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Nicolás Suma: el delincuente radicado en Paraguay señalado detrás de la Operación Trazador
30.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El nombre de Federico Nicolás Suma Britos, conocido como “Nico”, apareció en una de las nuevas líneas de investigación de la Operación Trazador, que busca reconstruir el origen y el recorrido del dinero procedente del narcotráfico.
Suma, un uruguayo radicado desde hace años en Paraguay, es señalado por los investigadores como responsable de una organización dedicada a enviar cocaína hacia Uruguay.
De acuerdo con la información difundida por Montevideo Portal y confirmada por Telenoche, Pablo Leiva integraba el circuito financiero de esa estructura y tenía como cometido introducir en la economía formal dinero obtenido mediante la comercialización de drogas.
Leiva, exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Su participación en el caso fue informada por UyPress en la nota sobre las detenciones y condenas derivadas de la Operación Trazador.
La Fiscalía especializada en Lavado de Activos abrió posteriormente una nueva causa para investigar el funcionamiento del circuito, las personas que impartían las instrucciones y los establecimientos utilizados para realizar las operaciones.
De las rapiñas al narcotráfico
El vínculo atribuido a Suma con el narcotráfico regional representa una nueva etapa dentro de un historial delictivo que comenzó varias décadas atrás.
Su nombre adquirió notoriedad pública en diciembre de 2003, cuando se fugó del entonces Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, conocido como Comcar.
Suma se encontraba recluido desde marzo de 2001 en el módulo XIII y trabajaba en el taller de chapa y pintura del establecimiento. Aprovechó el ingreso de una camioneta para reparación y escapó oculto dentro del vehículo.
Las crónicas policiales de la época señalaron que huyó posteriormente hacia Brasil, donde fue detenido y volvió a escapar de un establecimiento penitenciario del estado de Santa Catarina.
Después de regresar a Uruguay, se vinculó con una organización que sus propios integrantes denominaban la “Superbanda”, dedicada a cometer rapiñas y copamientos contra viviendas y establecimientos comerciales.
La Policía le atribuyó la participación en numerosos asaltos ocurridos principalmente entre 2008 y 2010.
Copamientos en Pocitos
Suma fue detenido nuevamente en enero de 2010 mientras participaba en el copamiento de una vivienda de Pocitos.
Los investigadores estimaban que, durante el período en que permaneció prófugo, había intervenido en aproximadamente una docena de delitos contra viviendas y comercios.
La organización estudiaba previamente sus objetivos, robaba vehículos para utilizarlos durante los asaltos y los abandonaba a pocas cuadras de los lugares atacados.
Las investigaciones de aquella época describieron un aumento progresivo de la violencia empleada por el grupo.
Durante el asalto a un supermercado situado en la zona de Luis Alberto de Herrera y Arrieta, un guardia de seguridad fue baleado dos veces por la espalda. En otros atracos se efectuaron disparos contra las víctimas.
Suma fue procesado por rapiñas especialmente agravadas y delitos de homicidio en grado de tentativa, según las crónicas judiciales publicadas entonces.
Una organización con base en Paraguay
En los últimos años, Suma habría trasladado su centro de operaciones a Paraguay y establecido vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico regional de cocaína.
La hipótesis policial indica que desde ese país coordinaba cargamentos destinados a Uruguay. Parte de la droga era comercializada directamente como cocaína, mientras otra porción era utilizada para producir pasta base destinada al mercado interno.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas habría interceptado durante los últimos meses varios cargamentos atribuidos a esa estructura.
Las fuentes periodísticas consultadas lo identifican como responsable de la organización, pero hasta el momento no se divulgó una resolución judicial correspondiente a la nueva causa que formalice esa atribución.
La determinación de su responsabilidad actual corresponderá a la Fiscalía y a la Justicia a partir de las pruebas obtenidas durante la investigación.
El papel atribuido a Pablo Leiva
La Operación Trazador permitió incautar 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, además de dinero, armas, municiones y vehículos.
La investigación comenzó sobre Henry Latorre, identificado como responsable del almacenamiento de las drogas. Las vigilancias policiales permitieron observar entregas de paquetes y dinero a Pablo Leiva.
Durante el allanamiento al domicilio de Leiva fueron encontrados casi tres millones de pesos en efectivo, anotaciones y dispositivos electrónicos.
Según sostuvo la Fiscalía durante la audiencia, Leiva recibía dinero con conocimiento de que procedía del narcotráfico y tenía como función introducirlo en el circuito económico formal.
La información conocida posteriormente indica que Leiva no mantenía contacto directo con los estupefacientes. Recibía mediante WhatsApp instrucciones de un hombre señalado como tesorero de Cambio Monex y registraba parte de las operaciones en una cuadernola encontrada en su vivienda.
El Banco Central del Uruguay, mediante la Unidad de Información y Análisis Financiero, inició actuaciones para conocer la operativa de la casa de cambio, los montos involucrados y las funciones del empleado mencionado.
La existencia de una investigación no implica responsabilidad penal de la empresa ni de sus restantes directivos o trabajadores.
La ruta del dinero
La condena de Leiva mediante un proceso abreviado no terminó con la investigación sobre la estructura financiera.
El fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez recibió nueva información de los equipos policiales que participaron en Trazador y resolvió abrir una causa separada. UyPress informó sobre esta nueva etapa en la nota “Ruta del dinero narco: bajo la lupa el local de la esposa de Gandini”.
La investigación procura determinar quién entregaba las instrucciones, cómo circulaba el dinero, qué establecimientos fueron utilizados y si existieron otras personas encargadas de fragmentar, cambiar o ingresar los fondos al sistema formal.
Entre los movimientos examinados aparecen operaciones en casas de cambio y centros de cobranzas. Uno de los establecimientos mencionados es una agencia de Abitab propiedad de Laura Scalabrino, esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini.
Esa línea de investigación había sido adelantada por UyPress al informar que un local de cobranzas vinculado a la esposa de Gandini era investigado por su posible utilización para lavar dinero.
Gandini negó cualquier irregularidad y sostuvo que Leiva concurría al local como cliente. Hasta el momento no se informó que el dirigente, su esposa o los empleados del establecimiento hayan sido imputados.
Esa línea de investigación es diferente de la vinculada con Cambio Monex, cuyo tesorero habría mantenido comunicaciones con Leiva, según la información surgida de los dispositivos incautados.
De una incautación a una estructura regional
La aparición del nombre de Suma amplía la dimensión de la Operación Trazador.
El expediente ya no se limita a la droga encontrada en una vivienda de Brazo Oriental ni a la función cumplida por las personas condenadas en Uruguay.
La nueva hipótesis conecta el cargamento con una estructura regional que operaría desde Paraguay, enviaría cocaína hacia el mercado uruguayo y utilizaría intermediarios para incorporar el dinero obtenido al circuito económico legal.
Los antecedentes de Suma muestran una trayectoria que habría comenzado con rapiñas y copamientos, continuado con fugas penitenciarias y evolucionado hacia operaciones de narcotráfico transnacional.
La Fiscalía deberá determinar ahora si los mensajes, anotaciones y movimientos financieros permiten acreditar esa estructura, establecer la función de sus integrantes y reconstruir el recorrido completo del dinero.
Imagen: Portal Ministerio del Interior Uruguay
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
