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30.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Leiva recibía dinero de la droga para ingresarlo al circuito legal. Drogas y Prefectura siguieron la ruta y la Fiscalía de Lavado de Activos investiga cambios y cobranzas, entre ellos el Abitab de la esposa de Gandini.

La Operación Trazador dejó de ser solamente una incautación de más de 265 kilos de droga y una causa cerrada rápidamente con tres condenas. La investigación volvió a abrirse por donde probablemente se encuentre su capítulo más delicado: la ruta del dinero.

El fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez resolvió abrir una nueva investigación después de reunirse con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y recibir nueva información sobre los movimientos financieros vinculados a Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. La nueva causa ya tiene diligencias ordenadas y alcanza a otras personas y varios cambios de Montevideo.

Uno de los establecimientos que apareció durante la investigación policial es la agencia Abitab 71/02, propiedad de Laura Scalabrino, esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini. Pero para comprender cómo se llegó hasta allí hay que volver al comienzo de Trazador.

De la droga al dinero

La investigación comenzó sobre Henry Latorre, identificado como responsable del almacenamiento de droga. Las tareas de inteligencia permitieron establecer sus movimientos hasta que se realizaron tres allanamientos. El resultado fue una de las mayores incautaciones recientes: 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, además de dinero, vehículos, armas y municiones. Latorre terminó condenado a seis años y seis meses de prisión y su pareja, Jennyfer Méndez, a tres años.

Pero había otro hombre en la estructura: Pablo Leiva. Los investigadores observaron a Latorre llegar hasta su domicilio y entregarle primero un paquete y posteriormente una bolsa con dinero. Durante la audiencia judicial, Fiscalía sostuvo que Leiva recibía ese efectivo con conocimiento de que procedía del narcotráfico y tenía como cometido introducirlo en el circuito financiero legal.

En su domicilio y automóvil fueron encontrados casi $3 millones en efectivo, cuadernolas con anotaciones y su teléfono celular. Leiva fue condenado a dos años y seis meses. Hasta allí existe una cadena acreditada:

Latorre ? dinero proveniente del narcotráfico ? Leiva ? incorporación del dinero al circuito legal.

La documentación reunida previamente para este trabajo coincide con esa reconstrucción y diferencia ese circuito comprobado de una segunda cadena -cambios, intermediarios y centros de cobranza- que todavía debe ser establecida judicialmente.

Prefectura y Drogas siguieron la ruta

Aquí aparece un elemento fundamental. La investigación de Trazador no fue realizada únicamente por la Brigada Antidrogas. La División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN) participó junto con la DGRTID en los procedimientos.

Y mientras judicialmente el caso avanzó rápidamente hacia los acuerdos abreviados, los investigadores continuaron siguiendo el recorrido del dinero. Ese dato adquiere especial importancia porque solamente transcurrió un día entre los allanamientos y las condenas. Leiva fue detenido el 17 de septiembre y al día siguiente acordó con Fiscalía una condena mediante proceso abreviado.

Sin embargo, la investigación policial sobre el circuito financiero no había terminado. Fuentes policiales señalaron posteriormente que todavía buscaban elementos que permitieran reconstruir un posible esquema de lavado mediante distintas casas de cambio. La rapidez con que se resolvió judicialmente el caso provocó incluso cuestionamientos dentro de la propia Policía sobre cuánto se había profundizado la investigación financiera.

Además, fuentes de la investigación informaron que el acuerdo con Leiva se concretó antes de que estuviera disponible una profundización de la pericia de su teléfono.

Fiscalía General respondió posteriormente que todos los celulares incautados habían sido periciados, que la información fue incorporada a la carpeta y que al momento de los acuerdos no existían elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado.

Las dos versiones no son necesariamente incompatibles: pudo existir una primera extracción de información y una profundización posterior. Pero queda una pregunta concreta: qué información del teléfono de Leiva tenía Fiscalía cuando aceptó el abreviado, cuál apareció posteriormente y cuándo fue conocida.

El material recopilado para esta investigación ya identificaba exactamente ese punto como uno de los aspectos centrales que permanecían sin aclarar.

Aparece Monex

La investigación policial siguió avanzando. Durante el procedimiento apareció el nombre de Andrés Zugarramurdi, vinculado profesionalmente a Cambio Monex. Según información periodística sobre el registro audiovisual de la detención, Leiva manifestó que trabajaba para un cambio e identificó a "Andrés" y a Monex. Publicaciones posteriores sostuvieron además que Zugarramurdi figura como tesorero de esa empresa.

La documentación que sirvió de base para esta nota ya advertía que ese dato debía manejarse con precisión: la mención de Zugarramurdi provendría del propio Leiva durante el procedimiento, pero no existe hasta ahora una imputación fiscal pública contra Zugarramurdi que permita atribuirle participación en el lavado.

Según otra reconstrucción periodística, Leiva habría explicado durante su detención que "Andrés" le indicaba cambiar pesos por dólares en diferentes establecimientos. Esa información es ahora una de las líneas que deberá comprobar la nueva investigación.

La hipótesis policial comenzó entonces a ampliarse: el dinero podía ser distribuido entre diferentes cambios y locales de cobranza para evitar concentrar las operaciones. Y en ese recorrido apareció el establecimiento de la esposa de Gandini.

El Abitab de Laura Scalabrino

La agencia Abitab 71/02 pertenece a Laura Scalabrino, esposa de Jorge Gandini. Leiva concurría habitualmente al establecimiento. Eso ya no está discutido: el propio Gandini lo reconoció.

La cuestión que debe establecer Fiscalía es qué operaciones realizaba, con qué dinero y para quién. Gandini convocó una conferencia de prensa para rechazar cualquier vinculación de su familia con maniobras ilícitas. Aseguró que ni él ni su esposa conocían personalmente a Leiva y explicó que este ya era cliente del comercio antes de que Scalabrino adquiriera la franquicia.

Según su versión, Leiva no compraba ni vendía dólares allí. Pagaba facturas. Concretamente, obligaciones del BPS correspondientes a dos empresas constructoras y, ocasionalmente, otros tributos. Los montos podían alcanzar entre $300.000 y $400.000, e incluso Gandini posteriormente habló de operaciones de hasta $400.000 o $500.000.

Y apareció otro dato llamativo. Leiva manejaba cantidades importantes de billetes de baja denominación. Gandini reconoció que trabajadores del establecimiento lo llamaban habitualmente para pedirle "cambio chico", porque los billetes de $100 y $200 que utilizaba para sus pagos resultaban útiles para la operativa del local.

Gandini sostiene que esas operaciones eran completamente regulares. Pero introdujo él mismo un matiz relevante: dijo que Leiva pagaba recibos, aunque admitió que desconocía si esas facturas podían eventualmente estar vinculadas con alguna actividad destinada a blanquear dinero. Ese punto será precisamente uno de los que deberá reconstruir la Fiscalía.

Un negocio declarado en US$309.000

Hay además un elemento patrimonial que merece atención. En la declaración jurada presentada por Gandini ante la Junta de Transparencia y Ética Pública en agosto de 2025 aparece registrada como bien ganancial la Agencia Abitab 71/02 por un valor de US$309.000, equivalente entonces a $12.360.000.

Seis meses antes esa actividad no figuraba en su declaración, y Gandini explicó públicamente que su esposa había adquirido la franquicia hacía aproximadamente 13 meses.

El monto es considerable. Pero no existe información pública suficiente para afirmar que el establecimiento haya sido sobrevaluado o adquirido por un precio irregular. Para determinarlo habría que conocer el precio efectivamente pagado, los activos comprendidos, la facturación, el fondo de comercio y el valor de mercado de una agencia de esas características.

La pregunta periodística es otra: ¿Qué comprende exactamente la valuación de US$309.000 declarada ante la Jutep y cuál fue el precio efectivamente pagado por la adquisición del negocio?

"Están las 14 cámaras"

Gandini hizo de las cámaras de seguridad uno de los principales argumentos de su defensa. El establecimiento, explicó, mide apenas dos por cuatro metros y posee 14 cámaras: once pertenecientes a la red y tres propias. "Que vengan a investigar", reclamó públicamente, sosteniendo que las cámaras registran los movimientos realizados durante los 13 meses de funcionamiento bajo la administración de su esposa.

También destacó la existencia de un oficial de cumplimiento y controles informáticos sobre las operaciones. Según Gandini, si Leiva hubiera realizado una transacción fuera de los parámetros establecidos, el sistema debería haber generado una alerta. El dirigente nacionalista se puso, junto con su esposa y las encargadas del establecimiento, a disposición de Fiscalía.

Hasta ahora no existen elementos públicos que permitan afirmar que Gandini o Scalabrino conocieran el origen ilícito del dinero manejado por Leiva, y ninguno de los dos ha sido imputado por estos hechos.

De la Policía a una nueva Fiscalía

Lo decisivo ocurrió después. Drogas continuó investigando la ruta financiera y el fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez se reunió con los investigadores que habían trabajado en Trazador. Recibió información sobre el circuito del dinero y resolvió abrir una nueva investigación penal.

Algunas publicaciones describieron lo entregado como un "informe sobre el esquema de lavado". La información confirmada por otros medios señala que Rodríguez recibió nuevos elementos de los investigadores de Drogas sobre movimientos de dinero y decidió profundizar la investigación.

Aquí es necesario hacer una precisión. La DIVIN de Prefectura participó efectivamente de la Operación Trazador junto con Drogas, pero hasta ahora no se ha hecho público el documento original que permita afirmar que el reporte recibido por Rodríguez sea específicamente un "informe de Prefectura".

Lo comprobado es otra cosa: Drogas y Prefectura participaron de la investigación original; la Policía continuó siguiendo el circuito financiero después de las condenas; y la información surgida posteriormente terminó provocando la apertura de una nueva causa especializada en lavado de activos.

La nueva investigación ya produjo sus primeras diligencias. Serán indagadas otras personas y varios cambios de Montevideo, mientras el Banco Central realizó inspecciones en algunos establecimientos.

La paradoja de Trazador

La secuencia completa deja planteada una contradicción difícil de soslayar. La Justicia condenó rápidamente al hombre al que la propia Fiscalía atribuía la tarea de recibir dinero procedente del narcotráfico para introducirlo en el circuito financiero legal.

Pero cuando Leiva ya estaba condenado mediante un proceso abreviado, los investigadores todavía intentaban reconstruir precisamente ese circuito. Ahora una nueva Fiscalía deberá establecer adónde iba el dinero, qué casas de cambio y centros de cobranza fueron utilizados, quién daba las instrucciones, qué papel cumplía cada establecimiento y quiénes conocían realmente la procedencia de los fondos.

Entre esos establecimientos aparece el local perteneciente a la esposa de Gandini. También aparece Cambio Monex. Y la investigación alcanza a otras personas y comercios todavía no identificados públicamente. Nada de esto permite responsabilizar penalmente a Gandini ni a su esposa. Pero tampoco permite considerar terminado el caso. Al contrario.

La Operación Trazador parece haber ingresado recién ahora en la investigación que puede explicar el funcionamiento económico de la organización: seguir el dinero.

Y deja planteada una pregunta inevitable: Si Pablo Leiva era el hombre que recibía dinero del narcotráfico para introducirlo en el circuito legal, ¿por qué se cerró su participación mediante un proceso abreviado antes de terminar de reconstruir hacia dónde iba ese dinero, mediante qué establecimientos se movía y con quién se comunicaba para hacerlo?

Foto: Dinero incautado / Operación Trazador / gub.uy