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imagen del contenido Omar Fuentes

¡Basta de joder con Venezuela!

Omar Fuentes

09.10.2020

La palabra Venezuela se convirtió en un concepto. Además de denominar (ser el nombre de) un país, ahora también es una categoría que referencia todo lo que está mal. Y para los venezolanos eso podría ser una pésima noticia. Pero como todo, por otro lado parecería que también hay buenas noticias.

 

La situación de los venezolanos es difícil de comparar con otras crisis políticas y sociales que haya vivido nuestro continente. Si bien podríamos estar tentados a compararla con otras épocas, por ejemplo con las dictaduras de los años 60/80, esta crisis tiene particularidades que pueden explicar por qué ha sido tan larga, profunda y con tantas connotaciones en tantos planos.

Es cierto que en la base de todo está un histórico sistema de corrupción al cual el chavismo se adaptó y, a la postra, profundizó. Pero estas condiciones estructurales no son justificación para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, no le resta responsabilidad al gobierno chavista.

Cada ítem de los que a continuación se expone puede (y debe) ser profundizado para la mejor comprensión, pero este resumen busca reflejar la contradicción y complejidad de un país que es inmensamente rico en materias primas y minerales de todo tipo y que su pueblo está sufriendo las penurias como si fuera un país devastado por una guerra.

Cabe destacar que mucho de lo que aquí se expresa funciona en dos claves distintas, por un lado, como siempre, se visualiza mucho lo que pasa en Caracas, como la capital, pero las mayores penurias se viven en el interior del país. Donde la población sufre, además de los abusos policiales y la falta de derechos, la distancia con las cámaras de TV y los periodistas mas fuertes así como de la posibilidad de denunciar los hechos. Por suerte hay ONG's y organizaciones sociales que siempre dan contención y respaldo.

Spoiler alert: Las buenas noticias es que con tantos años de malos precios del crudo internacional el lobby de petrodólares y la diplomacia bolivariana, muy carismática y envuelta en su retórica popular, está sin efectivo para seguir financiando apoyos. Y pese a que aún le quedan un puñado de leales, esos que son "fieles" (la elección de la palabra con simbología religiosa no es casualidad), están cercados por los informes de la ONU que vienen a certificar lo que tantos hemos denunciado durante años. Es hora de darle oxígeno y paso a la transición democrática. El mundo lo reclama.

Acá usted podría saltar directamente a las conclusiones, pero se perdería algunas variables y detalles importantes que muchas veces son omitidos, o intencionalmente negados, pero que ayudan a entender a la Venezuela chavista y al nuevo escenario que con los recientes informes de la ONU ya son casi imposibles de negar:

Institucionalmente

"30. Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara a mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático" (Informe Michele Bachelet. 2019. pp.7) 

Algunos hechos importantes del 2015

  • 6 de diciembre; la oposición obtiene los 2⁄3 de la Asamblea Nacional (AN).
  • 15 de diciembre; cierre de sesiones parlamentarias ordinarias.
  • 23/12; fuera del período de sesiones ordinarias la saliente AN nombra 13 magistrados al TSJ (conocidos como "magistrados express"), de los cuales varios vencían en 2016, violentando la dinámica de nombramiento (art. 264 CRBV) y violando el art 263 de la CRBV (solo 5 cumplen con los requisitos mínimos de los cuales 2 eran candidatos no electos al Parlamento según declaración del Poder Popular).
  • 30/12; interponen el recurso N° 260 ante la Sala Electoral del TSJ suspende (que resultará indefinidamente) la proclamación de los 4 diputados electos por el estado de Amazonas, 3 opositores y un oficialista, con lo que se bloquea la mayoría parlamentaria.
  • 30/12, se publicó el Decreto No. 2165; "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos". 

Desde esa fecha Maduro gobierna por decreto y bajo la declaración de Estado de excepción pero sin aprobación parlamentaria requerida por los artículos 338 y 339 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. En realidad gobierna con el expreso rechazo de la Asamblea Nacional a estas medidas.

Pero esta práctica de gobernar por decreto se extiende a todo el período de Hugo Chávez. Durante los 21 años del chavismo se han usado el doble de leyes habilitantes que durante los 40 años del "puntoijismo"; llamativo para un régimen que lo criticaba y se ufana de ser participativo.

Y con la "ley antibloqueo", que Diosdado Cabello hizo aprobar este jueves 8 de octubre por un órgano que constitucionalmente no tiene potestad para hacerlo (recordemos que la ANC debería escribir y proponer a la ciudadanía un nuevo texto constitucional mediante referendum), y que para colmo la ley se autodefine con un pretendido rango de "ley constitucional" (algo que no existe en la normativa venezolana); nuevamente el régimen busca una pantalla de legalidad para gobernar por encima del Estado de derecho. Ley que no tiene racionalidad jurídica, pero además pretende otorgar poderes al Ejecutivo "sin perjuicio de lo establecido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". En estos momentos es otro escándalo jurídico, pero solo el más reciente. 

Políticamente

El informe (A/HRC/45/33) presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU declara que hay "ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014".
El 1 de abril de 2017 el Mercosur reconoce "la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela"; se la suspende del pleno y se insta a: "restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos (...)

Para la mayoría de Ciencia Política por lo menos desde 2008 y hasta 2016 se considera que Venezuela era régimen híbrido; pero con el desconocimiento del parlamento en 2016, la creación de un parlamento paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, que el Ejecutivo gobierna por decreto sin respaldo constitucional y con un Poder Judicial partidario y diseñado a medida (a partir de tener los resultados de la elección de diciembre 2015) que es un apéndice del Ejecutivo sin separación de Poderes, queda claro que pasó a ser un régimen autoritario y no hay democracia. 

Otro poder fáctico se muestra en los "protectorados" impuestos a las gobernaciones (Municipios) donde la oposición gana las elecciones. En estos casos el régimen impone Gobernadores paralelos para que manejen los recursos económicos a través de corporaciones regionales del Estado.

El modelo extractivista ilegal genera un problema para la soberanía nacional, que si fuera una verdadera preocupación lo que sucede en el sur del país debería ser atendido de otra manera: alejado de las cámaras de TV la principal zona minera es explotada y controlada por grupos irregulares paramilitares que muchas veces están en connivencia con los militares para la explotación minera y de la población que allí es mano de obra casi esclava. Que la población sea explotada y controlada por paramilitares contraviene todas las recomendaciones de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y una vez ratificados por Venezuela tienen rango constitucional (artículo 23 de la CRBV). Pero además de todo esto, el razonable desplazamiento que hace la población civil hacia zonas más "pacíficas" genera un profundo problema de control territorial que compromete la estabilidad futura.

Fraude electoral

Javier Corrales (2019) documenta las irregularidades electorales bajo la "era chavista", detallando los cambios sistémicos como las irregularidades puntuales, y llega a la conclusión de que en la época de Maduro, entre 2013 y el presente, hubo un promedio de 12,2 irregularidades por año frente a 4 irregularidades por año en la época de Hugo Chávez (1999-2013). "Maduro ha superado a Chávez en términos de números, frecuencia y severidad de las irregularidades (...), ha hecho que un sistema electoral poco fiable se incline aún más hacia el partido de gobierno" (Corrales.pp6).

Violencia "legal"

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP), o también denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo y Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), fueron una serie actuaciones coordinadas entre la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) y otros cuerpos de seguridad del Estado.

Su accionar comienza sobre julio de 2015 y se extiende hasta 2017 tras serias denuncias de abusos, cientos de ejecuciones extrajudiciales, control social y nula efectividad para combatir el crimen.

En 2016 se crea las Fuerzas de Acciones Especiales (F.A.ES), como comando especial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

Keymer Avila, investigador del Instituto de Ciencias Penales y Profesor de Criminología en Pre y Posgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), declara que "en 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, eran apenas cuatro. (...) En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres".

Inseguridad

"1002. Venezuela se enfrenta a una grave situación de inseguridad. Según todos los indicadores disponibles, las tasas de muertes violentas están entre las más altas del mundo. Desde 2014, el Ministerio Público sólo ha hecho públicas las cifras de muertes violentas para los años 2015 y 2016. En 2015, el Ministerio Público documentó 17.778 homicidios intencionales (una tasa de 63,5 por cada 100.000). En 2016, documentó 21.752 homicidios intencionales (70,1 por 100.000).

1004. En ausencia de cifras oficiales claras, la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) tiene la información más referenciada sobre la inseguridad en Venezuela. El OVV ha documentado las siguientes cifras de muertes violentas: en 2014, 24.980 muertes violentas (una tasa de 82 por 100.000); en 2015, 27.875 muertes violentas (90 por 100.000); en 2016, 28.479 muertes violentas (91.8 por 100.000); en 2017, 26.616 muertes violentas (89 por 100.000); en 2018, 23.047 muertes violentas (81,4 por 100.000); y en 2019, 16.506 muertes violentas (60,6 por 100.000). Estas cifras no están desglosadas por sexo o edad. La OVV atribuye la disminución de las muertes violentas en los últimos años a factores no relacionados con las medidas estatales de la lucha contra la delincuencia.

1005. Las razones que explican estas elevadas cifras son complejas, variadas y están fuera del alcance de la investigación de la Misión. Sin embargo, los analistas han atribuido las altas tasas de muertes violentas en Venezuela a varios factores, entre ellos la debilidad del estado de derecho, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. La presencia de la delincuencia organizada en el país también puede estar contribuyendo al elevado número de asesinatos. Según la organización de investigación InSight Crime, en Venezuela hay varios grupos armados que realizan diversas actividades ilegales, entre ellas la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas y otros contrabandos. Las personas entrevistadas por la Misión para la documentación de los casos investigados también han alegado vínculos entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada, como se señala más adelante en esta sección." (informe Completo ONU)

"Luz verde para matar"

El informe de la ONU expone ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la responsabilidad del Estado frente a todos estos hechos como política sistemática de persecución de opositores políticos, civiles y periodistas.

Las OLP fueron desactivadas en 2017 (tal era su desprecio y denuncia, como consta en el informe) para luego crear el grupo de choque FAES como grupo especializado de la PNB (párrafo 1031), de manera ilegal porque nunca tuvo aprobación parlamentaria. Además el FAES ya había sido denunciado por Bachelet en su informe de julio 2019, cuando solicitó fuera disuelto ese cuerpo dedicado a las ejecuciones extrajudiciales.

Tortura

"49. Los casos examinados por la Misión ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018. Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encontraban las posiciones de estrés; la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; las palizas; las descargas eléctricas; las amenazas de muerte; las amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; la tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo; y la desnudez forzada. 

50. En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos." (informe resumen ONU)

Control social

Desde 2006 Chávez empezó a perder popularidad electoral junto a la reducción de divisas disponibles por reducción del precio internacional del crudo, que llevó a que en 2007 perdiera el referéndum constitucional que entre muchas reformas extendía el período de 6 a 7 años y habilitaba la reelección eterna. Allí sufre su primer derrota electoral y analistas de izquierda como Edgardo Lander identifican un cambio de modelo político: de un modelo participativo a uno modelo estalinista influenciado por Cuba que "destruyó el tejido social". Este modelo de crear organizaciones desde arriba, desde el poder, junto a la corrupción, termina funcionando como mecanismo de control social y presión (incluso armada) contra la crítica, la disidencia por izquierda y cualquier manifestación de descontento en los barrios populares.

Mucho se invirtió en mecanismos de control social, desde mapeo de los barrios para "conocer" qué votan los vecinos, pasando por registros biométricas para racionar venta de comida y combustible hasta el intento de sustitución de la carta de identidad por un carnet (de la patria) identificado con el chavismo que servía de presión y control sobre las actividades del ciudadano.

A su vez se aplica una "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" de forma indiscriminada a los críticos del régimen y periodistas. Especialmente si los críticos son de izquierda, como le pasó al reciente liberado Nicmer Evans. Pero a su vez funciona la censura previa a los medios de prensa: este servidor ha dado entrevistas y da testimonio de cómo los medios informan de las palabras prohibidas so pena de cierre de sus emisoras. 

Justicia 

Los procesos judiciales que efectivamente se hacen (porque las acusaciones contra funcionarios del régimen no suelen proceder o tienen condenas que dudosamente se cumplen) se encuentran con una cantidad de trampas del sistema: desde tener que aceptar que sea la jurisdicción militar la que procesa y juzga civiles por acusaciones de crímenes que no están bajo su jurisdicción, hasta obstrucción de las más mínimas garantías de un debido proceso (incumplimiento de los plazos  procesales, no responder a las solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados, detención a pesar de haber cumplido las sentencias, interferencias en el derecho a una defensa adecuada y a un abogado de su elección, los tribunales ignoraron las solicitudes de los acusados de contar con abogados/as de su elección y les asignaron defensores públicos, obstaculización a los abogados defensores con falta de datos y documentos, limitaciones para visitas y acoso e intimidación contra ellos o sus familias.).

"71. La Misión constató que algunos fiscales y jueces/juezas desempeñaran un rol directo en casos que constituían detenciones arbitrarias. En muchos casos, es difícil determinar si los actores del sistema de justicia participaron voluntariamente en la detención arbitraria o si lo hicieron bajo presión. 

72. En los casos investigados, no había información indicando de que la legalidad de las detenciones estuviera sujeta a revisión judicial. En diversas etapas del procedimiento, el Estado no proporcionó pruebas sólidas para sustentar la participación de las personas acusadas en la comisión de actos punibles. Posteriormente se reveló que las acusaciones contra los acusados eran falsas o basadas en pruebas manipuladas. Las confesiones se extraían sin la presencia de un abogado/a y/o bajo de delitos militares contenidos en el Código Orgánico de Justicia Militar, entre ellos traición a la patria, sustracción de pertenencias militares, rebelión o ultrajes al centinela. (...)

78. Las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura, incluso en los casos en que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros indicios de malos tratos o declararon durante las audiencias que habían sido torturadas. En varios casos, los jueces/juezas ordenaron que se devolviera a los acusados al lugar donde afirmaban haber sido torturados, generalmente la DGCIM Boleíta" (informe resumen ONU). 

Caída de la producción del petróleo

Luego del paro petrolero de 2002 Hugo Chávez despide cerca de 20.000 empleados, desde administrativos hasta técnicos, de PDVSA y son sustituido por trabajadores leales. En 2012 Chávez declara que para 2014 pensaba producir 4.000 millones de barriles diarios (mbd) y para 2019 6.000 mbd. La realidad fue que la falta de capacidad técnica y la caída de inversión en mantenimiento de la infraestructura existente determinó que la producción petrolera pasara en promedio de 3.400 mbd en 2002, a 2.800 mbd en 2004, a 2.600mbd en 2008, a 1.400mbd en 2018 y finalmente a menos de 1000 mbd en 2019; según datos de OPEP.

Esta situación también se vio afectado por la variación y posterior desplome del precio del crudo, que redujo drásticamente las divisas disponibles.

Las sanciones de EEUU son del año 2018 y no afectan la capacidad productiva de PDVSA.

"Oro de sangre"

Para enfrentar la escasez por baja rentabilidad del petróleo (representaba el 96% de las divisas), en 2016 por decreto se crea la empresa Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg), para la explotación de petróleo y minerales especialmente en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO).

El gobierno de Maduro aprobó, nuevamente sin respaldo constitucional, pero sí contra el expreso rechazo de la Asamblea Nacional, la extracción de oro y diamantes de seis ríos de la Amazonía: Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní a través de balsas. En el curso de estos ríos, habitan al menos nueve etnias indígenas que suman más de 40 mil personas.

La bióloga Vilisa Morón sostiene que estas actividades, que no tiene el control efectivo de las autoridades para asegurar las condiciones de seguridad que la ley obliga, potenciará la sedimentación y la remoción del fondo del río de gasolina, aceite, mercurio y diferentes metales y químicos que se utilizan y que, finalmente, "van a dar al Orinoco y a potenciar el proceso de bioacumulación de mercurio que ya ocurre, comprometiendo así las poblaciones de peces y comunidades (...) los peces del Orinoco no solo se consumen localmente, también son vendidos a pueblos y ciudades del resto del país".

Además del daño ecológico general y cultural particular a las poblaciones indígenas que allí viven (supuestamente protegidas por la constitución), la falta de Estado de derecho genera una desprotección total de la población que se ve obligada a explotar los minerales y comerciar con los traficantes que definen el precio de lo extraído a punta de pistola. 

Déficit de energía eléctrica

La crisis energética tiene varias décadas, pero como todo, el mundo se percató cuando golpeó la capital de Venezuela. Desde comienzos del 2000 hubo crisis de producción eléctrica por distintos factores, desde climáticos hasta estructurales y políticos; pero como lo ocurrido con PDVSA no hay que menospreciar el factor humano: éxodo de profesionales y personal calificado hacia otros sectores por razones de discriminación política, persecución, falta de condiciones mínimas de seguridad laboral o simplemente búsqueda de mejores salarios.

Winston Cabas, como presidente de la comisión eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela reflexionó: "¿Por qué no hay mantenimiento en el sistema eléctrico de Venezuela? Porque los venezolanos se fueron del país, porque en el sector eléctrico hay aproximadamente 54.000 trabajadores y se han ido casi 33.000, de estos últimos 9.000 son ingenieros electricistas y mecánicos y unos 12.000 a 15.000 son técnicos, mano de obra capacitada que tardó en formarlos, es por eso que no hay mantenimiento: no hay recurso humano". Estas relfexiones para la TV venezolana le valieron una acusación de Diosdado Cabello que lo obligó el exilio político.

En 2015 se informaba que "se pondrá en marcha el plan de modernización integral de seis unidades de generación de la casa de máquinas I, que pertenecen a la Central Hidroeléctrica «Simón Bolívar», ubicada en Guri, estado Bolívar". Participarían en su financiación "el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 700 millones de dólares, y de otro por 380 millones de dólares que serán otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Así como los recursos propios del Estado venezolano, asignados a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) por 230 millones de dólares". El resultado es contratos con Odebrecht e IMPSA sin terminar.

A nivel social la inseguridad energética repercute en electrodomésticos quemados e inseguridad para poder mantener alimentos en buen estado, entre otros servicios básicos.
Desnutrición

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informa que "la desnutrición en Venezuela pasó de 2,5% en los años 2010 a 2012 a 31,4% entre 2017 y 2019" esto significa que "la cantidad de personas en desnutrición ascendió de 2.2 a 9.1 millones".

Éxodo

ACNUR declara que "las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América del Sur, este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región".

Conclusión.

Venezuela es una vergüenza. Venezuela duele. 

Ese pueblo atraviesa una de las peores emergencias humanitarias del continente. Se expresa en la falta de acceso a medicinas, con la carencia de atención básica, con la escasez de alimentos, en la violencia generalizada que el Estado no sabe o no puede corregir, en el ausencia de justicia, etc y que cada vez que se expresa a través de manifestaciones pacíficas generalmente es amedrentada o reprimidas con saldos de heridos, detenidos o incluso personas fallecidas tanto por colectivos armados por el mismo régimen y agentes de seguridad oficiales que ejercen abuso de poder.

Calificar el sufrimiento de Venezuela como crímenes de lesa humanidad no es una cuestión menor. Expone una categoría de crimen que hiere al conjunto de la humanidad. Nos invoca a defender a las víctimas y acompañarlas en su dolor y en su búsqueda de la verdad y la justicia.

En estos momentos el mundo entero está reconociendo la real dimensión del problema. Los aliados tradicionales de este régimen, que se promovió por un fuerte lobby de petrodólares y un diplomacia carismática disfrazada con una vacua retórica popular, están sin capacidad de respuesta a tanto desastre. Si bien se puede reconocer intereses extranjeros para con los recursos naturales de Venezuela, el discurso de agresión imperialista ya no tiene asidero, sobretodo cuando se evidencian tantos errores estructurales, tantas decisiones que van contra los intereses populares y además es innegable la presencia de intereses de otras potencias imperiales (o que al menos compiten por la hegemonía global). 

Internacionalmente hay que seguir presionando para lograr una salida pacífica, negociada con la mayoría de los actores, sin exclusiones antojadizas, que construya instituciones respetables y confiables, que pueda ser legitimada popularmente; pero principalmente para que no se siga perdiendo tiempo en una carrera que no se puede correr hacia delante, debe tomar una salida lateral que cambie el escenario y que permita la efectiva participación ciudadana con libre determinación de los venezolanos. Basta de consignas vacías.

La izquierda democrática del mundo debe empujar esos cambios.

Omar Fuentes Armelino es licenciado y diplomado en Ciencia Política y está terminando la Maestría con estudios sobre el chavismo entre 2016 y 2019. Se identifica como un analista de izquierda crítico. Participa activamente del cogobierno de la Universidad de la República.  


Bibliografía

Alcántara, Manuel (2008). "Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina". Revista de derecho electoral, Tribunal Supremo de Elecciones N.o 6. San José de Costa Rica
ISSN: 1659-2069

Ávila Keymer (2019). "Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional".
consultado el 7/10/2019 en https://nuso.org/articulo/venezuela-maduro-represion-izquierda/

Ávila Keymer (2020). "¿Qué es más mortal en Venezuela: sus fuerzas de seguridad o el COVID-19? Inquietudes securitarias en tiempos de pandemia". Análisis Friedrich Ebert Stiftung (FES) 

Corrales, Javier (2018). "Electoral Irregularities. A Typology Based on Venezuela under Chavismo". consultado el 9/06/2019 en https://multimidia.gazetadopovo.com.br/media/docs/1551133220_irregularidades-venezuela-1998-2018.pdf

Lalander, Rickard  (2004). "La descentralización venezolana y el chavismo: Transformaciones del sistema político partidista". Revista Venezolana de CIENCIA POLÍTICA, Número 26 / julio-diciembre 2004: pp. 29-74 Centro de Investigación de Política Comparada/CIPCOM, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Lander, Edgard (2017). "Venezuela: la experiencia bolivariana en la lucha por trascender al capitalismo" (presentado en el taller del Grupo de Trabajo Global "Más allá del Desarrollo" organizado por la Fundación Rosa Luxemburg realizado en Quito los días 10 al 18 de mayo de 2017).

Michele Bachelet (2019). Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 41° período de sesiones.

Informes:

ONU, A/HRC/45/33 (15 de septiembre de 2020). Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

ONU, A /HRC/45/CRP.11 (15 de septiembre de 2020). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

Otras fuentes:

 

Alcántara (2008) entiende que Venezuela en el año 2007, junto con Nicaragua -5.68- y Ecuador -5.64-, era uno de los ejemplos de regímenes híbridos de América Latina. 

ii Cabe mencionar que para la conformación de esta "constituyente" no fue respetado el procedimiento que establece la misma constitución como mecanismo de reforma, como tampoco fue respetado el sistema de designación de representantes; si bien ya no era proporcional, nuevamente fue modificado arbitrariamente para que el oficialismo obtuviera mayorías aumentando los curules asignados a los territorios donde son mayoría y entregando otros cargos a organizaciones sociales y sindicales que controlan.

iii   https://monitordevictimas.com/sin-categoria/venezuela-es-el-pais-de-america-latina-donde-los-policias-matan-mas/

iv Lander acusa a la izquierda internacional de tener una solidaridad ciega en vez de crítica para con el régimen chavista.

v "Las contradicciones entre autonomía y control vertical desde el Estado se acentúan a partir de los años 2005-2007 con la definición de la revolución bolivariana como socialista. A partir de esa época se profundiza no solo el control vertical desde el Estado, sino que se busca reducir la rica pluralidad de formas organizativas que había para transformarlas en modalidades organizativas estandarizadas." (Lander.2017.pp22)



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