Puerto: Propuesta de nueva terminal reabre al gobierno el frente con Katoen Natie
10.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Neltume Ports, accionista de Montecon presentó un proyecto de US$ 900 millones para competir en contenedores, mientras el gobierno analiza con cautela el posible impacto jurídico y contractual sobre el acuerdo vigente con Katoen Natie.
El gobierno analiza con cautela una nueva iniciativa privada que puede reabrir uno de los capítulos más sensibles de la política portuaria uruguaya: la relación con Katoen Natie y el alcance del contrato que asegura a Terminal Cuenca del Plata (TCP) un papel predominante en el movimiento de contenedores del puerto de Montevideo, según informa diario El País.
Neltume Ports, principal accionista de Montecon y competidor directo de TCP, presentó formalmente ante Presidencia un proyecto para construir una segunda terminal especializada de contenedores, con una inversión estimada de US$ 900 millones, capacidad para mover más de un millón de TEUs al año y una proyección de unos 1.800 puestos de trabajo.
La iniciativa plantea competir "en igualdad de condiciones" con la terminal operada por TCP, cuyo accionista mayoritario es la multinacional belga Katoen Natie. Pero precisamente allí aparece la principal preocupación oficial.
El Poder Ejecutivo deberá determinar hasta qué punto autorizar una nueva terminal resulta compatible con los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en el acuerdo firmado con Katoen Natie durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que extendió la concesión de TCP por varias décadas y modificó sustancialmente las reglas de operación de contenedores dentro del puerto.
Una propuesta que creció de US$ 300 a US$ 900 millones
La idea de Neltume no es completamente nueva. En agosto, directivos de la empresa habían comunicado al gobierno su interés en invertir aproximadamente US$ 300 millones en una nueva terminal especializada, con varios puestos de atraque para buques oceánicos y un área específica para carga en tránsito.
La propuesta formalizada ahora es considerablemente más ambiciosa. Según la empresa, la denominada Montevideo Container Terminal (MCT) demandaría unos US$ 900 millones y tendría infraestructura de última generación, capacidad superior al millón de TEUs anuales y una perspectiva de largo plazo orientada a mejorar la competitividad logística del país.
El proyecto llega, además, en un momento especialmente delicado para TCP. La terminal de Katoen Natie atraviesa desde hace semanas un conflicto laboral por la negociación de un nuevo convenio colectivo y ha reclamado medidas al gobierno ante las sucesivas paralizaciones de la operativa. TCP maneja aproximadamente el 70% de la carga de contenedores del puerto de Montevideo, por lo que cualquier interrupción repercute rápidamente sobre el comercio exterior.
El temor a un nuevo conflicto jurídico
Más allá de los méritos económicos de la propuesta de Neltume, el Ejecutivo deberá evaluar un problema jurídico de fondo. El contrato firmado con Katoen Natie fue presentado en su momento como un acuerdo que otorgaba a TCP determinadas condiciones preferenciales para la operación especializada de contenedores.
Por eso, habilitar una segunda terminal con características similares podría generar una controversia sobre si el Estado está alterando las condiciones que sustentaron la extensión de la concesión.
El actual gobierno conoce especialmente bien ese debate. Cuando estaba en la oposición, el Frente Amplio cuestionó duramente el acuerdo alcanzado con Katoen Natie, denunció que restringía la competencia en el puerto y promovió acciones políticas y judiciales contra la decisión del gobierno anterior.
Montecon, por su parte, también recorrió vías administrativas e internacionales contra el esquema vigente. Neltume Ports y ATCO, accionistas de Montecon, iniciaron arbitrajes contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La paradoja es evidente: el Frente Amplio llega ahora al gobierno después de haber cuestionado aquel contrato, pero cualquier intento de modificar de hecho el escenario competitivo debe realizarse sin exponer al Estado a nuevas reclamaciones.
La competencia vuelve al centro del debate
Neltume sostiene que una segunda terminal especializada permitiría recuperar competencia dentro del puerto. Ese fue precisamente uno de los principales cuestionamientos formulados durante los últimos años al esquema vigente.
Montecon continuó operando contenedores en los muelles públicos, pero en condiciones diferentes a las de TCP, y denunció reiteradamente que las reglas establecidas después del acuerdo con Katoen Natie favorecían a la terminal especializada.
La nueva propuesta intenta modificar ese escenario con una infraestructura propia y de gran escala. De concretarse, Montevideo pasaría a contar con dos terminales especializadas capaces de competir directamente por el movimiento de contenedores, tanto de carga nacional como regional y de tránsito.
Eso podría introducir presión sobre tarifas, servicios e inversiones, pero también podría provocar un choque con los derechos contractuales que Katoen Natie sostiene haber adquirido.
Una inversión de gran escala
El monto anunciado convierte al proyecto en una de las iniciativas privadas más relevantes que tiene hoy sobre la mesa el gobierno. Los US$ 900 millones planteados por Neltume superan ampliamente la inversión originalmente manejada y colocan la propuesta en una escala estratégica para la infraestructura portuaria uruguaya.
La empresa argumenta que la nueva terminal permitiría aumentar la capacidad de Montevideo como hub regional, captar mayor volumen de transbordo y mejorar la posición del puerto frente a sus competidores del Atlántico Sur. También proyecta la creación de aproximadamente 1.800 puestos de trabajo asociados a la construcción y operación.
Pero el gobierno no deberá analizar solamente el volumen de la inversión. Tendrá que estudiar la localización de la nueva terminal, su encaje dentro del plan maestro portuario, los accesos marítimos y terrestres, la utilización de áreas públicas y, especialmente, su compatibilidad con los compromisos asumidos previamente por el Estado.
El contrato de Katoen Natie vuelve a escena
El acuerdo con Katoen Natie ha sido uno de los asuntos portuarios más controvertidos de los últimos años. Durante el gobierno de Lacalle Pou se extendió la concesión de TCP y se acordaron inversiones de largo plazo para ampliar y modernizar la terminal.
El Frente Amplio sostuvo entonces que el acuerdo debilitaba la competencia y concedía ventajas excesivas a la empresa belga. Ahora la administración de Orsi se encuentra ante un dilema mucho más complejo que el que enfrentaba desde la oposición.
Puede considerar deseable una mayor competencia en el puerto, pero al mismo tiempo debe preservar la seguridad jurídica del Estado y evitar una controversia contractual o internacional de alto costo. Ese equilibrio será central en la evaluación de la propuesta de Neltume.
Dos conflictos superpuestos
La discusión llega además cuando la relación con TCP ya atraviesa otro foco de tensión. La terminal mantiene un prolongado conflicto con sus trabajadores por el convenio colectivo.
La empresa llegó incluso a anunciar que solicitaría formalmente la declaración de esencialidad debido a las restricciones generadas por las medidas sindicales.
El Ministerio de Trabajo dio un plazo de 72 horas para intentar cerrar un acuerdo y reconoció que subsisten varios puntos relevantes sin resolver. Por tanto, el gobierno enfrenta simultáneamente dos asuntos vinculados a Katoen Natie: uno laboral, referido a la continuidad de la operativa de TCP, y otro estratégico, relacionado con el futuro esquema de competencia dentro del puerto.
El desafío para el gobierno
La propuesta de Neltume obliga al Ejecutivo a definir algo más profundo que la conveniencia de una inversión. La pregunta es qué modelo portuario quiere Uruguay para las próximas décadas.
Una segunda terminal puede aumentar la competencia y atraer inversiones, pero también puede generar un litigio si Katoen Natie entiende que vulnera los derechos establecidos en su contrato. Rechazarla únicamente por ese riesgo, en cambio, podría consolidar el esquema que el propio Frente Amplio cuestionó durante años.
El gobierno deberá entonces compatibilizar tres objetivos difíciles de conciliar: atraer una inversión de US$ 900 millones, recuperar competencia en la operación de contenedores y evitar que el Estado ingrese en un nuevo conflicto jurídico con Katoen Natie.
La nueva terminal todavía es apenas una propuesta. Pero su sola presentación ya consiguió algo: volver a colocar el contrato con Katoen Natie en el centro de la discusión sobre el futuro del puerto de Montevideo.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
