Decreto ambiental bloquea accesos al megaproyecto de Costantini en Bañados de Carrasco
22.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) - La protección de 1.485 hectáreas de humedales impide construir los accesos previstos para una urbanización de US$ 1.248 millones. La Intendencia suspendió su estudio.
El megaproyecto inmobiliario impulsado por el empresario argentino Eduardo Costantini en Bañados de Carrasco enfrenta un nuevo obstáculo, esta vez de carácter ambiental y jurídico: el decreto del Poder Ejecutivo que protege 1.485 hectáreas de humedales impide, según los trazados presentados, construir las conexiones viales que sus promotores consideran indispensables para desarrollar la urbanización.
La situación se suma a la decisión de la Intendencia de Montevideo, encabezada por Mario Bergara, de suspender el tratamiento del emprendimiento y abrir un proceso de planificación territorial que se extenderá aproximadamente un año.
La iniciativa, promovida por el consorcio Bislun, contempla transformar 228 hectáreas en un nuevo barrio con unas 3.000 viviendas, espacios comerciales, áreas verdes y servicios, mediante una inversión estimada en US$ 1.248 millones durante 15 años.
El problema no está en las viviendas, sino en los accesos
La mayor parte de las 228 hectáreas previstas para la urbanización se encuentra fuera de la superficie declarada ambientalmente protegida. Una porción del extremo este sí queda comprendida dentro del humedal, pero los desarrolladores han señalado que allí proyectan instalar un parque público destinado a preservar el ecosistema.
El conflicto principal aparece en la infraestructura vial. El arquitecto Federico Berbejillo, asesor del consorcio Bislun, explicó ante la Junta Departamental de Montevideo, el pasado 27 de julio, que la viabilidad del nuevo barrio depende de una conexión hacia el sur de la ciudad.
La primera etapa de las obras previstas uniría la avenida Punta de Rieles con Camino Servando Gómez, estableciendo una conexión entre la zona de la cárcel de Punta de Rieles y el asentamiento Santa Eugenia. Se trataría de una obra pública financiada con recursos privados, que permitiría habilitar uno de los principales accesos al futuro desarrollo.
Sin embargo, una parte considerable del trazado atraviesa terrenos incluidos en el área ambientalmente protegida. El proyecto contempla intervenir un camino de tierra existente y construir nuevos tramos de circulación en sectores donde actualmente hay vegetación y un canal desecado.
Una segunda conexión también comprometida
La segunda etapa prevista por los promotores presenta dificultades similares. El trazado proyectado continuaría desde Camino Servando Gómez hasta Avenida a la Playa, bordeando el Parque Roosevelt y atravesando el arroyo Carrasco mediante un nuevo puente.
La conexión permitiría vincular la urbanización con el sur del área metropolitana y mejorar su accesibilidad. Pero buena parte de ese recorrido también se encuentra dentro del humedal protegido. En consecuencia, las dos obras viales previstas por el consorcio resultan incompatibles, en sus trazados actuales, con las restricciones ambientales establecidas por el Poder Ejecutivo.
Esto no implica necesariamente la cancelación definitiva del emprendimiento, pero obliga a sus promotores a estudiar alternativas que respeten la nueva normativa.
Un decreto que protege 1.485 hectáreas
La decisión del gobierno amplió considerablemente la superficie de protección ambiental de los Bañados de Carrasco. El área finalmente delimitada comprende 1.485 hectáreas distribuidas entre Montevideo y Canelones, unas 548 hectáreas más que las consideradas en la propuesta inicial.
La ampliación también permite una mayor continuidad territorial del ecosistema protegido, evitando que la preservación se limite a fragmentos aislados. La normativa aplicable prohíbe la desecación y el drenaje de los humedales, así como las obras que puedan provocar alteraciones significativas en su funcionamiento.
Entre las intervenciones expresamente comprendidas figuran los rellenos, la construcción de canales, la caminería y las obras que modifiquen el régimen hidrológico o afecten la vegetación natural. Por tanto, la construcción de nuevas calles dentro del área protegida no puede considerarse una simple cuestión de infraestructura urbana.
Una polémica que llegó al gobierno
La protección de los Bañados de Carrasco estuvo precedida por una controversia política. Inicialmente, el Ministerio de Ambiente había excluido esa zona del listado de humedales protegidos, pese a que informes técnicos recomendaban su incorporación.
La decisión generó cuestionamientos, especialmente porque coincidía con la discusión del megaproyecto inmobiliario. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo que la exclusión respondía a la necesidad de profundizar el análisis y coordinar acciones con las intendencias de Montevideo y Canelones.
Posteriormente, anunció la incorporación de los bañados al régimen de protección ambiental, con una superficie incluso mayor que la propuesta originalmente. Ortuño rechazó que las decisiones de su cartera hubieran estado condicionadas por el emprendimiento privado y aseguró que el proyecto urbanístico nunca había sido objeto de evaluación por parte del ministerio.
Bergara suspendió el tratamiento del emprendimiento
La Intendencia de Montevideo también modificó su posición institucional frente al proyecto. Después de mantener conversaciones con la Mesa Departamental del Frente Amplio, el intendente Mario Bergara anunció que solicitaría a la Junta Departamental dejar en suspenso el tratamiento de la iniciativa.
La decisión respondió a la necesidad de evaluar las consecuencias del decreto ambiental y ampliar la participación en la discusión sobre el futuro del territorio. La comuna promoverá un Plan Parcial que abarcará no solamente las 228 hectáreas involucradas en la propuesta inmobiliaria, sino también un área territorial más extensa.
El procedimiento permitirá estudiar los usos del suelo, las condiciones ambientales, la infraestructura, las necesidades sociales y las posibilidades de desarrollo urbano.
La iniciativa de Costantini había generado diferencias dentro del Frente Amplio. Mientras algunos sectores respaldaban la posibilidad de atraer inversiones y desarrollar una zona históricamente postergada, otros cuestionaban los riesgos ambientales y el impacto de una urbanización de gran escala.
Una inversión millonaria frente a los límites ambientales
Los promotores del emprendimiento sostienen que la urbanización permitiría recuperar una zona degradada, generar actividad económica, crear espacios públicos y mejorar la infraestructura de los barrios cercanos.
Los sectores críticos advierten, por su parte, sobre la alteración del ecosistema, los riesgos asociados al régimen de inundaciones y la transformación del uso del suelo en una zona ambientalmente sensible.
La controversia plantea una discusión que trasciende el proyecto de Costantini: cómo compatibilizar las inversiones inmobiliarias y el crecimiento urbano con la preservación de ecosistemas que cumplen funciones esenciales para el territorio. En este caso, la dificultad adquirió una dimensión concreta.
El emprendimiento no está formalmente descartado, pero sus accesos principales, tal como fueron proyectados, atraviesan terrenos donde la normativa ambiental restringe la construcción de caminería.
A la suspensión del tratamiento político se suma así un obstáculo que los desarrolladores deberán resolver antes de que pueda avanzar cualquier autorización urbanística.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
