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Examen Periódico Universal y desafíos de las políticas públicas en derechos humanos.

Felipe Michelini

12.03.2019

Uruguay se presentó ante el Examen Periódico Universal (EPU), en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo fue creado en el año 2006, por   la comunidad internacional para evaluar la situación de derechos humanos de todos los Estados que la conforman. Se analizan y evalúan todos los países en forma periódica y todos los derechos sean civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o colectivos.

El mecanismo consolida la idea de "políticas públicas" como la forma en  que los Estados deben abordar los temas sustantivos en derechos humanos. Esta visión supera así, el concepto que un "no hacer" era suficiente para cumplir con las obligaciones en la materia.

El EPU es un método de supervisión mucho más equilibrado, transparente y sistemático que los anteriores. La metodología es novedosa. El procedimiento comienza con un documento que realiza cada país, que en este caso Uruguay envió en noviembre de 2018[1] y que recoge los informes de avance de medio período en 2009 y 2014. La realización de estas presentaciones está cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la colaboración de todos los Poderes y organismos del Estado. El informe contiene un resumen final de los logros alcanzados, así como los que tienen una resolución avanzada y los que no tuvieron avances aún. Los otros Estados pueden hacer preguntas y observaciones que en este caso ascendieron a 226 formuladas por 89 países.

El Consejo de Derechos Humanos presenta otro informe que es una compilación de las observaciones de las agencias de Naciones Unidas en la materia y de los relatores especiales de carácter temático.[2] Además, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel protagónico tanto en la conformación del informe como en la sesión de presentación del mismo.[3]

Luego, se realiza una sesión pública dónde se analizan todos los documentos. Estos son presentados por tres países, que en este caso fueron México, Bahréin y Sudáfrica. A posteriori Uruguay hace una presentación en sala a los efectos de responder a las preguntas que le formulen los otros Estados.

 

A esa sesión asistió fue una importante delegación uruguaya. Esta fue presidida por el Subsecretario Ariel Bergamino e integrada por representantes de los tres Poderes del Estado más el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo.

 La lectura de los documentos mencionados, más la presentación en la sesión, muestra un esfuerzo sincero como país en el sentido de identificar situaciones y problemas sin intentar ocultarlos, señalando los avances y las dificultades. 

Uruguay es parte de las nueve convenciones más importantes en materia de derechos humanos a nivel universal, así como también ha ratificado las de carácter regional. El Presidente de la delegación expresó que "la agenda de derechos humanos es transversal a todas las políticas nacionales y la consideración y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas y las acciones afirmativas a los grupos vulnerables, son elementos sustantivos en la confección de la agenda nacional.".

Las conclusiones en Ginebra, en la que Uruguay adelantó que aceptará las recomendaciones del informe final en los que se están ajustando detalles, incluye un conjunto de temas diversos como la situación de las mujeres, discriminación de personas por opción sexual, de la situación de niños, niñas y adolescentes y del sistema de justicia y penitenciario. 

Sería interesante y saludable para la democracia y el nivel del debate político, que todos los partidos expresaran su opinión, por una parte en cuanto a mantener la metodología de trabajo de Uruguay en relación al EPU, así como su abordaje de los temas sustantivos tratados en el informe final que se conocerá en los próximos días.

La lectura de los informes previos y de las preguntas de los estados, indica que es todo un reto abordar casi llegando a dos décadas de este siglo XXI, cual es la actualidad de las políticas públicas en materia de derechos humanos y cuáles deberían ser los desafíos para enfrentar en los próximos años. Más aún a sabiendas que muchos de los ítems de esa agenda deben ser abordados desde una perspectiva regional.  El EPU no tiene el abordaje regional pues aún funciona sobre la base de la responsabilidad estatal.

Es bueno tener presente que las políticas públicas son el conjunto de definiciones y acciones tomadas por el Estado y la sociedad para abordar determinado asunto socialmente relevante. Si hay una ausencia de política pública expresa, ya sea por negar o minimizar un problema o situación, eso en sí mismo  es una política pública, probablemente la peor de todas. Es mucho más saludable y productivo, tener una política pública explicita. Una que identifique una situación, señale las acciones que llevará adelante que debería ser sostenible en el tiempo y asumida por el Estado, pero también por otros actores relevantes de la sociedad como las organizaciones no gubernamentales.

Lo que se entiende como región vinculado al territorio es equivoco. La definición no es inocua pues es posible tener diferentes criterios. Uno puede tomar la región como todo el hemisferio vinculado a la Organización de Estados Americanos. Esta definición incluye a 34 países de América del Norte, Central, América y el Caribe. Un abordaje regional de este tenor nos lleva a comprender los  enormes desafíos que tenemos por delante ante las grandes diferencias entre los estados que la componen.

Otra posibilidad es la de circunscribir a la región simplemente como la de América Latina basándose en un abordaje de raíces ibéricas del desarrollo histórico de la región. Esto excluye a los países de cultura predominantemente anglosajona, francesa y holandesa. 

Criterios aún más restrictivos son los de tomar las alianzas políticas regionales como el MERCOSUR o la UNASUR (hoy en crisis). Otra alternativa es la de asumir definiciones geográficas como Cono sur o Sudamérica. Si vamos a las poblaciones, aún tenemos mayor complejidad, pues no necesariamente la persona típica es la que imaginamos cuando pensamos en los pobladores de estos territorios, ya que no es lo mismo identificar a un hombre urbano blanco de clase media a un campesino o integrante de una comunidad indígena, o una mujer. Asimismo, las poblaciones de nuestros países han generado corrientes transmigrantes de significativa importancia  fenómeno reciente de enorme trascendencia.

El concepto de derechos humanos, tampoco es sencillo. Estos pueden ser abordados desde un compromiso ético, una expresión sustantiva o fáctica, un sentimiento empático o emotivo, o un conjunto de normas de derecho que hacen que la persona los ostente por la sola condición de ser humano. Este último enfrenta las concepciones que ubican al estado como sujeto soberano, que es el único que puede disponer y establecer derechos. El desarrollo desde la finalización de la segunda guerra mundial ha estado orientado a limitar las capacidades estatales de los estados nacionales, a través del derecho internacional público y del derecho internacional de protección de los derechos humanos que tiene a la Declaración Universal como eje central en esta concepción, y a nivel regional a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

Realizadas estas aclaraciones previas, más allá de que entendemos por región, sabemos que vivimos en un mundo global que, en el desarrollo del transporte, el comercio y las comunicaciones se ha vuelto un mundo más intercomunicado e interrelacionado. Este mundo permite en forma exponencial aprovechar y optimizar las relaciones económicas y el desarrollo de nuestros pueblos, pero al mismo momento, hace que los impactos de la globalización acarreen mayores peligros y situaciones que vulneran los derechos humanos.

El tráfico de personas, de armas y sustancias prohibidas y el lavado de activos, en el marco de organizaciones criminales a gran escala como son el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, se aprovechan de las oportunidades de la globalización para el beneficio de criminales y mafiosos. Asimismo, para el aliento de actividades terroristas a gran escala.  

La globalización significa también el enorme poderío económico, tecnológico y financiero de grandes conglomerados empresariales que no tienen límite en su desarrollo, incluso planteando un esquema de derecho que pretende aislarlos de las normas de protección de los derechos humanos.

En este mundo globalizado, es que los pueblos de este continente se ubican en una de las regiones más desiguales del planeta, de índices alarmantes de pobreza extrema e indigencia, con un nivel de violencia urbana que lo hace uno de los más peligrosos territorios del planeta. Asimismo, presenta niveles de migración y desplazamiento de millones de personas que emigran en busca de mejores condiciones de vida.

Es entonces que debemos analizar dónde estamos en clave de políticas públicas. Algunos autores de prestigio de la academia han señalado diferentes criterios en cuanto a observar la vigencia de los derechos humanos.  Algunos han puesto el énfasis de identificar si se trata de violaciones masivas y sistemáticas de las aisladas y puntuales, de las endémicas en particular en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, el trato a las minorías o colectivos vulnerables, o las derivadas de situaciones del pasado reciente.  Otros han señalado como objeto de clasificación al pasado reciente, la legislación, las situaciones derivadas del conflicto armado, las violaciones endémicas y las fallas de los derechos económicos, sociales y culturales.

Prefiero poner énfasis en la adopción por parte de los estados de estándares mínimos en los compromisos internacionales y su internalización, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección y la adopción de otros nuevos para abordar fenómenos no comprendidos en los existentes, el trato a las situaciones del pasado reciente de actuación ilegal del estado o de situaciones de terrorismo de estado y las acciones en pos de la verdad, la memoria y la justicia y las situaciones de violación producto de cuadros endémicos, en particular de los colectivos más vulnerables o en caso de crisis social, política o económica.  

Pero visto el momento particular que estamos atravesando regionalmente, no deberíamos olvidar que el principal presupuesto para la existencia de políticas públicas en materia de derechos humanos es que vivamos en sociedades en paz. La guerra es una de las grandes generadoras de vulneración de derechos y el principal condicionante para la afrenta de la dignidad de las personas. Nuestro continente tiene muchas situaciones que no favorecen en el mejor de los casos la plena vigencia de los derechos humanos y otras que son directamente negatorias de los mismos. Sin embargo, el continente ha sido un espacio de paz interestatal y ese especial registro histórico no debiera dejar de ser así. No se trata de tomar partido en tal o cual situación política, pero debe ponerse especial énfasis en rechazar toda hipótesis de intervención armado que agrave aún más los problemas.

En materia de políticas públicas de derechos humanos, hay ciertos presupuestos que deberíamos tener presente en implementación. Se deben plantear políticas públicas que perduren en el tiempo desde la institucionalidad, que muchas veces está reflejada en la ley como parte del respeto y construcción del estado de derecho. 

Ese estado de derecho que garantice el pleno funcionamiento de una sociedad democrática con pleno goce de libertades de expresión y asociación, y con instituciones y poderes públicos que funcionen adecuadamente.

Esas políticas públicas deben tener en cuenta a la educación como un factor fundamental para su sustento y durabilidad en el tiempo. Una educación de calidad en valores de la dignidad humana es el mayor seguro para que esta se mantenga y se desarrolle en el marco de una sociedad democrática.

Las políticas públicas deben tener respaldo presupuestal adecuado para la consecución de objetivos determinados. No es posible sostener una política pública si no se discuten los fondos que se tendrán para su instalación, ejecución y evaluación. 

Las políticas públicas no deben prescindir de la sociedad civil organizada, cada uno desde su lugar respetándose las particularidades de cada uno, en especial la capacidad de crítica que las organizaciones no gubernamentales deben tener y desarrollar.

Las políticas públicas deben dar espacio al involucramiento de la academia y del pensamiento sistemático que aborde los problemas con libertad. No pude caerse en el simple voluntarismo desconociendo los avances de las diversas disciplinas que permiten un mejor abordaje de los complejos problemas sociales en los que debemos intervenir.

Por último, debe asumirse que las organizaciones intergubernamentales tanto del sistema universal como regional, tienen un rol esencial a desempeñar en la consolidación plena y construcción permanente de los derechos humanos, sin perjuicio que no deben estar exentos de la sana crítica para mejorar su impacto  y vigencia.

Volviendo al comienzo de la presentación de Uruguay ante el EPU, deberíamos estar muy orgullosos de que nuestro país haya presentado un informe sincero sobre los avances y desafíos que tiene en materia de derechos humanos. Reflejo de las políticas públicas llevadas adelante en estos últimos años. Sabemos además que esa agenda debe regionalizarse pues hay situaciones que solo se pueden resolver o mitigar desde un esfuerzo mancomunado de estados, sociedad civil y la academia.

 


[1] Ver  documento  A/HRC/WG.6/32/URY/1

[2] Ver  documento  A/HRC/WG.6/32/URY/2

 

 

 

 

 

[3]Ver documento A/HRC/WG.6/32/URY/3

 

 

 

 

 



Felipe Michelini

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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