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04.11.2026

El aporte de las grandes fortunas debe acompañarse de un compromiso del Estado con prioridades claras, plazos de cumplimiento, una gestión eficaz y cuentas públicas sobre cada peso invertido.

En la columna anterior, La cuenta del futuro se empieza a pagar hoy, planteamos la necesidad de discutir una mayor contribución de las grandes fortunas para atender las urgencias sociales y preparar al Uruguay para los cambios demográficos y tecnológicos. Esa discusión exige avanzar ahora sobre otra responsabilidad: qué debe comprometer el Estado cuando solicita un esfuerzo adicional y en qué plazos debe responder.

Defender una tributación más justa compromete también la forma de gobernar. Quienes tienen mayor capacidad económica deben aportar de acuerdo con ella. Al mismo tiempo, la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos, las metas previstas y los resultados alcanzados. La obligación tributaria no puede depender de que cada contribuyente apruebe una política; la rendición de cuentas, a su vez, debe ser una obligación permanente de quienes administran lo público.

Cuánto se recaudaría y quién aportaría

La primera exigencia es presentar las cifras con sus supuestos. El documento de investigadores del Instituto de Economía dirigido al PIT-CNT el 2 de julio de 2025 estimó una recaudación potencial de entre 600 y 800 millones de dólares para un gravamen anual del 1% al patrimonio del 1% más rico. Es un orden de magnitud sujeto al diseño y a las respuestas de los contribuyentes, no una recaudación asegurada por la administración tributaria.

Con ingresos anuales constantes, ese rango equivaldría aritméticamente a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares durante cinco años completos. Pero un gobierno no puede comprometer ese total sin explicar cuándo comenzaría a regir el aporte y cuánto demoraría la primera recaudación. Si la aplicación empieza avanzado el período, los recursos disponibles dentro de ese mandato serán distintos.

También debe precisarse quién aporta. Hablar de grandes fortunas requiere definir un mínimo exento, los bienes incluidos, las deudas deducibles y los criterios de valoración. La referencia al 1% más rico no sustituye esas reglas ni permite identificar contribuyentes mediante una lista de apellidos. El patrimonio neto, además, no equivale a dinero disponible en una cuenta bancaria.

La duración del aporte debe quedar explícita desde el comienzo. Una contribución extraordinaria puede financiar inversiones determinadas. Un programa que incorpora trabajadores y presta servicios todos los años necesita ingresos sostenidos. Si se propone un aporte temporal, corresponde explicar cómo continuarán las prestaciones cuando termine. La temporalidad es parte del diseño financiero y de la confianza en las reglas.

Cómo combinar contribución e inversión

Uruguay necesita inversión, empresas que produzcan y empleos de calidad. Ese objetivo debe incorporarse al diseño de una mayor contribución patrimonial. Corresponde evaluar los efectos sobre la actividad, la capacidad de pago y los incentivos para trasladar activos o cambiar la residencia fiscal. Sería irresponsable dar por inexistentes esos riesgos o utilizarlos como una prohibición de discutir cualquier cambio.

Las reglas deben ser previsibles y los plazos de adaptación razonables. Cuando el patrimonio está compuesto por inmuebles o participaciones empresariales, pueden existir dificultades de liquidez que requieran mecanismos específicos de pago. Esos mecanismos deben tener controles para evitar que se conviertan en privilegios o vías de elusión.

La gradualidad también necesita fechas y criterios de evaluación. Propongo que toda iniciativa incluya una estimación de ingresos adicionales, costos de administración y efectos esperados, con una revisión pública después de un período de aplicación expresamente definido. Evaluar debe servir para corregir con evidencia y mediante los procedimientos democráticos correspondientes.

Pedir mayor esfuerzo a quienes concentran riqueza y promover la producción exige una política coherente. Debemos explicar cómo se articulan las obligaciones de las personas con las condiciones para invertir, innovar y generar trabajo. Una gestión pública eficaz puede mejorar esas condiciones; ese beneficio debe demostrarse, sin suponer que compensará automáticamente cualquier costo tributario.

Qué futuro debemos financiar

Las proyecciones demográficas publicadas por el INE en julio de 2025 anticipan un Uruguay con una mayor proporción de personas mayores. En los próximos veinte o treinta años, sostener jubilaciones dignas, cuidados y atención de salud exigirá decisiones que comiencen antes de que las necesidades alcancen su mayor intensidad.

La transformación tecnológica agrega otra tarea. La inteligencia artificial puede modificar ocupaciones y procesos productivos. No corresponde asumir que todo empleo expuesto desaparecerá. Sí corresponde preparar capacidades para que los trabajadores puedan incorporar tecnología, formarse y encontrar alternativas cuando cambien sus tareas. Las pequeñas empresas también necesitan acceso a esa transformación.

El tiempo político debe considerar ambas escalas. Hay urgencias que requieren respuestas dentro del actual período de gobierno: seguridad, atención a las personas que viven en la calle y condiciones de vida y reinserción en las cárceles. Hay otras políticas cuyos efectos deberán sostenerse durante varios mandatos. Necesitamos distinguir esas etapas y asegurar continuidad institucional.

Para avanzar, cada prioridad debe tener un programa presupuestado. En seguridad, precisar qué se financiará en prevención e investigación. En situación de calle, definir apoyos de vivienda y atención sostenida. En el sistema carcelario, organizar educación, trabajo y acompañamiento al egreso. La misma recaudación no puede prometerse íntegramente a todos los destinos. Elegir y explicar prioridades es responsabilidad de gobierno.

Qué resultados debe garantizar el Estado

Propongo que cada programa financiado publique su presupuesto, sus metas y un balance anual de resultados. Esa información debería permitir comparar lo previsto con lo recaudado y lo ejecutado, identificar al organismo responsable y conocer las correcciones adoptadas. También debe distinguir cuánto se destinó a poner en marcha un servicio y cuánto a mantenerlo.

Los plazos deben corresponder al tipo de intervención. Contratar equipos, construir infraestructura y lograr una reinserción sostenida requieren tiempos diferentes. Por eso cada programa necesita una situación inicial documentada, etapas intermedias y una fecha de evaluación. No basta con anunciar una obra o contabilizar dinero gastado: hay que explicar qué cambió para las personas.

Los resultados sociales no pueden garantizarse como si fueran una operación automática. El Estado sí debe comprometer acciones bajo su responsabilidad, medir los efectos y explicar los incumplimientos. Propongo informes de avance semestrales y una evaluación anual pública, con información comprensible y acceso al control parlamentario y de los organismos competentes. Cuando una política falle, habrá que corregirla.

Para una izquierda democrática, administrar bien los recursos públicos forma parte de su compromiso con quienes más necesitan una respuesta. La transparencia permite discutir errores sin debilitar la institucionalidad y reconocer avances sin convertir la gestión en propaganda. La confianza ciudadana necesita esa relación entre las decisiones, los plazos y la vida cotidiana.

Cobrar más a los más ricos obliga a gobernar mejor porque aumenta la responsabilidad de transformar esos recursos en bienestar. Recaudar, ejecutar y transformar tienen tiempos distintos, pero deben formar parte de un mismo compromiso público, con etapas y resultados verificables durante cada período de gobierno.

El capital debe contribuir de manera justa y sostenida al desarrollo y al bienestar de la sociedad. Quienes gobiernan deben responder por el uso de ese aporte, por los plazos comprometidos y por las oportunidades que llegan a la gente. La justicia de lo que se recauda y la responsabilidad sobre lo que se hace con ello deben avanzar juntas.

Gerardo Amengual es integrante de la Dirección Nacional de SER, lista 141 FRENTE AMPLIO.

Fuentes de referencia

Investigadores del IECON, a título personal. Consideraciones sobre un impuesto a la riqueza. Nota al PIT-CNT, 2 de julio de 2025. https://pitcnt.uy/sites/default/files/2025-07/Consideraciones%20de%20impuesto%20riqueza.pdf

INE. Una sociedad que envejece, 24 de julio de 2025. https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/noticias/sociedad-envejece