UY Press - Agencia uruguaya de noticias

04.08.2026

En la primera parte de esta columna analizamos la distancia entre la promesa de cambio con la que Yamandú Orsi llegó al gobierno y una práctica política marcada por la moderación y la continuidad. Ahora la pregunta es más profunda: ¿puede una izquierda transformar la sociedad si convierte la administración de lo existente en el límite de lo posible?

El problema de Orsi no es sólo que sea demasiado moderado, sino que esa moderación no tiene una justificación política capaz de explicar por qué esa actitud debería producir una transformación.

Porque moderar una política para hacerla viable puede ser una virtud. Toda fuerza transformadora necesita construir mayorías, negociar, administrar tiempos y correlaciones de fuerzas. La política no se hace en el laboratorio de las ideas, sino en sociedades complejas, atravesadas por intereses diversos y por límites institucionales que ningún gobierno puede ignorar.

Pero una cosa es administrar esas restricciones y otra muy distinta convertirlas en el horizonte definitivo de la acción política. Cuando la moderación deja de ser un instrumento para transformarse en una identidad, el cambio comienza a diluirse. Y cuando el horizonte de transformación se adapta permanentemente a los intereses establecidos, la moderación termina siendo otra forma de continuidad.

Esa es, probablemente, la contradicción central del gobierno de Yamandú Orsi. Llegó a la Presidencia con una narrativa de cambio. Pero el cambio no puede medirse por el tono del discurso, por la cercanía del presidente con la gente o por la distancia simbólica respecto de la derecha. El cambio se mide por aquello que un gobierno está dispuesto a modificar cuando esa modificación afecta intereses reales. Ahí está la prueba. No cuando se anuncian políticas sociales, ni cuando se reivindica la sensibilidad frente a los sectores vulnerables, tampoco cuando se habla de un Uruguay más justo.

La verdadera prueba aparece cuando el objetivo de justicia social entra en conflicto con un interés económico poderoso. Es entonces cuando se descubre qué pesa más.

La continuidad también puede ser progresista

Hay una defensa posible -aunque sorprenda a algunos lectores- de la estrategia de Orsi que merece ser considerada.

Quizá el gobierno haya comprendido que el Uruguay contemporáneo no necesita rupturas, sino reformas graduales. Quizá el país tenga instituciones demasiado valiosas como para arriesgarlas en nombre de grandes experimentos. Quizá este progresismo haya aprendido de sus propios errores y haya llegado a la conclusión de que el desarrollo sólo puede construirse combinando inversión, estabilidad macroeconómica, crecimiento y protección social.

Ese razonamiento merece ser discutido seriamente. No toda izquierda necesita definirse por la ruptura. Existen tradiciones reformistas que han producido avances importantes en materia de derechos, bienestar y cohesión social. Pero precisamente por eso este gobierno necesita reformas.

Una izquierda que renuncia a la transformación radical no necesariamente deja de ser izquierda. Puede defender un reformismo ambicioso, capaz de ampliar derechos, reducir desigualdades y transformar gradualmente la estructura económica.

Sin embargo, el reformismo pierde sentido cuando las reformas dejan de modificar las relaciones de poder y pasan únicamente a administrar sus consecuencias. Distribuir mejor el ingreso es importante. Pero también importa discutir cómo se genera esa riqueza, quién controla los sectores estratégicos, cómo se distribuye el conocimiento, quién decide las prioridades productivas y cuál es el papel del Estado en ese proceso.

La cuestión, entonces, no es si se debe romper con el capitalismo. Esa es una simplificación que no ayuda a comprender el problema. La verdadera cuestión es otra: "¿pretende gobernarlo o transformarlo?". Son dos proyectos políticos profundamente distintos.

Administrar un capitalismo que funciona razonablemente bien puede producir buenos gobiernos -aunque difícilmente pueda afirmarse eso del actual-. Pero no alcanza para construir una izquierda transformadora.

El fantasma del progresismo domesticado

El riesgo que aparece en el horizonte es el del progresismo domesticado. Un progresismo que mantiene un discurso de sensibilidad social, amplía algunas políticas públicas, sostiene determinados derechos y conserva una retórica igualitaria, pero que evita tocar las estructuras económicas que reproducen la desigualdad.

Ese modelo puede mejorar las condiciones materiales de amplios sectores de la población. No sería justo desconocer esos avances.

Pero también tiene un límite político profundo. Corre el riesgo de convertir a la izquierda en una administradora más o menos eficiente pero "más humana" de un sistema que continúa reproduciendo las mismas concentraciones de riqueza, las mismas asimetrías de poder y las mismas dependencias estructurales.

En ese momento la política deja de discutir el modelo de desarrollo para concentrarse exclusivamente en administrar sus resultados. La desigualdad deja de ser un problema de organización económica para convertirse apenas en un problema de redistribución posterior. El conflicto social pierde centralidad y es sustituido por la gestión. La transformación cede lugar a la administración.

Y allí aparece una paradoja histórica. El Frente Amplio nació como una coalición que pretendía transformar las relaciones de poder de la sociedad uruguaya. No era solamente una alianza electoral; era la expresión política de una voluntad de cambio estructural.

Con el paso del tiempo, sus gobiernos demostraron que podían administrar el Estado con eficacia, ampliar derechos, reducir la pobreza y consolidar instituciones democráticas. Ese legado forma parte de su historia y sería un error desconocerlo.

Lo que todavía no está resuelto es otra pregunta, mucho más exigente: si el Frente Amplio del siglo XXI conserva un proyecto de transformación estructural o si ha terminado identificando la buena gestión con el objetivo final de la política.

Hasta ahora, el gobierno de Orsi parece mucho más preocupado por demostrar que puede gobernar con responsabilidad que por demostrar que puede cambiar las reglas del juego. Y gobernar responsablemente es una condición necesaria. Pero nunca ha sido suficiente para transformar una sociedad.

La pregunta que queda abierta

La discusión sobre el gobierno y la gestión de Orsi no debería reducirse a si el presidente es de izquierda, de centroizquierda o moderado. Esas etiquetas dicen poco. La pregunta verdaderamente relevante es otra: "¿Qué está dispuesto a cambiar cuando cambiar implica enfrentar intereses establecidos?"

Porque cualquier gobierno, incluso uno claramente conservador, puede hablar de igualdad, anunciar políticas sociales o reivindicar a los sectores vulnerables. Lo verdaderamente difícil es construir un modelo económico que produzca menos desigualdad desde su propio funcionamiento.

Eso requiere discutir producción, propiedad, inversión, salarios, productividad, concentración económica, tecnología, educación, innovación y desarrollo. Requiere, en definitiva, volver a discutir el poder. Volver a hablar de utopía, de revolución.

Y esa discusión parece ser justamente la que el progresismo uruguayo viene postergando desde hace demasiado tiempo. Por eso la contradicción de Orsi termina siendo también la contradicción de su propia fuerza política.

El presidente puede seguir hablando en nombre de una izquierda popular mientras gobierna con prudencia económica, busca atraer inversiones, procura ofrecer certezas a los mercados y preserva buena parte de los equilibrios existentes. Puede hacerlo, incluso, convencido de que esa es la mejor estrategia para el país.

Lo que ya no puede hacer es presentar esa opción como si fuera, por sí misma, un proyecto de transformación. Porque ha llegado el momento de definir qué significa realmente la palabra "cambio". Si cambiar consiste únicamente en administrar mejor lo existente, entonces la izquierda habrá renunciado silenciosamente a la parte más ambiciosa de su historia.

Si, en cambio, todavía aspira a construir una sociedad distinta, deberá volver a formular un horizonte capaz de discutir el desarrollo, la distribución del poder y el sentido mismo del progreso.

Esa respuesta determinará mucho más que el destino político de Yamandú Orsi. Determinará, probablemente, qué queda de la izquierda uruguaya como proyecto histórico.

Como señalábamos en la primera parte de esta serie, las contradicciones del gobierno no pueden juzgarse solamente por sus palabras. Ahora empiezan a expresarse en decisiones concretas: en la relación con el gran capital, en la orientación económica, en la política exterior y en la concepción misma del desarrollo.

Sobre esos hechos, y no sobre las palabras, se detendrán las próximas columnas. Allí podrá verse con mayor claridad si el cambio prometido fue el comienzo de una transformación o apenas una nueva forma de administrar la continuidad.