UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.02.2026

MONTEVIDEO (UYPRESS/EV) La peor estafa de la historia de la Armada y las Fuerzas Armadas concluyó hoy con una conferencia de prensa donde el Presidente de la República Yamandú Orsi anunció que luego de un largo y minucioso proceso y con la confirmación de varias estafas, por parte de la empresa española Cardama S.A. de Vigo, relacionadas con un contrato para construir 2 patrullas oceánicas de 86 metros de eslora y 1.700 toneladas de desplazamiento se rescindía definitivamente el contrato firmado el 15 de diciembre del año 2023, por el gobierno de Lacalle Pou.

Además de las acciones penales iniciadas ante la fiscalía el pasado 22 de octubre del 2025 por el aval inexistente, emitido por una empresa inexistente, EuroCommerce, que agregó varios otros intentos de estafa con la renovación del mismo aval, manipulado y con graves errores de fechas, a los que se agregó la falta de una garantía para el rembolso de los 30 millones de dólares ya pagados por Uruguay, que había presentado la empresa Redbrigde y fue aceptado por las autoridades del anterior Ministerio de Defensa durante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou. Gran promotor de esta compra, a toda costa secundado de su Ministro de Defensa Javier García.

El Ministerio aceptó un documento de "Términos y Condiciones" (un binder o compromiso de seguro, a finales de 2024 la que permitió "destrabar" administrativamente el contrato para pasar a la fase de pagos.

Con la documentación de Redbridge ya validada por los servicios jurídicos del Ministerio (bajo la gestión de Armando Castaingdebat), se procedió al desembolso de  8.220 millones de euros que se hizo efectivo a mediados de enero de 2025.

La "operación relámpago": Se realizó mediante la apertura de una carta de crédito en el Banco República (BROU) apenas unos días antes del cambio de mando presidencial en Uruguay, lo que generó fuertes críticas y auditorías posteriores.

Redbridge ha declarado que aquella presentación de 2024 no constituía una póliza final, sino un aviso de intención que nunca se formalizó porque el astillero no pagó la prima correspondiente y cuando envío la póliza, tenía serias diferencias con los "Terminos y Condiciones", además que esta empresa con sede en Barbados, el Estado de la Florida EE.UU. y Uruguay, especializada en seguros de salud, no tiene ni la calificación requerida, ni los antecedentes mínimos para un seguro de 90 millones de dólares.

Por esos dos elementos legales, o mejor dicho totalmente ilegales, es que el gobierno uruguayo, culminando el proceso iniciando el 22 de octubre de 2025, rescindió  definitivamente con el contrato con Cardama S.A.

Al proceso penal iniciado ante la fiscalía de Uruguay en esa fecha, ahora se suman las causas civiles por las serias irregularidades en la construcción de las embarcaciones, comprobadas por múltiples informes de los capitanes de navio enviados por el Estado uruguayo el año pasado para controlar el proceso constructivo y que en muchas oportunidades señalaron  irregularidades de todo tipo, que fueron confirmadas por una auditoria independiente del Bureau Veritas, cuyo informe técnico fue entregado el pasado 16 de enero del 2026 a las autoridades uruguayas.

Versón completa del informe:

EXCLUSIVO / El Informe Técnico del Bureau Veritas que destroza a CARDAMA y EL PAIS

Incluso el diario blanco El País, que al inicio tituló una gran mentira con mucho impetú, lentamente se fue replegando y aceptando lo inevitable: los problemas constructivos del astillero Cardama eran muy importantes y la fecha de entrega prevista en el contrato incumplible.

Este es el primer gran golpe político, institucional y personal al gobierno de Luis Lacalle Pou, en especial a su ministro de Defensa Javier García y a varios oficiales de la Armada que se hicieron cómplices de esta estafa. Uruguay ya lleva pagados 30 millones de dólares.

Aunque habrá que esperar el avance de las investigaciones de Alejandro Machado, titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, donde fue presentada por el actual gobierno uruguayo (encabezado por el presidente Yamandú Orsi) la denuncia por presuntos delitos de fraude y estafa al Estado, la sanción política para el anterior gobierno es muy severa y los peligros de condenas penales muy serias.

El llamado CRADAMAGATE, tiene un significado muy importante para la política y la institucionalidad uruguaya, porque a este escándalo hay que sumar la serie ininterrumpida de inmoralidades que se produjeron durante el gobierno de Lacalle Pou, como la cesión del puerto de Montevideo por 60 años de forma monopólica a la empresa belga Katoen Natie, recientemente anulada por el TCA, la entrega de un pasaporte uruguayo al mayor narcotraficante uruguayo y del cono sur Sebastían Marset, mientras estaba detenido en Dubai; el procesamiento del jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, acusado de múltiples delitos, el uso del aparato del Estado para influir en la causa por pedofilia del senador blanco Gustavo Penadés, los escándalos en la Salud Pública y en ASSE. Para mencionar los más notorios.

La ciudadanía en múltiples manifestaciones de desapego a la política y los políticos, necesitaba señales claras de que se cuida el patrimonio nacional y se castiga a los responsables de delitos contra el Estado.

Este es un primer paso muy importante.  Habrá que seguir investigando periodísticamente que otras empresas varias están directamente involucradas. Puede haber sorpresas.