UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.05.2012

Un largo conflicto en la banca oficial comenzó allá por fines del año 2010, coincidiendo con la fecha en que vencía el Convenio Colectivo que regulaba las relaciones entre los trabajadores de la Banca Oficial y sus Bancos Oficiales.

En esa oportunidad, Aebu banca oficial recibía de parte del Poder Ejecutivo y los Bancos la propuesta de revisar beneficios ya existentes que se basaban en la valoración de la antigüedad, es decir, la llamada "Escala Gepu".

Desde aquellos días hasta el pasado sábado 12 de mayo pasaron muchas cosas, las que resultaron un rosario de todo lo que no se debe hacer para resolver la confrontación de intereses entre trabajadores públicos y los Directorios y el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, existieron errores del gobierno, así como acciones del Sindicato que no estuvieron a la altura de la tradición del movimiento sindical uruguayo.
Sin duda, que estaremos todos de acuerdo que los sindicatos deben cuidar de no afectar a los usuarios, así como evitar caer en actitudes corporativas, es decir, aquellas cuyo accionar no tiene en cuenta el interés general de nuestra población.

También estaremos de acuerdo que varios sindicatos de funcionarios públicos padecen de un importante corporativismo que fue muchas veces fomentado desde las autoridades, en sucesivas negociaciones.

Por lo tanto, no se puede, de la noche a la mañana, desconocer esa realidad del movimiento sindical en el Estado y pretender imponer desde el gobierno modificaciones a las condiciones de trabajo existentes sin encontrar resistencias. Complicándola más aún con algunas declaraciones públicas de parte de las autoridades que pretileaban en la provocación.

Más aún, cuando esos planteos del gobierno no responden a malos resultados económicos de los bancos oficiales, sino que todo lo contrario, ya que en los últimos años éstos han tenido ganancias anuales nunca conocidas. Cabe preguntarse: ¿es todo mérito de los Directorios?
Si además, en este cuadro, están jugando corrientes sindicales mal llamadas "radicales" y "clasistas", disfrazadas de izquierdistas, que no buscan otra cosa que el caos, que no cumplen su función como militantes sindicales sino como militantes políticos al servicio de la oposición más reaccionaria y que además jamás aprueban ningún resultado de negociación; me parece que estamos ante un error de cálculo por parte del gobierno que no hizo otra cosa que agregar más dificultades a una situación ya compleja de por sí.

También es necesario analizar si el mecanismo previsto en la Ley de Negociación Colectiva está funcionando en el ámbito público de tal manera que sirva para evitar estos enfrentamientos que generalmente perjudican a la población.

La culminación de este proceso, que llevó casi dos años de conflicto, movilizaciones y negociaciones, se produjo en una asamblea de la banca oficial realizada el pasado sábado 12 de mayo con la participación de más de 1300 compañeros, que aprobaron por abrumadora mayoría un nuevo Convenio Colectivo que recoge en forma equilibrada las aspiraciones de las dos partes. Ello fue posible tras un proceso de maduración y búsqueda de consensos entre las corrientes sindicales históricas y comprometidas con la Unidad. Se hizo honor a 70 años de rica historia de AEBU.

Lo que se perdió fue tiempo, horas de trabajo y energía que debe dejar algunas enseñanzas para el futuro. Para todos.

La situación vivida pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno y su fuerza política comprendan que el relacionamiento con los sindicatos es un factor esencial para el buen curso del proyecto político y que el proceso de acumulación continúa y continuará siendo necesario para avanzar con las grandes mayorías de nuestro pueblo hacia un Uruguay mejor para todos los uruguayos.

Este proceso se debe hacer con el movimiento sindical atendiendo las particularidades en cada una de sus actividades sean éstas privadas o públicas.

Finalmente, destaco uno de los buenos aspectos del acuerdo que no tiene efecto salarial, se trata del mantenimiento del 100% de las vacantes. De esta forma se podrán sustituir a los 2800 funcionarios que se retiran por jubilación en los próximos siete años, contribuyendo a generar empleo para más jóvenes en nuestro país. Y también para seguir fortaleciendo el rol de los bancos públicos como motor del desarrollo nacional.