Caso Miralles: Jurídica de Presidencia desautoriza los argumentos de Lustemberg
13.11.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Un informe jurídico calificó de «arbitraria» la reducción de cinco a tres años de la inhabilitación de la anestesista y rechazó que existieran hechos nuevos para justificar la rectificación.
La Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República contradijo los argumentos utilizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para justificar la reducción de la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
Un dictamen fechado el 5 de noviembre, al que accedió diario El País, sostiene que la decisión adoptada por la ministra Cristina Lustemberg en octubre de 2025, cuando redujo de cinco a tres años la inhabilitación profesional, fue «arbitraria» y careció de fundamentación suficiente.
El documento, firmado por Mariana Errazquin y Gonzalo Chiribao y elevado al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, establece una discrepancia sustancial con los argumentos de la División de Servicios Jurídicos del MSP.
No existieron hechos nuevos, según Presidencia
El informe ministerial del 28 de octubre de 2026, elaborado por el entonces director jurídico Martín Esposto, había sostenido que la reducción inicial de la sanción estaba ajustada a derecho, pero que posteriormente surgieron nuevos elementos que justificaban restablecer los cinco años de inhabilitación.
Entre esos elementos mencionaba la condena penal de Miralles, dictada en diciembre de 2025 mediante un proceso abreviado. Sin embargo, los asesores de Presidencia concluyeron que las irregularidades profesionales ya estaban suficientemente acreditadas en el expediente administrativo antes de aquella sentencia judicial.
La Comisión Honoraria de Salud Pública había establecido cuatro apartamientos graves de las normas de actuación médica, entre ellos una extubación prematura, deficiencias en la atención posterior al paro cardiorrespiratorio, ausencias del quirófano sin garantizar una supervisión adecuada y omisiones en los registros anestésicos.
Para Jurídica de Presidencia, esos antecedentes justificaban la sanción original de cinco años, impuesta en diciembre de 2024, sin necesidad de recurrir a nuevos elementos.
Una resolución sin fundamentación suficiente
El dictamen también cuestiona los argumentos empleados por el MSP para disminuir la sanción. Según los asesores presidenciales, la cartera invocó principios de proporcionalidad y gradualidad, pero no explicó por qué la inhabilitación original resultaba excesiva ni identificó circunstancias atenuantes que justificaran reducirla.
El documento sostiene que se utilizaron fórmulas genéricas que no satisfacían las exigencias de motivación de los actos administrativos. Por esa razón, consideró que la reducción de la sanción afectaba la legalidad de la resolución ministerial.
La decisión de Lustemberg había provocado una crisis en la Comisión Honoraria de Salud Pública, con la renuncia de 11 de sus 13 integrantes.
Renuncia en Jurídica del MSP
La controversia tuvo una nueva consecuencia este jueves, cuando Martín Esposto presentó su renuncia a la dirección de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública.
El funcionario había intervenido tanto en el informe que respaldó la reducción de la sanción en 2025 como en el documento posterior que recomendó restablecer los cinco años. En su carta de dimisión alegó razones personales y defendió la profesionalidad con la que desempeñó sus funciones.
Orsi respaldó a la ministra
El presidente Yamandú Orsi reconoció que existieron diferencias entre los equipos jurídicos del MSP y Presidencia, pero respaldó a Lustemberg. El mandatario sostuvo que la ministra había actuado sobre la base de asesoramientos técnicos y que la revisión posterior permitió corregir la decisión inicial.
Lustemberg, por su parte, señaló que los informes jurídicos pueden presentar discrepancias y destacó que la resolución que restableció los cinco años fue firmada conjuntamente con el presidente. La ministra también indicó que el asunto continúa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Interpelación parlamentaria
El Partido Nacional anunció que interpelará a Lustemberg en la Cámara de Representantes, cuestionando su actuación en el expediente. La iniciativa, impulsada por el diputado Federico Casaretto, cuenta con el respaldo de otros sectores opositores.
El caso presenta ahora una contradicción jurídica dentro del propio Poder Ejecutivo: mientras el MSP defendió inicialmente la legalidad de la reducción, la Asesoría Jurídica de Presidencia concluyó que aquella decisión carecía de fundamentos suficientes.
Aunque ambas dependencias coincidieron finalmente en restablecer los cinco años de inhabilitación, discreparon sobre las razones jurídicas para hacerlo. La controversia se mantiene abierta en el plano administrativo, judicial y político, mientras la familia de Soledad Barrera continúa reclamando responsabilidades por lo ocurrido.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
