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Gustavo “Tato” Olmos

21.10.2020

El lunes 19, tras el Consejo de Ministros, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, brindó una conferencia de prensa, acompañada de otras autoridades del Ministerio y de la Auditoría Interna de la Nación. El Consejo de Ministros había estado analizando el resultado de 12 auditorías y se anunció además que se estarían realizando otras en INEFOP, ANEP, ANTEL, MIDES, Gas Sayago y la Corporación Vial del Uruguay.

 

Según sus declaraciones, los principales hallazgos (es el término que usan los auditores) encontrados fueron 'desidia en el uso de los dineros públicos', 'mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos', 'reglas que se apartan de la buena administración', actuaciones que se apartaban de la normativa y 'sistemas de control débiles que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos'.

La Ministra planteó que las auditorías presentadas son apenas el inicio de un proceso de investigación y que luego, de acuerdo a lo que surja, se enviará a la Justicia lo que corresponda. En otras palabras, no tenía nada concreto.

Desde el primero de marzo, y muy particularmente desde el 13, este gobierno se ha especializado en realizar el anuncio del anuncio y el anuncio de lo anunciado. Te anuncia que va a anunciar el resultado de las auditorías cuando las tenga prontas. Te anuncia lo anunciado cuando entre las 12 que presenta hay dos que fueron realizadas en el anterior gobierno, con lo que no constituyen novedad.  

Para muestra de esta dinámica, un botón. El 10 de mayo, Nicolás Martinelli, director General de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, brindó una conferencia de prensa para dar detalles sobre las irregularidades detectadas tras las primeras auditorías realizadas. Era un domingo, pero la noticia, en medio de una ofensiva contra el MIDES que arreciaba esos días, no podía esperar. Ahora, 5 meses después, la ministra Arbeleche nos informa que el MIDES será objeto de una auditoría y que sus resultados serán comunicados cuando se haya completado la misma.

Llamó la atención que la Ministra, al ser consultada sobre casos concretos, haya remitido a los periodistas a leer los informes publicados, sin ser capaz de dar un solo ejemplo. Así que allá fuimos, a revisar los documentos y queremos compartir unos pocos casos mencionados, para que se pueda apreciar la liviandad (o la gravedad) del asunto.

El hallazgo de los comprobantes en otros idiomas

En la auditoría de Uruguay XXI, se concluye respecto a las rendiciones de viáticos que es 'difícil evaluar la pertinencia y control de los gastos en el exterior dado que se rinden comprobantes en otros idiomas'

Vaya uno a saber a quién se le pasó por la cabeza que un organismo que se dedica a la promoción de exportaciones y que organiza misiones comerciales a los mercados objetivo, puede pedir en Beijing o Moscú un comprobante en castellano.

El hallazgo de los instrumentos no reembolsables

En el caso de la Agencia de Investigación e Innovación (ANII), lo primero que se cuestiona es que 'se favoreció el uso de instrumentos no reembolsables, en detrimento de la adjudicación de préstamos para el apoyo a empresas, limitando la capacidad del organismo de reutilizar los fondos en otros proyectos, lo que aseguraría la continuidad de estas políticas'

El punto muestra un profundo desconocimiento sobre la forma en que funcionan las políticas de promoción de la innovación. Revela, además, el superficial análisis del que debe haber sido objeto en el Consejo de Ministros, ya que uno de sus integrantes podía haber aclarado el punto.

Me explico. Los proyectos que se presentan a la ANII pasan por un proceso de evaluación que analiza los aspectos técnicos y económico-financieros. Ese proceso está a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Programas de Innovación (CESPE). El CESPE asigna los evaluadores y eleva al Directorio de la ANII su recomendación de financiamiento del proyecto.

Pues bien. Un integrante de este comité, desde 2007 hasta noviembre de 2015, fue el Ing. Omar Paganini, actual Ministro de Industria, Energía y Minería, donde hizo un gran trabajo de evaluación seria y profesional de los proyectos presentados. Alcanzaba con consultarle cómo funciona el sistema.

Por si esto fuera poco, en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura se puede leer el artículo El retorno social de invertir en ciencia: empresa que recibió apoyo del MEC realiza diagnósticos de COVID-19, publicado el 5 de mayo pasado. Allí se relata la historia de ATGen (el primer laboratorio privado en contar con el test para la detección de SARS-CoV-2 en nuestro país) y el apoyo dado en 2002 para el diseño experimental de kits de diagnóstico, que incluían ensayos de validación, estudios de estabilidad, diseño del packaging, acuerdos de comercialización y registros. ¿En qué consistió el apoyo? En otorgar un co-financiamiento no retornable del 50%, exactamente lo mismo que en la auditoría se cuestiona, y que fue determinante para el nacimiento de una empresa innovadora que ha sido central en la capacidad del país de generar kits de diagnóstico en la pandemia. 

Los hallazgos fronterizos

De la auditoría a la Dirección Nacional de Migraciones surgen algunos hallazgos calificados como relevantes.

En Salto, 'existen en forma reiterada cortes de energía y no se cuenta con generadores, debiendo realizar en dicho lapso los controles en forma manual, no pudiendo acceder a la lista de requeridos. Esta situación ha generado, por ejemplo, que se haya permitido la salida del país de una ciudadana que estaba impedida.' Por el puente de Salto ingresan alrededor de 32.000 camiones anualmente. Mucho mayor debe ser la cantidad de vehículos y muchísimo mayor la de personas. Descubrieron que en 2019 se nos coló una que no debía haber ingresado. ¡Felicitaciones, che!

Como extremo está calificado un hallazgo en Quaraí. El informe nos ilumina que 'la lista de impedidos de Brasil no está disponible para su consulta debido a que el país sede no la proporciona' y por tanto 'no es posible asegurar que todas las personas que ingresan no tengan impedimentos legales para salir de su país'. Lo que es un problema de Brasil (dejar salir a quienes están impedidos de hacerlo) transmuta en una debilidad de la Dirección Nacional de Migraciones (no impedir que entren quienes no deberían poder salir, pero de los que Brasil no permite validar tal situación). 

El hallazgo de los despidos

Uno de los hallazgos extremos en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) refiere a un convenio para retiro incentivado aprobado en 2019. El convenio 'prevé que aquellos funcionarios que tengan una antigüedad ininterrumpida en el CUDIM de 10 años, hayan cumplido 65 años y hayan configurado causal jubilatoria, puedan cobrar una partida equivalente a una mensualidad nominal del beneficio al momento del retiro, por cada año de antigüedad, con un máximo de 12 mensualidades nominales.' 

Y los auditores consideran que, 'por regirse por derecho privado, el CUDIM, los podría desvincular libremente, lo que redundaría en un importe a pagar significativamente menor.'

Una auditoría no es una consultoría. Una consultoría tiene como objetivo generar insumos para definir o evaluar políticas. Una auditoría debería enfocarse en verificar si las acciones se realizan cumpliendo las obligaciones jurídicas o fiscales, así como de las políticas y lineamientos establecidos por la propia organización.

En este caso los auditores se visten de consultores y recomiendan el despido de los funcionarios, porque es más barato y con prescindencia de cualquier otra consideración sobre derechos adquiridos, paz laboral o justicia social.

Ruego que no envíen al mismo equipo a auditar un centro penitenciario, porque son capaces de sugerir una opción 'que redunde en un importe a pagar significativamente menor'.

Puede y debe rendir más

Doce auditorías, una sesión del Consejo de Ministros dedicada al asunto, conferencia de prensa y tan poco hallazgo real justifica el calificativo de cortina de humo. Este gobierno está procesado, vía ley de presupuesto, un ajuste de salario real y pasividades que explica la mitad del recorte de 1.000 millones de dólares anunciado. Para justificarlo debe seguir apelando a la herencia maldita, que no es tal, y al discurso de la necesidad de poner orden a un caos que no existía.

Esa es la razón por la que el Presidente quiere colocar este tema en la agenda. Y a falta de desidia buena es la insidia.

Mientras tanto, de las auditorías a las Intendencias, ni noticias. Un Intendente que le vendía combustible a sus propias estaciones de servicio, otro que contrata a buena parte de su familia, un tercero que se endeuda mucho más allá de lo que la Constitución le permite y que nos regaló un agujero donde estaba el San Rafael, una intendenta que compra en negro o muchos que son alérgicos al concurso o al sorteo para contratar funcionarios, no son considerados por este gobierno casos de desidia, descuido o poco apego al buen manejo de los dineros públicos.

Gustavo "Tato" Olmos es Diputado por Marea Frenteamplista / Fuerza Renovadora / Frente Amplio. Pertenece a Generación 83 y trabajó en GeneXus. @tato_olmos



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