UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.08.2026

Hay una forma sencilla de medir la distancia entre la izquierda que alguna vez imaginó el Frente Amplio y la izquierda que hoy gobierna: mirar hacia afuera.

No porque la política exterior sea un asunto separado de la política nacional, sino exactamente por lo contrario. La manera en que un país se relaciona con las grandes potencias, negocia sus acuerdos comerciales, construye alianzas regionales y defiende sus márgenes de autonomía dice mucho acerca de la concepción de país que tiene un gobierno.

Y en este terreno aparece una pregunta incómoda para el gobierno del Frente Amplio encabezado por Yamandú Orsi: ¿cuánto cambió realmente la política exterior uruguaya con el regreso de la izquierda al gobierno?. La respuesta parece bastante menos contundente que el cambio político anunciado en 2024. Después de cinco años de una administración de derecha que profundizó la apertura económica, buscó nuevos mercados y otorgó un lugar relevante a la relación con Estados Unidos, Orsi modificó el tono, el lenguaje, reivindicó nuevamente la integración regional y recuperó una diplomacia más tradicionalmente asociada al progresismo uruguayo. Pero entre cambiar el tono y cambiar la orientación existe una distancia.

Uruguay continúa siendo un país pequeño que necesita vender, atraer inversiones, acceder a mercados y mantener buenas relaciones con los grandes centros de poder. Eso no es una opción ideológica: es una condición estructural. Precisamente por eso la política exterior importa tanto.

La autonomía no significa aislarse del mundo. Significa tener capacidad de decisión dentro de un mundo en el que otros países tienen mucho más poder que nosotros. Y esa diferencia parece haberse ido perdiendo en buena parte del discurso progresista contemporáneo.

Estados Unidos y China: la política de no elegir

La relación con Estados Unidos y China resume buena parte del dilema. Washington continúa siendo una potencia decisiva para el sistema internacional y para la región. China, por su parte, se convirtió en un socio comercial fundamental para Uruguay y en uno de los principales actores económicos de América Latina.

La izquierda uruguaya no puede resolver esta realidad mediante una adhesión automática a uno u otro polo. Pero tampoco debería limitarse a administrar la competencia entre ambos.

Ahí vuelve a ser útil Arismendi. Su pensamiento latinoamericanista partía de una premisa que hoy parece antigua, pero que conserva actualidad: un país periférico no puede construir soberanía individualmente al margen de su región. La unidad latinoamericana aparecía como una condición para ampliar la capacidad de decisión de países que, por separado, tienen un margen de maniobra mucho menor. La propia producción de Arismendi sobre América Latina está atravesada por esa preocupación.

La pregunta actual, entonces, no debería ser si Uruguay está "con Estados Unidos" o "con China". Debería ser otra: ¿Qué puede hacer Uruguay para que su relación con ambos aumente, en lugar de reducir, su autonomía?

Aquí aparece el Mercosur. Durante años, una parte del debate político uruguayo presentó al bloque como una estructura que limitaba las posibilidades del país. La tentación de negociar bilateralmente con grandes economías tiene una lógica evidente: un país pequeño puede imaginar que obtiene más libertad si se desprende de las restricciones regionales.

Pero la libertad formal de negociar no equivale necesariamente a poder real para negociar. Un Uruguay aislado puede firmar acuerdos. Otra cosa es qué capacidad tiene para imponer condiciones cuando negocia con economías infinitamente mayores.

Por eso la integración regional no debería ser concebida como una consigna diplomática ni como una reliquia del progresismo latinoamericano. Debería ser pensada como una herramienta de poder.

Gramsci resulta nuevamente pertinente aquí, aunque la escala sea distinta. Su concepción de la hegemonía permite comprender que el poder no reside solamente en la fuerza material de un actor, sino también en su capacidad para articular alianzas, construir bloques y organizar voluntades alrededor de una dirección política. Trasladado al terreno internacional, el razonamiento es evidente: los países pequeños tienen más posibilidades de defender sus intereses cuando logran construir espacios colectivos de negociación.

La autonomía no es aislamiento. Es capacidad de alianza.

El problema del pragmatismo

El Frente Amplio tiene una larga tradición de política exterior que combinó pragmatismo y principios. No siempre fue coherente, ni estuvo exenta de contradicciones. Pero existía una idea reconocible: Uruguay debía preservar márgenes de autonomía y evitar quedar subordinado a las decisiones de una potencia.

Hoy el riesgo es que el pragmatismo sobreviva sin la estrategia. Relacionarse con Estados Unidos es necesario. Relacionarse con China también. Mantener vínculos con Europa es conveniente. Profundizar el Mercosur es importante. Buscar mercados en todas partes es razonable.

Pero una política exterior construida exclusivamente a partir de la lista de conveniencias termina pareciéndose a una política comercial. Y la política exterior es algo más. También expresa una idea de soberanía.

La pregunta ineludible sería: ¿Qué país quiere ser Uruguay?. Aquí la cuestión vuelve a conectarse con las columnas anteriores.

Si en economía el gobierno de Orsi busca atraer inversión sin discutir suficientemente qué modelo productivo quiere construir; si en política interna privilegia la gestión sobre el conflicto; y si en política exterior entiende el mundo fundamentalmente como un conjunto de mercados y oportunidades de inversión, las tres dimensiones empiezan a formar una misma figura.

No estamos ante decisiones aisladas. Estamos ante una concepción del gobierno. El país aparece como una economía pequeña que debe ser competitiva, confiable, estable y atractiva para el capital. Todo eso puede ser necesario. Pero todavía falta responder una pregunta más ambiciosa: ¿competitiva para producir qué, integrada para construir qué y abierta al mundo para alcanzar qué proyecto nacional?.

La izquierda debería ser particularmente cuidadosa con esa pregunta porque su tradición histórica no nació para celebrar la inserción internacional como un fin en sí mismo. Nació para discutir sus condiciones.

Hay, además, una dimensión que suele olvidarse. No existe verdadera autonomía internacional si el país carece de autonomía económica, tecnológica, energética y productiva.

La política exterior no puede compensar indefinidamente las debilidades estructurales de la economía nacional. Por eso la discusión sobre China, Estados Unidos o Mercosur debería conectarse con preguntas mucho más domésticas: qué producimos, qué conocimiento desarrollamos, cuánto valor agregado generamos, qué lugar ocupan nuestros trabajadores, qué capacidad tenemos de decidir sobre nuestros recursos y cuánto dependemos de capitales externos para financiar nuestro desarrollo.

En otras palabras: la política exterior empieza también en la política económica.

Y aquí las columnas vuelven a encontrarse. La primera preguntaba si una izquierda puede transformar el país apoyándose en el mismo poder económico de siempre. La segunda interrogaba quién toma realmente las decisiones cuando la política es desplazada por la tecnocracia. La tercera planteó qué sucede cuando la moderación deja de ser una táctica y se convierte en identidad.

Ahora aparece la consecuencia internacional de esa misma lógica: Una izquierda sin brújula. El problema no sería que el Frente Amplio haya abandonado una determinada alineación internacional. Tampoco que haya elegido relacionarse con Estados Unidos, China o Europa.

El problema sería mucho más profundo: que haya dejado de discutir desde qué lugar Uruguay debería relacionarse con ellos. Volvamos, pues, a las referencias ideológicas.

Arismendi pensaba la política latinoamericana desde la necesidad de ampliar la soberanía de los pueblos y de construir condiciones regionales para que esa soberanía fuera posible.

Gramsci, desde otra perspectiva, enseñó que ningún proyecto político se sostiene solamente por sus declaraciones: necesita construir fuerzas sociales, alianzas y una concepción del mundo capaz de convertirse en dirección política.

Eso vale también para la política exterior. Uruguay no necesita una diplomacia grandilocuente. Necesita una diplomacia con estrategia.

Una estrategia que permita comerciar con China sin depender de China; mantener una relación madura con Estados Unidos sin subordinarse a Washington; participar del Mercosur sin convertirlo en una camisa de fuerza; atraer inversiones sin entregar capacidad de decisión; y construir vínculos regionales que aumenten, y no reduzcan, los márgenes de soberanía.

Eso sería una política exterior de izquierda. No porque tenga que ser antiestadounidense, antichina o anticapitalista en cada comunicado. Sino porque debería preguntarse permanentemente qué intereses nacionales, sociales y regionales está defendiendo.

Y entonces llegamos al punto en que hasta ahora nos hemos preguntado por el poder económico, por los técnicos que gobiernan, por la moderación como identidad y por la política exterior.

La pregunta que queda ya no es sobre una política determinada. Es sobre el propio Frente Amplio. Porque si el poder económico no se disputa, si la política se tecnocratiza, si la moderación se transforma en horizonte y si la autonomía internacional se reduce a administrar vínculos con las grandes potencias, entonces hay una cuestión que ya no puede ser esquivada y trataremos en la próxima: ¿qué queda del proyecto histórico del Frente Amplio?