Caso Gómez sacude a las 19 juntas: el Tribunal de Cuentas pone la lupa sobre sus gastos
07.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El organismo analizará reforzar los controles sobre partidas, asesores y secretarios de las 19 juntas, tras una denuncia que reclama investigar el uso de fondos públicos.
El caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez dejó de ser un problema circunscripto a la Junta Departamental de Montevideo y abrió una discusión de alcance nacional. El Tribunal de Cuentas (TCR) analizará este miércoles la posibilidad de aumentar su intervención sobre los gastos y pagos realizados por las 19 juntas departamentales.
El organismo, presidido por Francisco Gallinal, tiene facultades constitucionales para controlar esos recursos y acumula antecedentes de observaciones a los legislativos departamentales. Ahora deberá definir si profundiza esa fiscalización y si previamente solicita un informe a su División Jurídica.
La discusión tomó nuevo impulso a partir de una denuncia presentada por 36 ciudadanos integrantes del Movimiento Nacional Constituyente, que reclamaron examinar el régimen de utilización de los recursos públicos destinados a ediles, asesores, secretarios y funcionarios de las juntas de todo el país.
El planteo se produjo después de que el caso Gómez expusiera públicamente las debilidades de los mecanismos de control sobre algunas de esas partidas.
Partidas bajo observación
El Tribunal de Cuentas diferencia entre los gastos destinados a compensar costos derivados del ejercicio de la función de los ediles -como alimentación, alojamiento o traslados- y aquellos que pueden adquirir naturaleza retributiva.
Los primeros pueden ser considerados indemnizatorios o resarcitorios. En cambio, el organismo ha observado partidas destinadas a secretarías, asesoramiento y funciones similares cuando entiende que contradicen el carácter honorario que la Constitución establece para los integrantes de las juntas departamentales.
El asunto adquirió particular notoriedad en Montevideo. Los ediles capitalinos disponen de una partida mensual de unos $ 260.000 para secretaría y pueden contratar hasta cinco personas. El funcionamiento de ese sistema quedó bajo cuestionamiento luego de conocerse que Gómez había contratado como asesor a Pablo Leiva, posteriormente condenado por lavado de activos, sin haberle asignado tareas.
Pero el problema no se limita a Montevideo. Un relevamiento publicado por diario El País indicó que 15 de las 19 juntas departamentales reciben observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas vinculadas con este tipo de partidas y beneficios. Los mecanismos difieren entre departamentos y las observaciones alcanzan juntas con mayorías políticas diferentes.
La ruta del dinero
La denuncia presentada ante el TCR reclama ir más allá de la existencia formal de las contrataciones y determinar qué ocurre efectivamente con los recursos.
Uno de los puntos centrales es establecer si las personas contratadas realizan las tareas por las cuales reciben dinero público y si existen mecanismos suficientes de documentación y rendición de cuentas.
También se cuestiona la eventual utilización de partidas destinadas a asesores o secretarios para financiar actividades partidarias ajenas al funcionamiento de las juntas departamentales.
Los denunciantes invocaron los artículos 140 y 141 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), referidos a los procedimientos que deben seguirse cuando existen presunciones de irregularidades en el manejo de fondos públicos capaces de ocasionar perjuicios al Estado.
El Tribunal de Cuentas deberá resolver si hace lugar a la denuncia y qué alcance tendrá una eventual intervención.
Un problema que excede a Gómez
La controversia volvió a poner sobre la mesa una contradicción histórica. La Constitución establece que los cargos de los miembros de las juntas departamentales son honorarios. Sin embargo, con el paso de los años se desarrollaron en distintos departamentos mecanismos de partidas, viáticos, secretarías y asesorías que han sido reiteradamente observados cuando el Tribunal considera que funcionan, en los hechos, como formas indirectas de remuneración.
El caso Gómez expuso además otro problema: la capacidad real de controlar que los recursos destinados a contratar colaboradores tengan una contraprestación efectiva.
La polémica ya produjo consecuencias dentro del Partido Nacional, que comenzó a revisar contrataciones y pases en comisión de sus ediles montevideanos, y ahora alcanza directamente a los organismos nacionales de contralor.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por su parte, tiene en trámite siete denuncias surgidas después de que estallara el caso.
El episodio que comenzó con la contratación de un asesor por parte de un edil terminó así abriendo una discusión mucho más amplia: cómo se gastan, quién controla y quién termina recibiendo los recursos públicos destinados al funcionamiento político de las 19 juntas departamentales del país.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
