Caso Gómez: dirigente blanco admite errores y denuncia un sistema "podrido" en las juntas
08.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Santiago Gutiérrez reconoció que el Partido Nacional reaccionó tarde ante el escándalo y cuestionó el manejo de fondos públicos para asesores. Anunció una propuesta de reforma.
El integrante del Directorio del Partido Nacional Santiago Gutiérrez Silva realizó una fuerte autocrítica sobre la actuación de su colectividad política frente al caso del edil montevideano Gonzalo Gómez, quien contrató con fondos públicos a un asesor posteriormente condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Gutiérrez reconoció que el partido reaccionó tarde, que careció de una estrategia de comunicación unificada y que el episodio dejó al descubierto problemas estructurales en el manejo de las partidas destinadas a los ediles departamentales.
En declaraciones al programa En Clave País, el dirigente sostuvo que el Partido Nacional hizo un mal manejo de la crisis y reconoció: "No lo manejamos profesionalmente como deberíamos". También admitió que la respuesta institucional se demoró más de lo conveniente y cuestionó que distintos dirigentes realizaran declaraciones públicas sin una posición común.
A su juicio, debió existir una sola voz partidaria y las posiciones personales no debieron interferir en la conducción del episodio.
Un asesor que cobró diez meses sin trabajar
El escándalo comenzó cuando se conoció que Pablo Leiva, contratado como asesor de Gómez en la Junta Departamental de Montevideo, había sido condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en una investigación vinculada al narcotráfico.
Pero el caso adquirió una nueva dimensión cuando el propio edil reconoció públicamente que Leiva había cobrado durante aproximadamente diez meses sin tener tareas asignadas. El salario era de unos $ 52.000 nominales mensuales, abonados con recursos de la Junta Departamental.
La admisión trasladó el centro de la controversia hacia el uso de fondos públicos y los mecanismos de contratación y control de los colaboradores de los ediles. Gutiérrez sostuvo que esa conducta justificaba la sanción partidaria, independientemente de que Gómez no estuviera involucrado en la investigación penal contra su exasesor.
El dirigente remarcó que el caso debía analizarse desde el punto de vista ético y político, ya que Gómez no figura como indagado ni como testigo en la causa judicial mencionada.
Dos años de suspensión y un pedido para dejar la banca
El Directorio del Partido Nacional resolvió por unanimidad suspender durante dos años los derechos y obligaciones partidarias de Gómez. La decisión implica su apartamiento de los órganos de dirección partidaria y estuvo acompañada por una exhortación a que deje temporalmente su banca en la Junta Departamental de Montevideo. Sin embargo, el partido no tiene facultades para obligarlo a renunciar o solicitar licencia en el legislativo departamental.
El Directorio también aceptó el compromiso del edil de devolver a la Junta Departamental el dinero correspondiente a los salarios abonados por tareas que no fueron realizadas. Gutiérrez manifestó su respaldo a las decisiones adoptadas y sostuvo que el edil cometió un error que debía tener consecuencias.
Aunque destacó su conocimiento personal de Gómez y su trayectoria de trabajo, señaló que quienes ejercen responsabilidades políticas deben asumir consecuencias que trascienden las valoraciones personales.
"Un sistema podrido" que nadie quiso cambiar
La parte más significativa de las declaraciones de Gutiérrez estuvo dirigida al régimen de partidas de las juntas departamentales.
El dirigente afirmó que el caso dejó al descubierto un problema que existe desde hace muchos años y que, según su interpretación, los partidos políticos evitaron enfrentar.
Lo definió como un "sistema podrido" en la utilización de las partidas destinadas al funcionamiento de los legislativos departamentales.
Gutiérrez consideró particularmente cuestionable el mecanismo vigente en Montevideo, donde los ediles ejercen formalmente cargos honorarios, pero disponen de recursos para contratar personal y financiar distintas actividades.
A su juicio, esa combinación produce un sistema contradictorio y poco transparente. El dirigente planteó que una alternativa sería establecer una remuneración formal para los ediles, en lugar de mantener mecanismos indirectos de compensación económica.
Argumentó que resulta contradictorio exigir dedicación y profesionalismo a quienes ejercen responsabilidades políticas mientras se mantiene el carácter honorario de sus cargos.
El Partido Nacional prepara una reforma
Gutiérrez anunció que Martín Lema, presidente de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, comenzará a trabajar con ediles y técnicos en una propuesta para modificar el régimen actual. El dirigente reconoció que una transformación profunda podría requerir una reforma constitucional, aunque también mencionó la posibilidad de explorar una ley interpretativa.
La Constitución establece el carácter honorario de los cargos de los integrantes de las juntas departamentales, por lo que cualquier modificación de ese principio plantea dificultades jurídicas. Gutiérrez sostuvo que el problema no debería limitarse al Partido Nacional y sugirió que situaciones similares podrían existir en otros partidos políticos.
En ese sentido, interpretó que la escasa intervención pública de dirigentes de otras colectividades sobre el régimen general de partidas podría estar relacionada con la extensión de esas prácticas. Se trata de una apreciación política del dirigente, no de una constatación de irregularidades específicas en otros partidos.
De la responsabilidad individual a los controles públicos
Las declaraciones de Gutiérrez incorporan una nueva dimensión a la controversia. Hasta ahora, la respuesta del Partido Nacional estuvo centrada en establecer responsabilidades éticas por la contratación de un asesor que recibió dinero público sin cumplir funciones.
Pero la autocrítica del dirigente plantea que el problema también está en las reglas que permiten administrar esas partidas y en los controles sobre su utilización.
La discusión incluye cuestiones que exceden el caso Gómez: quién autoriza las contrataciones, cómo se verifican las tareas realizadas, qué documentación debe respaldar los pagos y qué mecanismos existen para controlar los recursos.
El episodio también reabrió el debate sobre la conveniencia de mantener el carácter honorario de los ediles mientras administran partidas destinadas a asesores y secretarías.
La sanción a Gómez resolvió una responsabilidad dentro del Partido Nacional, pero no modificó el sistema que permitió pagar durante meses un salario público sin contraprestación laboral. Esa es ahora la discusión que el propio Gutiérrez reclama enfrentar.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
