Seguro citrícola: el gobierno quiere que las empresas compartan un costo de US$ 6 millones anuales
31.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El Ejecutivo busca que las empresas financien parte del subsidio que protege a unos 2.000 trabajadores por mes. Economía advierte sobre su elevado costo.
El gobierno de Yamandú Orsi estudia la creación de un fondo permanente de estabilización laboral para los trabajadores de la industria citrícola, financiado conjuntamente por el Estado y las empresas del sector. La iniciativa busca sustituir el actual sistema de prórrogas anuales del seguro especial de desempleo, cuyo costo promedio alcanza los seis millones de dólares por año.
La propuesta está siendo analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en un contexto de preocupación por el peso presupuestal de los subsidios y la necesidad de garantizar ingresos a miles de trabajadores durante los períodos en que finaliza la cosecha.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, advirtió ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados que los recursos destinados a esta cobertura representan una carga importante para las cuentas públicas. «Es mucha plata; es mucha plata para los recursos de que disponemos», afirmó el jerarca, al explicar las dificultades presupuestales para mantener indefinidamente el actual régimen.
Un subsidio que alcanza a miles de trabajadores
El seguro especial de desempleo para la citricultura comenzó a aplicarse en 2012, como respuesta a las consecuencias de las heladas sobre la producción. Desde 2016, su utilización se volvió prácticamente permanente, mediante sucesivas extensiones aprobadas por el Parlamento.
El mecanismo protege a trabajadores vinculados a la cosecha, las plantas de clasificación y empaque de frutas -conocidas como packing- y la industria de elaboración de jugos. Según los datos presentados por Vallcorba, el seguro especial alcanza a unos 2.000 beneficiarios mensuales en promedio, aunque durante los períodos de mayor demanda puede aproximarse a las 3.000 personas.
El ingreso mensual que reciben los trabajadores ronda los 20.000 pesos, tanto en el seguro común como en el especial. El propio subsecretario reconoció que no se trata de una prestación elevada, aunque insistió en que debe analizarse su sostenibilidad financiera.
Entre enero y setiembre de 2026, el Estado destinó 536 millones de pesos, equivalentes a unos 13,4 millones de dólares, a los seguros de desempleo comunes y especiales de la actividad citrícola. De ese total, 133 millones correspondieron al seguro común y 353 millones al especial. Las autoridades aclararon que parte de los pagos realizados durante este año correspondía a prestaciones generadas en 2025.
Considerando el promedio de los últimos tres años, el costo anual del régimen especial se ubica en aproximadamente 250 millones de pesos, equivalentes a seis millones de dólares.
Las empresas también deberán contribuir
El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, explicó que el objetivo del gobierno es construir un mecanismo estable que distribuya las responsabilidades de financiamiento entre el sector público y los empresarios.
La propuesta consiste en crear un fondo de estabilización laboral que permita garantizar la cobertura de los trabajadores durante la poszafra, sin depender de decisiones parlamentarias excepcionales cada año. Di Doménico sostuvo que todos los actores involucrados deberían participar económicamente en el financiamiento del sistema.
Durante 2025 y 2026 se desarrollaron contactos con representantes empresariales y sindicales. Una de las principales instancias de intercambio tuvo lugar el 21 de julio en Salto, con participación de los tres sectores. Según el jerarca, existió disposición favorable para estudiar una alternativa permanente, aunque persisten diferencias sobre los porcentajes que correspondería aportar al Estado y a las empresas.
La zafralidad, un problema estructural
Uno de los argumentos centrales del Poder Ejecutivo es que la interrupción periódica del trabajo no constituye una situación excepcional, sino una característica propia de la producción citrícola. La actividad concentra buena parte de sus necesidades de mano de obra durante la cosecha y el procesamiento de frutas, mientras que fuera de ese período disminuye considerablemente la demanda laboral.
Vallcorba recordó que durante los últimos años se justificaron extensiones extraordinarias del seguro por fenómenos como las heladas, la sequía, la pandemia y los procesos de reconversión productiva. Sin embargo, señaló que varias de esas circunstancias ya no están presentes en 2026, por lo que considera necesario sustituir las soluciones transitorias por un instrumento adaptado a las características permanentes del sector.
El problema adquiere especial importancia en departamentos como Salto, Paysandú y Río Negro, donde la citricultura constituye una fuente relevante de empleo rural e industrial.
El Parlamento aprobó una nueva prórroga
Mientras se discute la creación del fondo, la Cámara de Representantes aprobó una nueva extensión del seguro especial de desempleo para los trabajadores citrícolas. La cobertura podrá extenderse hasta el 31 de marzo de 2027, aunque el régimen aprobado establece un máximo de 90 días de prestación por trabajador.
Esta limitación generó cuestionamientos de legisladores que reclamaron mantener una protección de seis meses, como había ocurrido en períodos anteriores. El diputado por Salto Álvaro Lima señaló que la reducción de los jornales y el acortamiento de las zafras obligan a encontrar soluciones para quienes dependen de esta actividad.
La discusión parlamentaria refleja las dificultades de compatibilizar las necesidades de protección social con las restricciones presupuestales y las características productivas de la citricultura.
Quién debe financiar la protección laboral
La iniciativa abre un debate que trasciende al sector citrícola: cómo distribuir entre el Estado y las empresas el costo de proteger a trabajadores afectados por modalidades productivas que generan períodos previsibles de desempleo.
El planteo gubernamental reconoce que la estacionalidad forma parte del funcionamiento habitual de la actividad y que, por lo tanto, su costo social no debería recaer exclusivamente sobre los recursos públicos. Al mismo tiempo, cualquier nuevo sistema deberá garantizar que los trabajadores mantengan una cobertura efectiva durante los meses en que no consiguen empleo.
El desafío será acordar un mecanismo que combine financiamiento sostenible, participación empresarial y protección suficiente para miles de familias del litoral uruguayo.
La decisión definitiva todavía está pendiente, pero el gobierno ya dejó planteada una orientación: convertir un subsidio excepcional, renovado durante más de una década, en un sistema permanente de protección laboral con responsabilidades compartidas.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
