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09.07.2026

Cuando Yamandú Orsi llegó a la Presidencia de la República, no lo hizo por ser el dirigente más brillante de su generación, ni por representar la corriente ideológica más definida del Frente Amplio. Tampoco llegó impulsado por una propuesta rupturista capaz de entusiasmar a la izquierda con un nuevo horizonte de transformaciones. Llegó porque inspiraba confianza.

Esa fue su mayor virtud política. Durante años construyó la imagen de un hombre sencillo, cercano, moderado, sin estridencias. Un dirigente que parecía vivir como cualquier uruguayo, que hablaba sin grandilocuencia y cuya principal fortaleza era la coherencia entre lo que decía y la forma en que se mostraba ante la sociedad.

En política esa confianza vale más que cualquier campaña publicitaria. Es un capital que se acumula lentamente y puede perderse mucho más rápido de lo que se construyó. Y precisamente allí reside hoy la principal debilidad del presidente.

No es la oposición. No es la economía. No es siquiera la complejidad de gobernar un país atravesado por incertidumbres internacionales. Lo que comienza a debilitar a Yamandú Orsi es la acumulación de contradicciones que erosionan el activo político que lo llevó hasta la Torre Ejecutiva.

Las contradicciones, por sí solas, no son un pecado. Gobernar obliga muchas veces a revisar posiciones, negociar y administrar tensiones. Toda democracia funciona sobre compromisos. Pero existe una diferencia entre adaptar una estrategia y transmitir la sensación de que el discurso cambia según las circunstancias.

Durante la campaña electoral, Orsi se presentó como el heredero de una tradición de izquierda popular, vinculada al legado de José Mujica, con un lenguaje de cercanía y sensibilidad social. Sin embargo, apenas instalado en el gobierno, el énfasis comenzó a desplazarse hacia otro terreno: atraer inversiones, ofrecer seguridad jurídica, revisar normas para facilitar proyectos privados y transmitir tranquilidad a los grandes actores económicos.

Nada de eso constituye, por sí mismo, un pecado político. Uruguay necesita crecer, atraer inversiones y generar empleo. El problema aparece cuando ese discurso convive con la promesa de transformar las relaciones de poder que producen desigualdad. Allí surge una pregunta inevitable: ¿dónde quedó el proyecto transformador?

La izquierda siempre sostuvo que el mercado debía estar subordinado al interés general. Hoy, en cambio, la sensación es que buena parte de la acción gubernamental consiste en convencer al mercado de que no tiene nada que temer.

La contradicción no termina allí.

Mientras se mantiene una estética de austeridad -seguir viviendo en Salinas, cultivar una imagen de sencillez, reivindicar los valores de la cercanía- comenzaron a aparecer episodios que golpean directamente esa construcción simbólica.

El caso de la camioneta adquirida con un descuento excepcional no fue únicamente una polémica administrativa. Fue, sobre todo, un problema político. Porque destruyó aquello que constituía el principal patrimonio presidencial: la percepción de igualdad ante las reglas y de distancia respecto de los privilegios.

Algo similar ocurre con la polémica por el no pago de la contribución inmobiliaria correspondiente a una de sus viviendas durante 2025. Más allá de las explicaciones jurídicas o administrativas que puedan ofrecerse, el daño político ya está hecho. La ciudadanía no suele juzgar solamente la legalidad de las conductas; juzga también la ejemplaridad de quienes ejercen el poder.

Y un presidente no puede permitirse aparecer discutiendo beneficios, descuentos o tributos personales cuando buena parte de la sociedad enfrenta dificultades para cumplir con sus propias obligaciones.

Los liderazgos democráticos viven tanto de la legitimidad institucional como de la autoridad moral. La primera la otorgan las urnas. La segunda se construye todos los días.

También sorprende la evolución del discurso en materia de seguridad. Las declaraciones sobre Nayib Bukele, presentadas con matices pero igualmente significativas, marcaron un punto de inflexión. Durante décadas, la izquierda uruguaya construyó su identidad reivindicando los derechos humanos, el garantismo institucional y el rechazo a las respuestas autoritarias. Cuando el propio presidente introduce elogios o comprensiones hacia experiencias que tensionan esos principios, inevitablemente genera desconcierto dentro de su propia fuerza política.

No se trata solamente de una frase desafortunada. Se trata del símbolo de una orientación política cada vez más inclinada hacia el pragmatismo, pragmatismo que atraviesa prácticamente todas las áreas del gobierno.

Se habla de fortalecer el Estado social, pero simultáneamente se insiste en facilitar inversiones y ofrecer certezas permanentes al capital.

Se promete combatir la desigualdad, pero se descartan reformas tributarias profundas capaces de alterar la concentración de la riqueza.

Se reivindica una agenda progresista mientras las prioridades aparecen dominadas por el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica.

Se convoca a la participación popular mientras las decisiones estratégicas descansan, cada vez más, sobre equipos técnicos y criterios de gobernabilidad.

Cada una de estas decisiones puede ser defendible de manera aislada. Lo preocupante es el patrón que conforman cuando se observan en conjunto.

La política no se evalúa únicamente por las medidas que adopta. También se juzga por el relato que consigue construir sobre ellas. Y el relato de este gobierno comienza a mostrar fisuras.

El Frente Amplio nació como una fuerza política que pretendía transformar la estructura económica y social del país. Rodney Arismendi hablaba de una democracia avanzada entendida como un proceso de ampliación permanente de derechos, de democratización económica y de participación popular. No concebía la izquierda como una simple administradora eficiente del capitalismo, sino como una herramienta para modificar las relaciones de poder existentes.

Ese horizonte parece hoy mucho más difuso. No porque el gobierno haya traicionado deliberadamente sus principios, sino porque el pragmatismo terminó ocupando el lugar de la estrategia.

Gobernar dejó de ser imaginar un país distinto para convertirse, muchas veces, en administrar correctamente el país existente. Y allí reside otra contradicción profunda.

Cuando una fuerza política deja de ofrecer un horizonte transformador, pierde parte de la legitimidad simbólica que la distingue de sus adversarios.

No basta con gestionar bien. Hay que explicar hacia dónde se quiere conducir a la sociedad.

Quizá la mayor paradoja sea que muchas de estas contradicciones no provienen de presiones de la oposición, sino de decisiones adoptadas por el propio gobierno. No fue la oposición la que instaló el episodio de la camioneta. No fue la oposición la que generó la controversia sobre los tributos de una vivienda. No fue la oposición la que produjo las tensiones entre el discurso histórico del Frente Amplio y la orientación cada vez más pragmática de la administración.

La oposición simplemente encontró un terreno fértil sobre el cual construir su crítica.

La política enseña una lección sencilla: los gobiernos rara vez comienzan a debilitarse por los ataques de sus adversarios. Empiezan a debilitarse cuando dejan de parecerse a la imagen con la que conquistaron la confianza ciudadana. Y eso es, precisamente, lo que empieza a ocurrir con Yamandú Orsi.

Su principal problema no es la economía. Tampoco la oposición parlamentaria. Ni siquiera las inevitables dificultades de gobernar. Su verdadera debilidad es mucho más profunda. Es la lenta erosión de la confianza. Porque un presidente puede sobrevivir a una mala encuesta, a una crisis económica o a una derrota parlamentaria. Lo que ningún presidente sobrevive indemne es a la pérdida de credibilidad.

Cuando la ciudadanía comienza a percibir que las palabras ya no coinciden con los hechos, el desgaste deja de ser coyuntural para convertirse en estructural.

Y recuperar la confianza, una vez perdida, suele ser mucho más difícil que ganar una elección.