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02.10.2026

Una afirmación de Magdalena Broquetas sobre la resistencia durante la dictadura y la respuesta desde diario El País obliga a discutir cómo contamos nuestra historia. La memoria democrática uruguaya no pertenece a ningún partido.

El disparador inmediato fue una entrevista de Broquetas con Jorge Balmelli en el programa de streaming Al Weso, dedicada a las derechas uruguayas, la guerrilla y la dictadura. A partir de esa entrevista, El País publicó al menos tres intervenciones muy duras en pocos días: el editorial La historia militante, del 20 de septiembre; el editorial Vocación de censurar, del 25; y La historia sesgada, del 28. A ellos se suma la columna El poder de la historia, que discute específicamente la caracterización de El País durante la dictadura.

Y en medio de este "fuego cruzado" me dispongo a tratar de confrontar todas esas afirmaciones (las de la respetable académica y la furiosa respuesta del medio) con la experiencia vivida en aquellos años.

Mi padre se llamaba Washington Legaspi. Todos lo conocían como el Morocho. Era blanco. Militaba en el Movimiento Nacional de Rocha desde su fundación.

En 1978 nuestra casa fue allanada y mi padre fue detenido por Inteligencia y Enlace. Yo tenía catorce años. Desde entonces empecé a acompañarlo a algunas reuniones en la Casa de los Lamas, aquel local del Movimiento Nacional de Rocha que permanecía -como escribí hace diez años- "abierta, semiabierta, empecinadamente abierta" cuando la actividad política estaba prohibida.

Recuerdo esto por una polémica que parecería académica, pero no lo es.

La historiadora Magdalena Broquetas sostuvo, en la mencionada entrevista, que entre 1973 y 1980 las acciones de resistencia correspondieron a la izquierda clandestina y que los partidos tradicionales no desarrollaron una "resistencia como tal" hasta después de 1980.

No puedo aceptar esa afirmación. No solamente por los libros. Yo estaba allí.

Dentro del país existió actividad clandestina nacionalista. Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Mario Heber -luego sustituido por Jorge Silveira Zavala- constituyeron un triunvirato clandestino del Partido Nacional. Hubo reuniones prohibidas, documentos mimeografiados, recorridas por el interior y contactos con Wilson Ferreira Aldunate desde el exilio.

El 17 de junio de 1976 Wilson compareció ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos y denunció la situación de los derechos humanos en Uruguay. Ese mismo año el Congreso estadounidense terminó eliminando los tres millones de dólares de ayuda militar previstos para nuestro país mediante la enmienda Koch.

El 29 de agosto de 1978 llegaron tres botellas de vino blanco envenenado destinadas a: Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber Usher, padre de Luis Alberto Heber.

La investigación histórica oficial de Presidencia señala que las tres botellas fueron recibidas en el domicilio de Lacalle Herrera y estaban individualmente dirigidas a esos tres dirigentes. Cada una llevaba una tarjeta que decía: "El jueves 31 brindaremos por la Patria, en su nueva etapa. MDN". 

El contexto es particularmente importante. Apenas cuatro días antes, el 25 de agosto de 1978, Mario Heber, Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz habían difundido, desde la conducción clandestina blanca, un comunicado reclamando el restablecimiento de la democracia. Además, los dirigentes habían mantenido contactos con el presidente de la Cámara de Diputados de España y habían defendido públicamente a Wilson Ferreira Aldunate, entonces requerido por la Justicia Militar. La dictadura llegó a sancionarlos reduciendo sus jubilaciones. 

El desenlace ocurrió el 5 de septiembre de 1978. María Cecilia Fontana Etchepare de Heber, esposa de Mario Heber y madre de Luis Alberto Heber, probó el vino destinado a su marido. Era la única persona que lo había bebido. El vino contenía una elevada concentración del pesticida Fosdrin y Cecilia murió envenenada. Tenía 49 años y cinco hijos. 

¿Eso no era resistencia?

También hubo oposición colorada. Amílcar Vasconcellos había advertido sobre el avance militar en Carta al pueblo uruguayo y luego en Febrero amargo. Vasconcellos, Jorge Batlle y Raumar Jude conformaron posteriormente un triunvirato clandestino.

¿Tampoco era resistencia?

En 1980 acompañé a mi padre a Trinidad, Flores, a repartir propaganda por el NO. Uno de nuestros afiches llevaba a Aparicio Saravia a caballo acompañado de aquella frase inmortal que le espetara a su hermano Basilisio en carta fechada el 6 de mayo de 1897, desde Caraguatá: "La Patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo". Los agentes de la dictadura en Flores entendieron correctamente: Aparicio Saravia, su frase y los que lo distribuíamos eran "subversivos". Terminamos detenidos.

Mi padre volvería a caer en manos de Inteligencia y Enlace. Ese mismo año la dictadura lo destituyó de la función pública.

En 2016 conté en estas mismas páginas lo que ocurrió después de una de aquellas detenciones: "Cuando salió no era el mismo de siempre". Se despertaba de madrugada gritando. Desde mi dormitorio lo escuchaba llorar. Y no había estado más de doce horas en Maldonado y Paraguay.

Nunca me dijo qué le habían hecho. Entonces tengo derecho, por lo menos, a formular una pregunta:

¿Qué estaba haciendo el Morocho Legaspi si aquello no era resistencia?

Pero sería igualmente falso utilizar su historia para construir ahora una reivindicación partidaria. Porque la izquierda resistió. Y sobre ella cayó una represión de una ferocidad que ninguna discusión historiográfica debería diluir.

La Operación Morgan, iniciada en 1975 contra las estructuras clandestinas del Partido Comunista y la UJC -y que alcanzó también al PVP- significó centenares de detenciones y secuestros y el funcionamiento de centros clandestinos donde la tortura fue sistemática. Los testimonios y documentos sobre aquellos lugares describen picana eléctrica, submarino, colgamientos, plantones, privación del sueño, violencia sexual y otras formas de tormento. El 300 Carlos fue uno de aquellos infiernos.

Eduardo Bleier, dirigente comunista, murió después de las torturas sufridas durante la Operación Morgan. Sus restos aparecieron décadas después en el Batallón 13. Julián Basilicio López, comunista de 66 años, murió en 1976 después de haber sido sometido a apremios físicos bajo custodia militar.

No fueron excesos aislados. Existió una maquinaria represiva destinada a destruir organizaciones y quebrar seres humanos.

Mientras mi padre era vigilado, detenido y finalmente destituido por ser un blanco que resistía, otros uruguayos eran torturados porque la dictadura se había propuesto destruir a la izquierda organizada.

Una verdad no disminuye a la otra.

Como tampoco debemos ocultar que sectores de izquierda -particularmente el Partido Comunista- hicieron en febrero de 1973 una lectura favorable de aspectos de los comunicados 4 y 7, imaginando la posibilidad de militares "peruanistas" capaces de impulsar transformaciones progresistas.

Fue un grave error político. Pero ese error no convierte a los comunistas en partidarios de la dictadura que después los persiguió ferozmente.

Y aquí aparece mi diferencia también con El País.

No comparto la ofensiva que el diario ha desarrollado contra Broquetas. Puede discutírsele su interpretación sobre la resistencia blanca. Pero eso no convierte en falsas sus investigaciones sobre las derechas radicalizadas, el anticomunismo y las corrientes autoritarias que actuaban mucho antes del golpe.

En La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958-1966), Broquetas investigó organizaciones anticomunistas, grupos de presión, sectores políticos, expresiones de extrema derecha nacionalista y proyectos autoritarios y militaristas que operaron en Uruguay durante aquellos años.

Y existe un documento estadounidense que resulta particularmente difícil de ignorar.

El 1º de diciembre de 1964, nueve años antes del golpe de Estado, un memorando del Departamento de Estado advertía sobre el deterioro de la situación uruguaya y señalaba que, por primera vez en muchos años, circulaban informaciones serias acerca de inquietud dentro de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de un golpe militar. El documento mencionaba incluso a sectores militares brasileños que podían favorecer una intervención en Uruguay si nuestro país no restringía las actividades de João Goulart y Leonel Brizola, exiliados aquí. 

Es decir: se podrá discutir cuánto pesaron aquellas derechas, qué relaciones mantuvieron entre ellas o cuánto influyeron en el desenlace de 1973. Lo que resulta bastante más difícil es sostener que no existieron.

Por eso puedo discutir a Broquetas cuando su interpretación disminuye o borra la resistencia democrática de blancos y colorados sin acompañar a El País cuando pretende convertir ese error en una refutación general de sus investigaciones.

Y el diario debería entrar en esta discusión aceptando también la incomodidad de su propia historia.

Washington Beltrán se opuso al quiebre institucional. Ese hecho debe ser reconocido. Pero tampoco ésa es toda la historia.

El actual director del diario, Martín Aguirre, reconoció recientemente que durante la dictadura el medio que ahora dirige publicó textos que provocan "pudor". Al revisar una edición de 1976 encontró un panegírico a Aparicio Méndez que él mismo calificó como "un bochorno". Y reconoció expresamente el apoyo de algunos directivos del periódico a la dictadura. 

El propio diario ha admitido también que existieron momentos importantes en los cuales sostuvo posiciones coincidentes con el gobierno de facto. Eso tampoco convierte toda la historia de El País en una historia de colaboración con la dictadura. Demuestra algo bastante más interesante. Demuestra que tampoco allí cabe una historia de una sola pieza.

Y ése es precisamente el problema de esta polémica. Hubo blancos que colaboraron con el régimen y blancos que lo combatieron. Colorados que acompañaron el proceso autoritario y colorados que defendieron la democracia. Una izquierda que cometió graves errores antes del golpe y que después sufrió cárcel, tortura, desaparición, exilio y muerte.

Mi propia familia me lo enseñó. En aquellas sobremesas de comienzos de los setenta convivían blancos, batllistas y comunistas. Mi padre era blanco. Rodney Arismendi, casado con mi tía Alcira Legaspi, era secretario general del Partido Comunista. Otro tío, de apellido Sanguinetti, era coronel batista y profundamente demócrata.

Después llegó la dictadura. Y persiguió a unos y a otros.

Por eso esta discusión importa. No para decidir qué partido puede exhibir más resistentes. No para reemplazar una memoria de izquierda por una memoria blanca. Ni para convertir los errores de unos en la absolución de los otros.

La memoria no puede convertirse en propiedad partidaria.

A Magdalena Broquetas hay que discutirle aquello que la documentación contradiga y reconocerle aquello que sus investigaciones demuestren. Lo mismo corresponde hacer con El País, con la izquierda, con los blancos y con nuestra propia memoria.

Porque cuando la historia se utiliza para distribuir retrospectivamente certificados de virtud, deja de ayudarnos a comprender.

Yo sólo puedo aportar una pequeña historia. La de un blanco llamado Washington Legaspi. Le allanaron la casa más de una vez. Lo detuvieron. Lo persiguieron. Lo destituyeron. Y una noche volvió de Inteligencia y Enlace y nunca volvió a dormir de la misma manera.

No necesito convertirlo en héroe. Pero tampoco estoy dispuesto a aceptar que alguien me diga que aquello no fue resistencia. Porque yo estaba allí.