Uruguay reduce a menos de la mitad los juicios internacionales tras derrotar a Aratirí
31.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El país pasó de siete arbitrajes a tres en un año. El fallo por US$ 3.536 millones fortalece la defensa del Estado, aunque persisten litigios millonarios.
Uruguay consiguió reducir de siete a tres los arbitrajes internacionales que enfrenta, tras una serie de fallos favorables y acuerdos con empresas extranjeras. El resultado más significativo fue la reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones de París, que rechazó definitivamente la demanda de los inversores vinculados al proyecto minero Aratirí, quienes reclamaban una indemnización de 3.536 millones de dólares.
Según informó El País, en noviembre de 2025 existían siete arbitrajes internacionales pendientes, mientras que actualmente permanecen tres procedimientos formales y una controversia en negociación que podría convertirse en un cuarto litigio.
Aratirí: una victoria jurídica millonaria
El fallo conocido esta semana representa el cierre de una controversia iniciada en 2018, cuando los inversores vinculados al frustrado emprendimiento minero reclamaron una indemnización por los cambios introducidos durante el gobierno de José Mujica.
La empresa sostenía que las decisiones estatales habían alterado las condiciones de inversión y provocado el abandono del proyecto de explotación de hierro.
En 2020, un tribunal arbitral falló favorablemente a Uruguay, pero los demandantes recurrieron la decisión ante la Justicia francesa. Después de sucesivas instancias judiciales, el Tribunal de Apelaciones de París ratificó el laudo original y rechazó las pretensiones de los inversores.
La resolución también habilita al Estado uruguayo a reclamar aproximadamente 4,5 millones de dólares por costas y costos procesales, además de una condena adicional en costas.
Una nueva estrategia de defensa del Estado
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, destacó que el gobierno modificó su estrategia jurídica internacional desde marzo de 2025. Entre las medidas adoptadas mencionó la contratación de nuevos especialistas, el cambio de estudios jurídicos y el fortalecimiento de los equipos encargados de representar al país.
También se incorporó como asesor honorario el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien había participado en la defensa uruguaya frente a demandas como la de Philip Morris. El Presupuesto Quinquenal creó, además, la Secretaría de Litigio Estratégico, destinada a coordinar la defensa jurídica del Estado.
Los litigios que todavía permanecen abiertos
Uno de los casos más importantes es el de la empresa canadiense ATCO, accionista minoritaria de Montecon, que reclama 240 millones de dólares por el acuerdo portuario con Katoen Natie.
El gobierno mantiene negociaciones para alcanzar una solución similar a la conseguida con la chilena Neltume Ports, que en setiembre desistió de su arbitraje contra Uruguay.
También continúa la demanda de la española Asesores Financieros Andalucía Occidental, que reclama 383 millones de dólares por la rescisión de un contrato vinculado a obras en la Ruta 1.
A estos procedimientos se suma el arbitraje promovido por el astillero español Cardama, después de que el gobierno rescindiera el contrato para construir dos patrulleras oceánicas.
Por otra parte, la empresa Veridos, de capitales alemanes y mexicanos, reclama 10,7 millones de dólares por servicios vinculados al control migratorio. El Poder Ejecutivo negocia para evitar que la controversia llegue a un arbitraje formal.
La defensa del patrimonio público
Los resultados recientes representan una reducción importante de la exposición del Estado a reclamaciones económicas internacionales, aunque no eliminan los riesgos derivados de los litigios pendientes. Uruguay cuenta con antecedentes favorables en controversias contra empresas como Philip Morris, Italba y Conecta, en las que consiguió defender sus decisiones ante tribunales internacionales.
La experiencia de Aratirí vuelve a demostrar la importancia de disponer de equipos jurídicos especializados y de mantener una estrategia institucional de largo plazo. El desafío será consolidar esos resultados y evitar que decisiones administrativas o contractuales generen nuevas controversias capaces de comprometer recursos públicos durante años.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
