras ser detenido en 1975 por miembros de las Fuerzas Armadas. 

2-El juez penal Nelson dos Santos procesó con prisión a Jorge Gundelzoph (conocido como "El Charleta") y a José Felisberto Lemos por delitos de abuso de autoridad contra detenidos y privación de libertad. Por mi parte fui detenido por Fusileros Navales el 21 de enero de 1979 y sufrí  tortura durante 90 días, posteriormente fui procesado y enviado en junio de 1979 al Penal de Libertad y penado con 14 años. Jorge Gundelzoph ( "El Charleta") estaba entre los torturadores .

3-El fiscal Ricardo Perciballe pidió el procesamiento de los ex integrantes del escuadrón de la muerte Miguel Sofía, Jorge Grau Saint Laurent, Pedro Fleitas y Washington Grignoli. por el asesinato de Héctor Castagnetto, Íbero Gutiérrez y de Manuel Ramos Filipini. 

4- El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió en mayo de 2018 el procesamiento y prisión de cuatro oficiales del Ejército, un juez sumariante y un médico militar, por las torturas cometidas contra presos políticos en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 con asiento en Laguna del Sauce (Maldonado) , entre 1972 y 1976.

Se trata del primer procesamiento logrado por dicha Fiscalía, que fue creada en febrero del año pasado e investiga las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En mayo de 2018, Perciballe había solicitado el procesamiento de seis hombres pero en esa ocasión él juez sólo lo dispuso para dos de ellos Plácido Gregorio Amorín y  el coronel (r) Artigas Rivera Bianchi por la autoría de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos.-

En aquella ocasión, fueron 19 expresos políticos (tanto hombres como mujeres), los que presentaron una denuncia penal por las torturas sufridas en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 de Laguna del Sauce-

El asesinato y la tortura, se realizaron contra militantes frenteamplistas y demócratas que reclamaban por la restitución del estado de derecho, el cese de la dictadura. Hago esta puntualización, porque hay una tergiversación notoria de la historia, cuando se quiere englobar y engañar,  que en la lucha contra la dictadura, participó, con su lucha armada, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, esa lucha fue anterior en el tiempo y cuyo objetivo fue el de  derrocar los gobiernos constitucionales que tuvo el Uruguay desde 1962 hasta 1973, fecha en que fueron todos detenidos u optaron por el exilio. No hay conocimiento o prueba de ninguna acción de este grupo durante la dictadura fascista que se instaló en 1973, hasta la instauración democrática en 1985. La falsedad de que participaron, la alimentan los fascistas y la derecha uruguaya, como forma de proteger a los asesinos que cometieron terribles crímenes contra gente indefensa que luchaba por la democracia,  como también el silencio cómplice de los tupamaros en no esclarecer esos hechos, para disfrazarse de luchadores contra la dictadura.-

La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad)? es una ley dictada en Uruguay en 1986 mediante la cual se estableció la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

Fue propuesta por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti,  corredactada por legisladores del  Partido Colorado y el Partido Nacional, y la Ley fue promulgada.-

En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos, se realizó en un referéndum con el objetivo de revocar la ley. El resultado del referéndum fue favorable al mantenimiento de la ley, que permaneció vigente. Esto reflejaba el pensamiento mayoritario de la mayoría de la población., impulsada por una campaña de terror.-

A mediados de 2007 se realizó una nueva campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiese implicado efectos retroactivos, entre ellos la negación de la cosa juzgada. El 14 de junio de 2009 la Corte Electoral confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito.? El mismo tuvo lugar junto a las elecciones nacionales uruguayas, el 25 de octubre de 2009, pero en la votación (simultánea con las elecciones de 2009) el plebiscito no aprobó la reforma.

Uno de los grandes impulsos,  en su momento, fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman vs. Uruguay, emitida el 24 de febrero de 2011, que declara al Estado uruguayo como responsable "por la desaparición forzada" de María Claudia García de Gelman, y dispone que este "debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea", entre otras. También planteó que Uruguay había incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por "la interpretación y aplicación" de la ley de caducidad o impunidad.-

En 2010 el Frente Amplio presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que, en los hechos, anulaba los artículos 1º, 3º y 4º de la ley de Impunidad. Finalmente, el 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley N° 18.831, de "restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985", que catalogó esos delitos como de lesa humanidad.

Pese a estos esfuerzos, los diferentes gobiernos del Frente Amplio hicieron poca cosa para lograr el restablecimiento necesario del poder democrático y la investigación de los crímenes cometidos contra los militantes que pugnaban por la democracia. Fue particularmente omiso el gobierno de Jose Mujica. Tan omiso, que al final de su mandato, cuando ya se había elegido a Tabaré Vazquez para su segundo mandato,  en forma inconsulta del Presidente que había sido electo, y a propuesta del Ministro de Defensa Fernandez Huidobro, designaron Comandante en Jefe  del Ejército al General Guido Manini Rios. General que mostró el grado de relación con Fernandez Huidobro, en su discurso cuando este se murió, el cual terminó en llanto. ¡¡¡ Como puede haber este tipo de relación, con él que hoy pide el restablecimiento de la Ley de Impunidad !!! 

Este hecho, además de demostrar el grado de relación entre estos personajes, es la prueba más cabal, que el gobierno de Mujica poco o nada iba a hacer por los presos que lucharon por la democracia y por la investigación de los desaparecidos.-

¿Por qué, además, nuestro máximo organismo de justicia, fue insensible a los graves delitos cometidos por el Estado, durante el período de la dictadura cívico militar y ha desconocido, la legislatura internacional, de la cual el Uruguay es signatario de las mismas? 

Las dictaduras realizan profundos cambios en el orden constitucional, legal y es necesario un tiempo y dedicación para el restablecimiento de ese orden legal democrático. También voluntad política para realizarlos.

La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad), viola groseramente los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.-

La posición del mantenimiento de la La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es groseramente inconstitucional.-

¿Por qué sucede?

Porque la salida de la Dictadura fue una salida negociada y tanto el Partido Colorado como el sector herrerista del Partido Nacional, han sido fieles a lo acordado en el Pacto del Club Naval con las autoridades militares.-

Es evidente que esos compromisos eran para la salida política, pero no para tirar a la basura,  la Constitución de la República.-

También hubo falta de voluntad política para adecuar el país a la democracia que siempre tuvo. Tanto de los Partidos Tradicionales, como del Frente Amplio.-

Pero quien debía ponerse al frente del pleno restablecimiento democrático era la Suprema Corte de Justicia.-

¿Porqué no lo hizo?

En la dictadura fascista, se realizó un relevamiento  del pensamiento político de todos los funcionarios públicos a través de sus diferentes organismos de Inteligencia. Militar, policial, Marina,  Fuerza aérea. Cuando digo todos, son todos los funcionarios públicos, civiles, militares, policías, maestros, profesores, enfermeros, médicos, empleados Municipales, Judiciales, empleados de los Entes  Autónomos, etc, etc  y se les catalogaba como:  A,  si consideraban que eran afines al pensamiento de la dictadura fascista;  B, si eran indiferentes y C, aquellos que eran enemigos de la dictadura. A los funcionarios públicos que eran caracterizados con la C  eran despedidos de su trabajo sin ninguna indemnización.

Para acceder a cualquier cargo público se debía tener la clasificación A.

Hete aquí, que buena parte de los integrantes y Presidentes de la Suprema Corte de Justicia, ingresaron al Poder Judicial en plena dictadura fascista y por ende con la clasificación A.-

A modo de ejemplo:

Jorge Chediak, varias veces Presidente de la Suprema Corte de justicia. Graduado como abogado, ingresó al Poder Judicial en julio de 1978 como Juez de Paz en la ciudad de Juan Lacaze, Departamento de Colonia y otros departamentos y finalmente, en la capital del país a partir de 1984. En Montevideo actuó como juez de Familia y en lo Civil.

Tabaré Sosa Aguirre  Presidente de SCJ , Sosa  Ingresó al poder Judicial en 1981 y fue ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° y 6° Turno de Montevideo.

El integrante de la S.C.J Julio Cesar Chalar, ingresó al Poder Judicial en 1973

El integrante de la S.C.J Jorge Ruibal Pino. Ingresó al  Poder Judicial en 1979

El integrante de la S.C.J Jorge Larrieux, Ingresó al Poder Judicial en 1980

Las Fuerzas Armadas fascistas, de ninguna manera podían descuidar, tanto la integración durante la dictadura, porque era su soporte "legal", sino en especial, las futuras integraciones del máximo organismo de Justicia, que podrían ser los que juzgarían a los militares fascistas en cualquier salida democrática.

Además estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, procedían de la Facultad de Derecho, donde se recibieron de abogados.

La dictadura fascista puso mucho empeño para transformar los planes de estudio de esa Facultad, para adecuar el derecho que hasta el momento se brindaba en dicha Facultad, por un derecho de carácter fascista. Para llevar adelante esos cambios designo como interventor de dicha Facultad a un conocido militante fascista Roberto Falchetti. Así se formaban los futuros abogados que cursaron la Facultad en la dictadura,-

Además de la desidia de los gobiernos del Frente Amplio, se sumó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, desconociendo manifiestamente,  la resolución de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre que los delitos que afectan los derechos humanos no caducan y optando por los fundamentos  de la  ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.-

Estas sentencias no están basadas en conceptos jurídicos, sino ideológicos.-

¿Por qué nuestro máximo organismo de justicia, es insensible a los graves delitos cometidos por el Estado, durante el período de la dictadura cívico militar y ha desconocido, la legislatura internacional, de la cual el Uruguay es signatario de las mismas? 

Las dictaduras realizan profundos cambios en el orden constitucional, legal y es necesario un tiempo y dedicación para el restablecimiento de ese orden legal. También voluntad política para realizarlos.

La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad), viola groseramente los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.-

La posición del mantenimiento de la La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es groseramente inconstitucional.-

¿Por qué sucede?

Porque la salida de la Dictadura fue una salida negociada y tanto el Partido Colorado como el sector herrerista del Partido Nacional, han sido fieles a lo acordado en el Pacto del Club Naval con las autoridades militares.-

Es evidente que esos compromisos eran para la salida política, pero no, para tirar por la ventana a la Constitución de la República.-

Recien con el caso Gelman, y a instancias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Estado asumió responsabilidades por violación a los derechos humanos 

Ese mismo año, en octubre, se aprobaba la ley que restablecía "el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado" para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, hasta el 1º de marzo de 1985, y los declaraba como de lesa humanidad.

Así contábamos la derogación de la Ley de Caducidad: El FA acordó el proyecto para evitar la prescripción. La votación en el Senado. La aprobación final en Diputados y las percepciones de jueces y fiscales.

Con el segundo gobierno de Vázquez llegó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y finalmente este año 13 criminales de lesa humanidad uruguayos fueron condenados por la Corte de Apelaciones de Asís, en Roma, (No en Montevideo)  a cadena perpetua, en el marco del extenso mega juicio por el Plan Cóndor. El único condenado radicado y detenido en Italia es el prófugo de la Justicia uruguaya Jorge Tróccoli, (mi torturador). La justicia italiana le tuvo que hacer el trabajo a la justicia uruguaya.-

Uno de los mayores aportes al esclarecimiento y la búsqueda de justicia de los últimos tiempos resultó ser la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que se instaló el 22 de febrero de 2018  (la dictadura culminó en 1985) a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. Según un informe de la Fiscalía, en los primeros siete meses de actuación ya se relevaron 220 causas y se intervino en la mitad, se dictaron seis solicitudes de procesamiento en Montevideo, involucrando a 22 personas, mientras que en el interior se dictaron dos con ocho personas involucradas. También se libraron seis solicitudes en referencia a tres personas.

 Con la creación de esta Fiscalía hubo un aumento de los pedidos de procesamiento atribuible al Fiscal Perciballe, y que se logró retomar distintas causas que estaban archivadas o con las actuaciones detenidas.-

Pero estos tibios avances a 35 años de culminar la dictadura, están corriendo serio peligro de ser enterrados conjuntamente con los desaparecidos.

En el panorama político, además del triunfo de una coalición de derecha, cuyos integrantes nunca apoyaron la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos,   se les suma un militar de la dictadura. Paradójicamente ese militar  fue promovido a Comandante en Jefe del Ejército por el expresidente José Mujica y el ex Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, integrantes del Gobierno del Frente Amplio.-

Es notorio que el General Guido Manini Rios aspira a ser Presidente de la República, por las buenas o por las malas. Está en permanente iniciativa política, y es el que define la agenda de gobierno. Sin duda está tratando de cosechar fracasos de esta coalición para erigirse en el futuro, en el mesías fascista,  ya sea para ganar las próximas elecciones o apoyarse en el ejército para erigirse en dictador.-

Ya acometió contra la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y el Fiscal Ricardo Perciavale , ya quiere restablecer la Ley de Impunidad. Se va a transformar en fiscal de todos los errores que va a cometer la coalición de gobierno, y finalmente tendremos a el Mesías que va a salvar a el país.-

 



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