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24.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La Coalición Republicana anunció que denunciará penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el presunto delito de abuso innominado de funciones.

El anuncio fue realizado este lunes en conferencia de prensa por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, contraponiendo a la posición del oficialismo que señaló al expresidente Lacalle Pou como el principal responsable político en el caso Cardama, así como a los exministros Javier García y Armando Castaingdebat.

Abdala sostuvo que las principales irregularidades del caso se produjeron a partir del 1° de marzo de 2025 y apuntó directamente contra la actuación de la ministra. "Estamos terminando de redactar y vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra Lazo por el delito de abuso innominado de funciones", afirmó Abdala.

"Las verdaderas irregularidades acontecieron a partir del 1° de marzo de 2025. En particular, en el mes de mayo quedó demostrado que estaba tomada la decisión de terminar con el contrato. Sin embargo, en junio se pagaron 12 millones de euros y se siguió adelante", sostuvo.

Abdala afirmó que durante siete meses se omitieron controles y tareas de seguimiento sobre la construcción de las embarcaciones, y cuestionó que el Gobierno continuara cumpliendo con las obligaciones financieras del contrato pese a tener la decisión tomada de rescindirlo. "La actual administración pagó 20 millones de euros con relación a la ejecución de un contrato que ya tenía dispuesto terminar desde el inicio", afirmó.

El diputado, según recoge Montevideo Portal, también responsabilizó a Lazo por haber permitido que personas ajenas al Ministerio de Defensa participaran durante varios meses en investigaciones vinculadas con el caso.

"La ministra Lazo es responsable por la participación y por haber decidido que personas extrañas al Ministerio de Defensa Nacional, durante varios meses, intervinieran en la realización de pesquisas, en obtener información que era confidencial y reservada y en citar a declarar a almirantes de la Armada Nacional, al propio comandante en jefe de la Armada", afirmó.

Según Abdala, esas actuaciones posteriormente sirvieron como base para investigaciones administrativas realizadas por el propio Ministerio de Defensa. A su entender, se trató de conductas que "notoriamente implican un abuso de funciones por parte de la ministra y, eventualmente, una usurpación de funciones" por parte de quienes intervinieron en esas tareas.

Durante la conferencia de prensa, otros integrantes de la Coalición Republicana también cuestionaron la decisión de rescindir el contrato y defendieron el proceso de compra realizado durante el gobierno anterior.

El diputado colorado Maximiliano Campos sostuvo que la contratación de Cardama se ajustó a derecho, estuvo avalada por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y no recibió observaciones del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli afirmó que, tras cinco meses de trabajo, los cuatro informes elaborados por la comisión investigadora no plantean ningún acto de corrupción. "Estamos frente a una maniobra política de muy mala fe que va a traer perjuicios al Uruguay. No tenemos patrulleras, hemos pagado 28 millones de euros, no sabemos cuánto vamos a perder", sostuvo.

Imagen: adhocFOTOS/Mauricio Zina